Con las corporaciones policiacas estatal y municipales disminuidas en su credibilidad, ya sea por su poca capacidad para enfrentar a la delincuencia o por incurrir en actos represivos, como los ocurridos en Puerto Morelos y Benito Juárez hace unos meses -que a la postre costaron el cargo a varios funcionarios, incluido el mismo secretario estatal Alberto Capella Ibarra-, la Fiscalía General del Estado, al mando de Óscar Montes de Oca Rosales, se ha convertido en el rostro principal de los trabajos de seguridad en la entidad, con base en la publicación diaria de comunicados sobre la detención de presuntos criminales o el aseguramiento de armas, drogas o inmuebles. Sin embargo, nada de eso parece abonar en algo a la manera en que los ciudadanos se sienten protegidos, principalmente en los Municipios del norte, donde prácticamente todos los días se reporta una ejecución o el descubrimiento de algún cadáver con la respectiva “narcoamenaza” hacia otros delincuentes o incluso hacia funcionarios. Los pocos resultados que la Fiscalía consigue, y que se esfuerza en presumir haciendo gala de sus recursos para publicidad en los medios, son opacados por reportes como el del reciente descubrimiento de una fosa con cadáveres de posibles víctimas de los cárteles de las drogas. Para el ciudadano de a pie, el presupuesto que recibe la dependencia, que es el más oneroso del aparato gubernamental estatal, no se justifica en lo absoluto, por lo que, al final de cuentas, el gasto que hace la Fiscalía con la compra de espacios publicitarios, y que no está transparentado en su página oficial, es un desperdicio total.
Javier Ramírez
La publicación de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la percepción de la inseguridad en el país, en el que Cancún se ubicó en el segundo lugar nacional, afectó los esfuerzos que las secretarias de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado han estado haciendo en los últimos meses para cambiar la idea de que los polos turísticos son lugares peligrosos para los ciudadanos y para los turistas, especialmente para éstos últimos, sobre todo en estos momentos en que la reactivación económica aumenta a pesar de la nueva ola de contagios por Covid-19.
Al día siguiente de la noticia, la Fiscalía respondió enviando a los medios de comunicación un informe sobre el número de sujetos que han sido detenidos y procesados por diversos delitos en lo que va de este año. Los periódicos y sitios con los que tienen convenios de publicidad respondieron publicando la nota en primera plana, mientras las noticias sobre el descubrimiento e identificación de cuerpos en una fosa en la delegación Alfredo V. Bonfil eran relegadas al fondo de las planas.
Las críticas hacia la Fiscalía no se han hecho esperar, especialmente cuando se ha reportado que mucho de su millonario presupuesto -que supera los mil millones de pesos en este 2021- se va sólo al pago de sueldos de unos pocos beneficiados.
Tapando el sol con un dedo
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el pasado mes de junio el 66.6 por ciento de la población mayor de 18 años aseguró sentirse insegura en la ciudad donde habita, siendo Fresnillo, Zacatecas, el Municipio donde el 92.2 por ciento de sus habitantes manifestaron mayor inseguridad. En el segundo lugar apareció Cancún, cabecera municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, con el 88.7 por ciento de sus habitantes padeciendo la sensación de inseguridad.
Para la Fiscalía General del Estado, que ha mantenido una fuerte campaña en los medios para presumir cualquier actividad que pueda tener en el día, ya sea una detención, cateo o aseguramiento, el reporte del Inegi, que rápidamente se volvió tendencia nacional, le cayó como balde de agua fría, por lo que rápidamente emitió un comunicado para hacer lo que mejor sabe: intentar cambiar la percepción de la gente con ‘periodicazos’.
De esta manera, aseguró que del 1 de enero al 21 de julio del presente año, más de mil 500 personas han sido puestas tras las rejas como presuntas responsables de hechos delictivos. De ese número, dijo, 200 fueron detenidas mediante órdenes de aprehensión y 350 fueron vinculadas a proceso, recibiendo en su mayoría la medida de prisión preventiva.
Tras desglosar el número de aprehensiones por temas como delitos contra la salud, robos y demás, hizo especial énfasis en el tema por el que más han sido criticadas las autoridades de justicia en los últimos meses: los feminicidios. De manera sorprendente, la dependencia señaló que hasta el 29 de junio pasado han ocurrido 14 muerte de mujeres en la entidad, de los cuales en sólo dos no hay detención de probables participantes.
En ninguna parte se menciona sobre detenciones de los responsables de las muertes de al menos 10 menores de edad que han quedado atrapados en medio de ataques armados ocurridos sobre todo en la zona norte de la entidad, o de los avances en el caso del niño de 13 años que falleció en abril pasado dentro de una atracción acuática en el Parque Xenses, de Xcaret, y que produjo indignación nacional por la pobre actuación de la Fiscalía al momento de integrar la carpeta de investigación respectiva.
