Signos
La delincuencia política se divide entre la astuta y la cínica; la que sabe administrar la corrupción con apariencias eficaces y la que sólo es corrupta y vulgar.
¿Y la Presidenta sería corrupta?
Sí, lo sería: como cómplice que es de los jefes políticos delictivos de su partido y sus aliados, y por apelar a la retórica simplista y abundosa de la falta de pruebas en favor de ellos, o por desconocer las evidencias y las operaciones fraudulentas de los opositores, cuando abruman los testimonios de los negocios criminales obrados por unos y otros, empezando por los Gobernadores, aunque en los medios de opinión pública poco trasciendan los datos documentados de sus delitos (y tal es el crimen presidencial: saberlo y exigir que si no se cuenta con ellas se desista de las acusaciones mediáticas, cuando en casos mayores bien se sabe que nadie mejor que los aparatos oficiales de investigación pueden hacerlo y no se les ordena) porque como enseñara la célebre anécdota aquella del congresista revolucionario Luis Cabrera cuando acusó desde la tribuna parlamentaria a un adversario político de corrupto y el aludido le exigiese pruebas: lo acusaba de bandido, dijo, no de pendejo.
Y el caso es que mientras la Presidenta se ocupa de gestionar asuntos como el origen remoto de la corrupción en el Instituto Nacional Electoral o si las bandas del ‘narco’ son terroristas o si los tratos de funcionarios públicos mexicanos con la CIA constituyen delitos de traición a la patria y deben castigarse con mayor rigor que el de los sicarios más crueles, los Gobernadores -y todos quienes tienen posibilidad de hacerlo en sus entornos de poder, donde ellos sí saben a ciencia cierta quiénes lucran con sus investiduras y responsabilidades institucionales en cada uno de los Poderes republicanos a merced de su control político-, los Gobernadores hacen negocios privados desde su autoridad y ‘se despachan con la cuchara grande’ del erario y de cuanto trámite o aprobación dependa de ellos para incrementar su patrimonio personal a costa de los servicios y los bienes que deben proveer a sus gobernados, porque sus gobernados, en su inmensa mayoría, desconocen los mecanismos constitucionales y normativos que deben atajar la voracidad de sus gobernantes; del mismo modo que la ilegitimidad de unos y la complicidad de otros entre los legisladores y demás representantes populares y jefes ministeriales y jurisdiccionales que debieran contener o denunciar o castigar su excesos suelen ser, más bien, los principales factores de esa tragedia de impunidad que, en la omisión o la complicidad presidenciales -y en la irresponsabilidad de opositores que evaden la condición de denunciar y exhibir las pruebas que la Presidenta exige que sustenten las acusaciones-, favorece la legalización misma del crimen organizado al posibilitar la incursión cada día más franca y tolerada de personeros suyos en el poder político (y desde donde, caigan los sicarios y jefes gatilleros y extorsionadores que caigan por decisión federal, se mantendrá el ciclo de sus reemplazos y renovaciones al amparo de las autoridades locales).
El círculo de nunca acabar más fortalecido e invulnerable que nunca antes. Porque antes el Presidente podía administrar la corrupción y la delincuencia política y contenerla donde le conviniese porque contaba con colaboradores y equipos en todos los confines estatales y municipales para hacerlo, pero hoy día los negocios de la turbiedad se multiplican de manera incontenible en los Estados.
Obras y servicios se despliegan según el interés de Alcaldes y Gobernadores -y sobre todo los que cuentan con la venia o la impunidad presidenciales- sin que grupos políticos de oposición u organizaciones civiles o representantes ciudadanos reconocidos pidan cuentas y demanden información sobre los proyectos, o auditorías en su caso, de modo que se transparenten sus recursos y se justifiquen las inversiones, los responsables a contratar para ejecutarlas, y las prioridades y los valores de utilidad social de las mismas.
