>Se tienen 65 de 148 candidaturas a los juzgados de primera instancia que son de jueces y juezas que están en funciones, con 44 que tienen segura la continuidad por estar en la lista del Poder Ejecutivo
>Al Ejecutivo también le tocó registrar las candidaturas de recomendaciones y vínculos con grupos políticos y económicos del norte de la entidad
>Destacan el sobrino de un exgobernador priista de Veracruz, una exdiputada local, el hijo de una regidora, así como abogados vinculados al sector inmobiliario y notarías, y uno cuestionado por presuntas relaciones con actividades delictivas
>Apenas 16 personas con carrera judicial ascenderán a jueces y juezas
Por Francisco Hernández
CHETUMAL, 28 de mayo.- La elección del Poder Judicial de Quintana Roo, cuya votación será el próximo domingo 1 de junio, tiene como característica principal que a los electores se les impide elegir entre los candidatos y candidatas de manera individual, porque tendrán que marcar por una lista en las boletas, pero también que las opciones que tendría enfrente están formadas por una mayoría de jueces y juezas actualmente en funciones y recomendados de grupos políticos y económicos de la zona norte, junto con empleados del gobierno del estado.
Conforme a investigaciones realizadas en sus currículums, resulta que 65 de los 148 candidatos y candidatas a jueces y juezas, el 44 % del total, actualmente ejercen el mismo cargo al que aspiran, sin que en las boletas aparezcan identificados por separado como Jueces en Funciones, a pesar de que así lo establece la reforma a la Constitución Política del Estado que instauró la elección del Poder Judicial.
Lo anterior se debe a que el Consejo de la Judicatura del Estado, encabezado por Heyden Cebada Rivas, omitió intencionalmente presentar la lista de los jueces y juezas en funciones que aceptaron participar en la elección, y el Comité de Evaluación del Poder Judicial los inscribió como si fueran aspirantes realmente externos, abultando de esta forma la lista de candidaturas que registró.
Pero no sólo instaron a que los jueces en funciones se inscribieran allí, porque los que el magistrado presidente del Poder Judicial quiere que permanezcan en sus cargos también fueron inscritos como candidatos y candidatas del Poder Ejecutivo, y en algunos casos, de los tres poderes en conjunto, mientras que los que quiere despedir después de la elección aparecen sólo en su lista y/o en la del Legislativo.
Mientras tanto, al Poder Ejecutivo le tocó la tarea de promover las candidaturas de pagos de favores a grupos políticos y económicos, como el pariente de un exgobernador, el hijo de una regidora, una exdiputada, empleados de notarías, que van junto con varios empleados del Gobierno del Estado y, preocupantemente, también junto a un personaje cuestionado por vínculos con actividades delictivas.
Así aparecen como candidaturas en la lista del Poder Ejecutivo personajes como los siguientes:
En las candidaturas a juzgados civiles y familiares destaca la presencia de Jorge Luis Herrera Alor, un consultor dedicado principalmente al sector inmobiliario, que es sobrino del recién fallecido exgobernador priista de Veracruz Fidel Herrera Beltrán y que también fue político en su entidad natal.
El mismo en su perfil de Linkedin ya se promociona sin disimulo como “próximo a tomar protesta como Juez de Primera Instancia en Materia Civil, Familiar y Extinción de Dominio en el Estado de Quintana Roo”, debido a que es candidato en la lista del Poder Ejecutivo, la que los partidos de la 4T promoverán para que se lleve la mayor cantidad de votos por ser “la buena”.
Otro destacado candidato en la lista del Poder Ejecutivo es José Luis Jonathan Yong Mendoza, del que no importaron que esté vinculado a una investigación federal por presunto lavado de dinero relacionado con la Mafia Rumana de Cancún y con señalamientos de relaciones con actividades delictivas desde que fue secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez en 2016 y 2017, pero ahora preocupantemente será juez penal del estado, por estar palomeado en la “lista buena”.
Polémica también es la presencia en la lista del Ejecutivo, como candidato a juez civil y familiar, de Christian Jesús Licona Dzib, hijo de la novena regidora del ayuntamiento cuatroteísta de Benito Juárez, Susana Andrea Dzib González, que además lo tiene como asesor en el cabildo con sueldo de 50 mil pesos mensuales y le hace campaña con recursos públicos placeándolo en sus actividades públicas en Cancún.
Igual está el caso de la exdiputada local de Morena Erika Guadalupe Castillo Acosta, relacionada con los intereses del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo de Cancún, y que después de haber sido Directora General de la Secretaría de Gobierno de 2022 a 2023 reporta que está desempleada, pero encaminada a ser segura juez civil y familiar, también por ser candidata en la “lista buena”, la del Poder Ejecutivo, y también en la del Legislativo.
