Signos
El gran soberanismo presidencial progresista y sus defensores mediáticos y de opinión pública levantan la voz contra el injerencismo estadounidense antinarco en México y contra el espionaje que, dicen, vulnera las barreras constitucionales de la integridad del Estado nacional.
Pero ese purismo soberanista huele más a propaganda que a ingenuidad.
Como si no se supiera que el espionaje no tiene más límites que el de las conveniencias reguladas por los respectivos referentes legales de su institucionalidad, y que los acuerdos internacionales de Inteligencia son propios de formalidades de interés común.
Si el espionaje se atiene sólo a los parámetros de la norma de los países extranjeros o de los territorios hostiles o ajenos para infiltrar objetivos enemigos, pues muy pobres serán sus resultados.
Revisar los procesos del espionaje con criterios de decencia y de respeto es como mezclar la moral con la política y pretender que quienes viven de ella y su protagonismo priorizan, en efecto, por encima del suyo, el interés ajeno, y son más o menos nobles en la búsqueda y en las guerras del poder según su militancia y sus evangelizadoras y redundantes proclamas ideológicas defensoras del interés común. Es creer que en la demagogia, como en los protocolos diplomáticos sobre los límites del espionaje de las partes, se contiene la verdad histórica de la política.
Y entonces se denuncia a toda voz la persecución ‘americana’ contra delincuentes de la izquierda mexicana -que ha empezado con los cargos contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que pudieran repetirse contra otros, como el de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, socio de aquél y factor de su ascenso ilícito al poder-, lo mismo que el injerencismo antisoberanista en casos como el del operativo en Chihuahua contra instalaciones del ‘narco’ en que participaron espías ‘americanos’, como dos de la CIA que murieron, con otros dos policías estatales mexicanos, en un percance automovilístico posterior.
Y dentro de la lógica ética y pragmática más objetiva del interés público que debiera defender un régimen de Estado de la moral política e ideológica que diga practicar, ¿cuál es la postura más o menos condenable ante el injerencismo desde una óptica sin militancias?, ¿la de quien lo acepta para perseguir malandros indefendibles de la estirpe izquierdista de Rocha Moya, o la de quien lo combate para protegerlos? ¿Cuál, esa postura?
Porque entre las que deciden en el Estado mexicano no se advierte la alternativa, que sería la de quien se opone al injerencismo ilegal pero investiga la mínima sospecha sobre nexos entre representantes políticos y gobernantes con el crimen organizado, y procesa a todo aquél que desde las instituciones de Seguridad, las Fiscalías y los Tribunales de Justicia brindan impunidad a esa delincuencia política y a ese crimen organizado, y quien es capaz, asimismo, de admitir su impotencia para hacer justicia por cuenta propia, y suscribe una colaboración internacional para erradicar el mal.
Porque si no existe esa alternativa y si las injerencias ‘americanas’ son contra el narcoterror -porque la delincuencia política gobernante en México lo promueve, con todas las autoridades de los sistemas de Justicia a su favor y con la defensa misma del Gobierno federal como escudo de impunidad-, ¿a quién sirve más la defensa de la soberanía contra el injerencismo?, ¿a la delincuencia política y al crimen organizado, o a los ciudadanos indefensos frente a la ilegalidad, la violencia y la inseguridad que alienta un fallido Estado de derecho?
SM