Sin embargo, alardea la Fiscalía, “ha establecido las condiciones para llevar a cabo el ejercicio de la acción penal para proteger los intereses de la ciudadanía y desalentar la delincuencia, que contribuye a avanzar en la recuperación de la paz”, señalando que, en la entidad, “el que la hace, la paga”.
Y en medio de todo esto, se minimizaban las notas sobre la ‘narcofosa’ encontrada a ocho kilómetros de Cancún -donde desde el año pasado se ha reportado el secuestro y desaparición de trabajadores de la construcción a manos de presuntos integrantes del crimen organizado, que los obligan a integrarse a sus filas para no ejecutarlos, como se reportó ampliamente en la edición 707 de Estosdías- y la creación del primer colectivo en Quintana Roo dedicado a la búsqueda de desaparecidos.
Millonario presupuesto desperdiciado
Con el presupuesto que recibe la Fiscalía General del Estado cada año, no se puede esperar menos que mejores avances en la procuración de justicia: En 2019 fue la Fiscalía estatal que más recursos recibió, al manejar un presupuesto de 738 millones de pesos, aunque aún así solicitó una ampliación de 433.74 millones, por lo que cerró el ejercicio fiscal 2019 con mil 171 millones de pesos.
La Fiscalía General del Estado de Yucatán, cuya capital se ubicó en el reporte del INEGI entre las 10 ciudades con menos percepción de inseguridad, con sólo 26.3 por ciento de sus habitantes preocupados, percibió ese año apenas 476 millones de pesos (prácticamente lo que la FGE de Quintana Roo pidió de más), siendo uno de los mejores ejemplos de cómo se puede trabajar con menos y dar, aún así, muchos mejores resultados.
El problema de la dependencia que dirige Montes de Oca es que gran parte de su presupuesto (este año recibió del Congreso 942 millones 709 mil 295 pesos, más lo que obtenga como ampliación) se destina al pago de salarios, aunque en realidad son mucho más los empleados burócratas que los de campo. En fiscalías, cuenta con mil 841 personas de agencias administrativas, pero sólo mil 406 en ministerios públicos. Tiene 200 empleados para servicios periciales y/o médicos forenses, mientras que la Fiscalía de Yucatán tiene 17 más, aun cuando los índices de violencia son menores en esa región.
Además, en 2019 destinó 615 millones 261 mil 256 pesos al rubro de servicios personales, que incluye salarios, remuneraciones especiales, estímulos y demás prestaciones, pero esos recursos no llegaron a los agentes ministeriales ni a la base de trabajadores. Por ese motivo, el año pasado agentes ministeriales iniciaron un movimiento de protesta para exigir mejores condiciones laborales y la homologación salaria para un promedio de 500 agentes. Aseguraron que gente proveniente de la Ciudad de México recibe compensaciones que cuadruplican los ingresos de los ministerios locales, por lo que amenazaron con iniciar un paro laboral.
Desde la llegada de Montes de Oca, la Fiscalía General del Estado se ha convertido en el órgano autónomo que más presupuesto recibe, al que se suman los recursos adicionales. Pero los resultados siguen siendo magros.
Una historia que parece repetirse
El 12 de diciembre de 2018, el Congreso del Estado nombró a Óscar Montes de Oca Rosales como fiscal general en sustitución de Miguel Ángel Pech Cen, quien fue removido luego de varios meses de pésimos resultados y en medio del reclamo generalizado de la ciudadanía, ante el aumento del crimen y la carencia de una autoridad que procurara justicia.
Montes de Oca llegó con la consigna de atender alrededor de 35 mil expedientes rezagados desde hace siete años y que en ese entonces estaban dentro del tiempo límite para ser resueltos. En sus primeras declaraciones como fiscal, aseguró que su mayor compromiso es con la ciudadanía y que esperaba “que se aplique la ley de manera expedita y pronta a favor de los quintanarroenses”, haciendo un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier acto de corrupción por parte de los funcionarios a su cargo.
Asimismo, se comprometió a profundizar en los casos más sensibles de la sociedad, como los homicidios, las extorsiones, los robos, etcétera, iniciando un programa de capacitación permanente para todo el personal de la Fiscalía, además de impulsar un sistema de denuncia ‘online’ por medio de ‘aplicaciones móviles’, y que los delitos que no requieran una atención especializada podrán atenderse con mayor rapidez.
Sin embargo, no ofreció mayor información sobre cómo funcionaría este nuevo esquema o algún antecedente en algún otro Estado que permitiera tener una leve noción de su eficacia.
Al cabo de casi tres años, Montes de Oca asegura que, bajo su mando, la Fiscalía ha tenido grandes avances en materia de atención de expedientes y resolución de casos, pero con la violencia en aumento en lugares de la entidad que antes solían ser tranquilos, la gente tiene una opinión muy distinta del trabajo de las autoridades.