En la lista del Ejecutivo también hay candidaturas que son llamativas por estar vinculadas al sector inmobiliario y a las notarías:
– Magali Alonso Alcocer, abogada en la Jurisdicción Sanitaria Número 2 de los Servicios Estatales de Salud desde agosto de 2023, pero que fue protesorera, encargada del Departamento de Actas y Acuerdos y Directora Jurídica de la Desarrolladora de la Riviera Maya, sociedad propietaria de las tierras de la colonia irregular Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen.
– Raúl Zambrano Ambriz, socio del despacho ZT Firma Jurídica del Caribe, miembro del Grupo Zambrano Torres de Nuevo León, especializado en asuntos inmobiliarios, patrimoniales, mercantiles, corporativos y financieros, y que será juez civil y familiar.
– Hugo Uribe Nicolás, que es Notario Público Auxiliar de la Notaría 38 de Cancún, que está a cargo de su madre, Carmen Nicolás Ramírez, y que será juez penal.
– María Fernanda Bobadilla Álvarez Malo, socia fundadora del despacho legal BCS, especializado en bienes raíces, autorizaciones y permisos de gobierno, asuntos corporativos y de marca, y materias civil y mercantil, pero que será jueza penal.
– Emiliana Libertad Martínez Ibarra, actual Gerente Jurídico de Banorte, pero que será jueza penal.
– Víctor Hugo Sosa Zapata, que será juez mixto, es abogado en la Notaría 11 de Cancún, a cargo de Susana Verónica Ramírez Sandoval, quien obtuvo esa patente sin examen de oposición, pues se la heredó su padre, el diputado constituyente Mario Ramírez Canul, quien renunció cuando ella era su notaria auxiliar y pidió que se la entregaran, conforme al mecanismo expedito que creó el gobierno de Carlos Joaquín y sigue vigente en la actualidad.
Entre los registrados por el Poder Ejecutivo también hay un candidato enviado por intereses de la Federación, Mario Pérez Valdez, quien será juez penal sin tener residencia ni de 6 meses ni antecedentes laborales en Quintana Roo, pero si diversos cargos en la Secretaría de Gobernación relacionados con la vinculación de esa dependencia con el Congreso de la Unión durante la última década, de julio del 2014 a octubre del 2024.
No podrían faltar los empleados de la Consejería Jurídica de la Gobernadora, como Iceberg Nahum Patiño Arbea, jefe del Departamento de Enlace Zona Norte, y Sergio Arturo Ramírez Moxca, director de Asuntos Civiles, Mercantiles, Laborales y Penales de esa dependencia y que además actuó como “esquirol” de la misma en el juicio electoral contra las boletas para votar por lista, haciendo llegar al tribunal electoral federal un oficio que le proporcionó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para advertir de un supuesto daño al erario si se cambiaba el modelo de boletas cuando estuviera iniciando su impresión.
Estos son algunos nombres que han sido colocados como candidatos y candidatas reales entre el gran porcentaje de jueces en funciones que abultan la listas que aparecerán en las boletas del 1 de junio, y los mismos no auguran una mejor impartición de justicia para los quintanarroenses
Muchos de los candidatos reales, de hecho, van en las listas de los poderes Legislativo y Judicial, sin posibilidades de ganar ante la operación electoral que se hará para que gane la lista del Ejecutivo.
Igualmente, las oportunidades de ascenso en esta elección para personal con carrera judicial son raquíticas, pues sólo 27 de los 148 candidatos y candidatas a los juzgados tienen esa condición, es decir, sólo el 18 % del total, y nada más 16 de esos empleados judiciales tiene asegurado el ascenso a jueces y juezas por aparecer en la lista del Poder Ejecutivo.
Tampoco todos los jueces en funciones tienen asegurada la continuidad, sino sólo 44 que están en la lista del Poder Ejecutivo.
En este sentido, se tiene que en las 65 candidaturas a juzgados civiles y familiares van 31 jueces y juezas en funciones, 17 postulados por los tres poderes, 4 por el Ejecutivo con otro más, ya con la continuidad segura, y 10 sin posibilidades por estar en la listas del Judicial y/o el Legislativo.
Entre las 62 candidaturas a jueces y juezas penales hay 20 que están en funciones, 9 postulados por los tres poderes y 4 por el Ejecutivo y otro poder más, que tienen segura la continuidad, mientras 7 están destinados al desempleo por estar enlistados por el Judicial y/o el Legislativo.
En el caso de la materia mercantil es donde prácticamente no habrá cambios en los juzgados, pues 5 de 6 candidaturas son para juezas y jueces en funciones, postuladas todas por los tres poderes.
En cambio, entre las 3 candidaturas en materia de violencia familiar, sólo hay un juez en funciones, que tiene segura la ratificación por ser candidato de los tres poderes.
De las 6 candidaturas para juzgados laborales hay 4 en funciones, 2 postuladas por los tres poderes y 2 por el Judicial y el Legislativo.
Por lo anterior, los cargos en los que habrá renovación o nuevas personas juzgadoras serán en su mayoría para persona sin ninguna experiencia en los procedimientos de la administración de justicia.