CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) acumuló 19 renuncias de mandos altos y medios en medio de las investigaciones sobre sus proveedores y los señalamientos de posibles conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei. Paralelamente, la presidencia provisional analiza si corresponde presentar denuncias penales o administrativas.
Las salidas forman parte del relevo que comenzó el domingo 25 de octubre, después de que Taddei anunciara que presentaría su renuncia al día siguiente. El recuento incluye nuevas dimisiones registradas desde el jueves, además de las de tres directores ejecutivos y personal de confianza de la Presidencia.
Entre quienes dejaron sus cargos figuran Juan Manuel Vázquez, de la Dirección Jurídica; Pablo Chirinos, de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales; Iliana Araceli Hernández, de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Achar, de Informática, y Sergio Uzeta, de Comunicación Social.
También se reportó la renuncia de Alfonso Burciaga, director de Materiales y Suministros de la Dirección de Administración.
El reacomodo ocurre después de que se conociera una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre proveedores del instituto y presuntos vínculos entre uno de sus principales contratistas y Taddei. Las posibles responsabilidades permanecen sujetas a las investigaciones.
La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que el Consejo General revisa sus atribuciones para establecer una ruta jurídica ante las presuntas anomalías. Entre las opciones se encuentran interponer denuncias o dar vista a las autoridades fiscalizadoras.
Después de una reunión con los consejeros la semana pasada, aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre la presentación de querellas, pues el área jurídica debe precisar las obligaciones y facultades del organismo.
“Lo que estamos analizando es un delineado de acciones que tenemos que hacer”, señaló. Explicó que la revisión comprende los expedientes, la colaboración con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la posibilidad de comunicar preventivamente hechos a otras instancias.
Cruz García aseguró que el INE mantendrá la apertura y entrega de documentación al OIC y a la ASF, que tienen revisiones abiertas sobre licitaciones, adquisiciones de insumos electorales y servicios contratados con distintas empresas.
El análisis deberá definir las acciones del Consejo General y el eventual deslinde de responsabilidades por el ejercicio presupuestal de los últimos años, mientras continúan los cambios en direcciones ejecutivas y unidades técnicas.