Ya en la capital quintanarroense, por ejemplo, en Chetumal -abandonada a su mala suerte y a su precarismo irremediable desde hace décadas y ahora más que nunca, cuando Cancún y su numerosa clientela electoral y su potencial de riqueza cuentan por sobre todas las cosas-, durante el Gobierno estatal de Joaquín Hendricks se elevó sobre la bahía un escultural ‘monumento al mestizaje’ de la autoría de un afamado artista, Sebastián, que acabó -el tal monumento- en un colosal mamotreto que el artista, que tanto cobró por ello -pero que se dijo estafado por incumplimiento del contrato-, terminó por no reconocer como obra suya y cuyo adefesio inservible sigue ahí, representando no más que la corrupción que, entre restauraciones y adecuaciones ocurridas durante cuatro periodos gubernamentales, ha sumado unos cuatrocientos millones de pesos, de los que absolutamente nadie se ha ocupado de informar, y mucho menos de castigar a los culpables de tan cuantioso delito.
¿Y la ‘restauración de la Avenida de Los Héroes’, en la que el Gobierno estatal de Beto Borge dijo haber gastado más de cien millones de pesos y -de acuerdo con lo conocido antes y después de la ‘magna obra’- el sentido común no podría calcular más de unos cuantos cientos de miles de esos pesos?
¿Y las obras magníficas del Bulevar Bahía a las que la administración -panista y perredista- de Carlos Joaquín destinara alrededor de trescientos millones?
¿Y el reguero de esculturas onomásticas y de ‘obras maestras’ de quién sabe quiénes que se convierten en escombros urbanos en la urbe fronteriza histórica fundada por el navegante tampiqueño tras fondear su pontón aduanero en la frondosa desembocadura del Río Hondo en el porfírico amanecer del siglo veinte?
¿Serán de esa estirpe presupuestaria los proyectos, también capitalinos, del Barrio Mágico y de la Avenida Insurgentes, de cientos y cientos de millones, y terminarán costando menos, en efecto, que los ‘moches’ mensuales de los Alcaldes caribes con el Niño Verde, que los sobrecostos y las comisiones ‘bajo la mesa’ de las obras y los servicios públicos de Playa del Carmen y Municipios turísticos vecinos y deficiatarios, y que la sede residencial cancunense, los negocios familiares y los lujosos vuelos internacionales de placer de la Gobernadora?
¿No sería de enorme utilidad para los partidos y grupos y dirigentes políticos opositores hurgar en los sistemas de contraloría y anticorrupción -que, como el electoral, nunca han servido sino para legitimar la sordidez gobernante, puesto que nunca han ido a la cárcel los grandes ‘peces gordos’ de la delincuencia política gracias a esas tribunas de la decencia- y en los indicios de potenciales causas ministeriales y en los antecedentes ominosos de los gobernantes y representantes populares de la Regeneración Nacional para documentar campañas propias de propaganda, con causas justas y vindicativas?
Porque no parece haber alternativas de Gobierno y de representación popular con pruebas reales -como las que reclama en su oratoria circular y de complicidad con sus correligionarios verdemorenistas, la Presidenta de la República- de la estulticia del adversario hegemónico y defensor de la redención moral de la vida pública. También redundan en la nadería proselitista y en las acusaciones de corrupción sin evidencias ni testimonios ni ‘los pelos de la burra en la mano’.
Y así, entre un electorado agarrado de los fondos del Bienestar y una oposición dormida en la indolencia y el desinterés, la delincuencia organizada sigue ganando terreno en los negocios del poder político al amparo de las complicidades presidenciales y de la absoluta ceguera ciudadana entre el estercolero de los inservibles sistemas de la transparencia y la anticorrupción.
Y así, en estas frondas malolientes de la democracia ya no sólo no se advierten las diferencias ideológicas entre los grupos gobernantes y los opositores. Sino que los segundos, atrapados en las denuncias sólo retóricas y ‘sin pruebas’ contra sus presuntos enemigos, terminan siendo no más que sus insignificantes y descoloridos teloneros.
Miles y miles de millones saqueados en Entidades Federativas sobradamente rentables, como la del Caribe, pero maldecidas por problemas que requieren de liderazgos visionarios y padecen, en cambio, de truhanes que son postulados para desmantelarlas y que consumen más recursos para su promoción personal y su comunicación social amiga que para su desarrollo y su justicia social, y donde no hay contrapesos de oposiciones políticas, sectores populares decisivos y medios de información y de opinión críticos.
Y por eso los demonios de la regeneración moral andan sueltos sin hacerle caso a nadie o, cuando mucho en Quintana Roo, al muy morenista Niño Verde.
SM