CANCÚN.- Mientras el Congreso del Estado mantiene pendiente el dictamen de la reforma que busca convertir a los prestadores de servicios de hospedaje en intermediarios del cobro del Visitax a turistas extranjeros, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano aseguró que se mantiene a la espera de la definición que adopte el Poder Ejecutivo estatal, al tiempo que reiteró su rechazo a dicha medida.
El organismo empresarial informó que sostendrían una reunión con la gobernadora del Estado, con el objetivo de definir el mecanismo de cobro de este derecho, en tanto que en el Poder Legislativo continúa sin resolverse la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos que contempla la propuesta.
El análisis y dictamen sobre la retención del Visitax a través de los servicios de hospedaje fue pospuesto para el lunes, e incluso el tema no fue abordado por la Secretaría de Finanzas y Planeación durante la presentación del Paquete Económico 2026 ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, realizada el miércoles.
La definición del esquema de cobro tiene un impacto financiero estimado en alrededor de 3 mil millones de pesos, razón por la cual el estudio y dictamen de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado para 2026 también se aplazó hasta que se resuelva el tema del Visitax. Ambos instrumentos están programados para su aprobación el lunes 15 de diciembre.
El efecto presupuestal se explica porque el proyecto de ingresos contempla una recaudación de 4 mil 300 millones de pesos por derechos de uso y aprovechamiento de bienes de dominio público del estado, rubro que incluye tanto el Derecho a Cruceristas, del cual se prevé captar mil 100 millones de pesos, como el Visitax. La mayor parte de ese monto correspondería a este último, bajo el esquema de retención en centros de hospedaje.
En caso de que se mantenga el sistema actual de cobro directo mediante módulos o plataformas digitales, la recaudación se reduciría a cerca del 13 por ciento de los aproximadamente 3 mil millones de pesos proyectados, lo que obligaría a ajustar la planeación del gasto público estatal para el próximo año.
En un comunicado, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano señaló que ha sostenido reuniones de trabajo con funcionarios del gobierno estatal, con avances positivos, aunque subrayó que la decisión final recae en la gobernadora. En dichos encuentros, insistieron en que los hoteleros y prestadores de servicios de hospedaje, particularmente los pequeños establecimientos, no pueden asumir el papel de agentes retenedores y enteradores del Visitax.
Entre los señalamientos a la propuesta, el organismo advirtió que el esquema genera desconfianza entre los visitantes internacionales, desgasta innecesariamente la experiencia de viaje y resta competitividad a los destinos del Caribe mexicano frente a otros con menor carga impositiva.
Asimismo, alertaron que dispersar la cobranza entre hoteles, plataformas y anfitriones incrementa el riesgo de cobros indebidos, confusión y conflictos con los turistas, además de que muchos pequeños hoteles y anfitriones carecen de la infraestructura y recursos necesarios para realizar esta tarea.
Añadieron que los prestadores de servicios turísticos no pueden incorporar nuevos cargos a tarifas internacionales pactadas con meses de anticipación, lo que vuelve operativamente inviable la medida, especialmente en reservaciones ya realizadas.
Otra de las críticas expuestas es que obligar a los hoteles a retener un derecho vinculado al uso de infraestructura pública, ajeno al servicio de hospedaje, implicaría una delegación indebida de funciones propias del gobierno estatal.
Finalmente, el Consejo Hotelero sostuvo que el cobro tiene visos de inconstitucionalidad, al ser similar a un derecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó recientemente al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, al considerar que se trataba de una contribución ambigua que generaba incertidumbre y abría la puerta a arbitrariedades.
Indicaron que los turistas que visitan Quintana Roo ya enfrentan una elevada carga fiscal, que incluye, además del Visitax, el Derecho de No Residente, la Tarifa de Uso Aeroportuario, el Impuesto al Hospedaje, el Derecho de Saneamiento Ambiental —que algunos municipios cobran por turista y otros por habitación—, así como los derechos por el acceso a áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas, estas últimas con incrementos de más del doble previstos para el próximo año.
Fuente: Cambio22