Signos
Con algún Gobernador que cayera preso o fuera entregado a Estados Unidos, Claudia levitaría por impulso propio y Harfuch avanzaría tras sus presidenciales pasos.
Pero si se insiste en ampararlos, Harfuch podrá seguir vistiéndose de héroe atacando importantes conspiraciones delictivas, y el gran crimen seguirá su curso de la mano y al amparo de todos ellos y de otras autoridades de su medida o a su disposición.
Porque ahí donde la delincuencia organizada opera, el poder político, que en las entidades también controla a la autoridad ministerial y a la Justicia, lo sabe y está con ella.
Y cuando Washington sigue pistas de probables delincuentes políticos mexicanos, no hay conducta política más retorcida y enemiga de la pertinencia y de lo justo y objetivo que negarlas, en la víspera, desde la propaganda militante de que no hay pruebas decisivas en contra de los presuntos implicados y se trata, por tanto, de un infundio condenable. (Y sobre todo, como en el caso de la Gobernadora bajacaliforniana y el respaldo en su favor de la Presidencia de la República y de las mayorías parlamentarias federales de su partido, sabiéndose muy bien que a ella, como también se lo hicieron a su marido, no sólo le suspendieron la visa estadounidense sino las abultadas cuentas bancarias que posee en San Diego, California, y que, según publica el Semanario Zeta, de Tijuana, son revisadas en Estados Unidos por su aparente vínculo con negocios ilícitos bajo investigación y porque no se corresponden con los ingresos legales de la Gobernadora y de su esposo en México. ¿Y por qué esas cuentas tan voluminosas en bancos estadounidenses? ¿No debiera regir un interés de compromisos más nacionalistas en ciudadanos elegidos para defender y representar los intereses nacionales?)
Que se investigue, hasta sus ultimas consecuencias y de manera indiscriminada, a todos los personajes del poder político y del partido que digan ser, bajo sospechas fundadas de actividades criminales probables y detrás de cualquier frontera, debiera ser el argumento de la postura política más ética y consecuente.
El encubrimiento político es complicidad. Y es lo que menos sirve a que la justicia impere en México, donde es la delincuencia, y no el régimen de la buena autoridad y de la buena ley, la que domina.
SM