Signos
Nunca, nunca, nunca, jamás, cuando se trata de asuntos magisteriales, se aborda el problema más grave del país: el de la pésima calidad educativa, en buen medida provocada por la igualmente mala calidad pedagógica y por la prolongada ausencia de las aulas de maestros y de alumnos.
¿Por qué no hay debate sobre eso en los medios de opinión pública? ¿Por qué el tema no interesa en los ámbitos políticos, periodísticos, intelectuales, sociales?
Demandas magisteriales, laborales, de pensiones, sí, muy bien. ¿Cuestionamientos contra todas las deficiencias constitucionales, históricas, que afectan a los trabajadores y deben defender los Gobiernos democráticos y progresistas?, de acuerdo. ¿Y como para cuándo las demandas y las discusiones sobre derechos educativos y también constitucionales afectados, y sobre la calidad educativa misma del país?
¿Cuándo, pues, el debate, sin satanizaciones, de los estándares educativos internacionales de México; de los niveles de la enseñanza atribuibles a la corrupción eterna de los regímenes de Gobierno y del sindicalismo mexicano, y a los privilegios excesivos y por generaciones concedidos por el poder público en favor de la influencia de la industria de la enajenación de la cultura popular y de la perversión de las fuentes de la educación informal?
¿Hay injusticias con las pensiones laborales acaparadas por los corporativos financieros privados y derivadas de Gobiernos privatizadores y corruptos?, pues claro que las hay y que debieran ser desterradas. Y también ha habido un clientelismo magisterial, y de otros sectores laborales cómplices de los Gobiernos de entonces, que han permitido tal estado de cosas.
¿Pero han de resolverse los problemas estructurales del orden laboral y educativo violentando el orden constitucional? Porque parece que lo que no existe, a decir de la crisis con el sector magisterial disidente, es competencia política del Estado para agendar sus prioridades sin que se le salgan de control algunas de ellas, ni civilidad en sus contrapartes adversarias más beligerantes para negociar opciones de discusión de los temas más urgentes e inmediatos y de los más urgentes y estructurales que no pueden tener una conclusión emanada de las presiones callejeras.
Se pregonan causas progresistas y de defensa popular en los movimientos callejeros y en el que se dice de ‘la cuarta transformación’ y que preside el Estado nacional. Pero ni siquiera se asoman criterios mínimos que opten por el sentido común y la cordura. Si de otro modo fuese y un verdadero compromiso social de las partes hubiera, las injusticias prioritarias y posibles de remediar se acordarían, y las afectaciones mayores al interés general se evitarían.
Si en el interés progresista de beneficiar al pueblo se coincide, ¿no es posible conciliar, asimismo, un plan de derogación de las reformas laborales y pensionarias más lesivas sin atentar contra los derechos a la enseñanza escolar, y al mismo tiempo promover iniciativas estructurales de superación educativa, pedagógica, como las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, y las de impedir a toda costa y mediante disposiciones alternativas, la suspensión de actividades escolares en los periodos normales de docencia?
¿Por qué el debate educativo, más allá de la demanda de sustitución de la reforma de pensiones vigente, no es una prioridad de todos en tiempos de liderazgos progresistas? Pareciera que porque el dichoso progresismo -en un pueblo que no sabe ni de qué se trata eso ni el derecho de elegir jueces cuya función y candidatos a serlo desconoce- no pasa de ser una proclama política de grupos de interés ajenos al deterioro cultural, crítico y democrático; al analfabetismo funcional, la violencia y la corrupción absoluta en la que no deja de hundirse México.
SM