La resistencia social clave contra el crimen organizado; Italia procesa a extorsionadores, México ‘pasa’ de los niños soldados de Guerrero

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El bestiario

La sociedad tiene un papel más trascendental de lo que popularmente se cree en la lucha contra la delincuencia y ese papel se hace particularmente importante contra el crimen organizado. Superar las tradicionales fórmulas de análisis que parten de la separación del mundo en delincuentes y víctimas nos permitirá entender la interrelación entre los actores afectados por la criminalidad e, irremediablemente, nos hará identificar las herramientas más efectivas para su lucha; la resistencia social es una de ellas. Hace escasas semanas se iniciaba el mayor juicio contra la Mafia calabresa de las últimas décadas en Italia; además de un éxito en el combate contra el crimen organizado, este enorme gesto anti-Mafia lleva aparejado un altísimo impacto social.

¿Qué supone este proceso para la sociedad italiana?; ¿y qué podemos aprender de la lucha contra el crimen organizado? Estas preguntas de Carmen Jordá Sanz, profesora de la Universidad Camilo José Cela de España, plantean el análisis de la respuesta policial y judicial a una organización criminal dedicada a innumerables actividades delictivas interrelacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión. Ahora bien, para analizar de forma más adecuada este escenario se hace imprescindible contemplar, además de la actuación y la presión del Estado, también la respuesta de rechazo social, especialmente aquellos aspectos de victimización, rechazo y denuncia que han llevado a una con gran arraigo territorial y fuertes vínculos políticos y policiales ante la justicia italiana. Sin esta respuesta social no habría sido posible asistir a este proceso judicial. El estudio de la respuesta italiana ante la Mafia permitirá detectar elementos que promuevan el rechazo a las prácticas extorsivas y argumentar por qué la cultura de la legalidad es una vacuna efectiva contra el crimen organizado.

Si bien cuenta con innumerables maneras de generar ingresos e influencia en un territorio, lo cierto es que el empleo de empresas legales es sin duda una de las más efectivas. No cabe duda de que el ánimo de lucro puede llevar a una organización, de forma directa o indirecta, a su infiltración en la economía legal de muy diversas formas. De hecho, es habitual la combinación de negocios legales e ilegales como resultado de la búsqueda de maximización de beneficios por parte de los grupos de delincuencia organizada en un territorio concreto. Así pues, permite a la organización invertir para generar beneficios en la esfera legal, bien sea como forma de inversión económica, bien para obtener control o lograr una determinada reputación social en el territorio. Invirtiendo, por ejemplo, en el sector inmobiliario, una organización puede tanto obtener beneficios con apariencia legal como generar influencia en los negocios de la zona e incluso en los decisores políticos.

Santiago J. Santamaría Gurtubay

Además, no debemos olvidar la incesante necesidad de blanquear los beneficios que la organización genera ilegalmente. Se trata de una actividad muy frecuente debido a los enormes beneficios que la delincuencia organizada obtiene por vía ilegal y las enormes dificultades para introducirlo en la economía legal. Un ejemplo ilustrativo de ello es la creación de negocios de restauración que permiten al grupo criminal generar facturas falsas para justificar ingresos obtenidos ilegalmente. En ocasiones el negocio puede convertirse en rentable, constituyendo una nueva vía de financiación o control. Contar con una empresa puede también facilitar la comisión de delitos: en este supuesto la estructura legal puede actuar como una pieza dentro del engranaje de una actividad delictiva especialmente compleja o que presenta unas necesidades específicas para su ejecución. Es el caso del empleo de empresas legales, cuyo objeto social está vinculado a productos químicos, para facilitar la adquisición de elementos que permiten la producción y el tráfico de fármacos ilegales o la inversión en negocios de transporte para el tráfico ilegal de drogas.

Consecuentemente, los procesos extorsivos a empresas permiten al crimen organizado establecer relaciones predatorias sostenibles, hasta cierto punto, y mantenidas en el tiempo. De hecho, la extorsión se ha considerado tradicionalmente como la actividad propia del crimen organizado, muy extendida en América Latina, particularmente en Centroamérica, y lo cierto es que actualmente constituye una importante actividad delictiva en la UE (Unión Europea), que continua en crecimiento. Independientemente de la región donde opere, se debe considerar que el punto óptimo de aprovechamiento se alcanza cuando la organización criminal se asienta en un territorio, pues los procesos extorsivos resultan especialmente apropiados para la explotación de la zona, debido esencialmente a dos razones. En primer lugar, obviamente aporta ingresos directos, a través de obligaciones contractuales con negocios de un territorio específico en forma de suministro de bienes o servicios, lo que supone a fin de cuentas una fuente de financiación. En segundo lugar, y no por ello menos importante, estas redes funcionan como formas de comunicación entre la organización y los empresarios, lo que supone un control inmediato del entorno, e incluso de la competencia.

El impacto social de la extorsión mafiosa

Un claro ejemplo de este mecanismo dual de control y financiación es la clásica imposición, por parte de un grupo criminal, de implantar máquinas tragaperras en negocios de restauración, tales como bares y clubs nocturnos en un barrio concreto, constatado ya en zonas de Italia y de México y probablemente muy extendido en otros países también. Esta obligación impuesta a los empresarios de restauración permitió al grupo ejercer su dominio sobre dicho territorio mientras se lucraba con las ganancias de las máquinas. El control se llevaba a cabo a través de las visitas regulares y para aquellos negocios que rechazaban la imposición: se les amenazaba e intimidaba, y a continuación se les exigía el pago de unas cuotas a cambio de protección. En este tipo de casos la protección estatal es realmente limitada, como puede constatarse en España. El impacto social y económico derivado de las actividades extorsivas del crimen organizado puede resultar devastador. Se debe tener presente que cuando un empresario es víctima de un proceso extorsivo, su afectación es doble: por un lado, los aspectos personales vinculados con las amenazas contra su integridad física o la de su familia; por otro lado, los aspectos económicos de una relación parasitaria que absorbe su capacidad decisoria y en ocasiones incluso lucrativa.

Un ejemplo extremo de esta doble afectación tiene lugar en ocasiones ante el impago de la extorsión: en determinadas regiones del sur de Italia cuando un empresario se niega a cumplir las exigencias extorsivas, la Mafia le da por muerto socialmente: los habitantes de la zona no deben relacionarse con él, ni tan siquiera pueden servirle un café en la cafetería del pueblo; además se hacen con las llaves de su casa, pudiendo acudir a cenar o dormir cuando les parezca oportuno a los extorsionadores. Esta respuesta no sólo empobrece al negocio, debido a la ausencia absoluta de clientes y proveedores, sino que genera un significativo daño psicológico para la víctima y sus convivientes. Este escenario extremo suele derivarse de la intimidación ambiental de una organización criminal que actúa con impunidad dada una cierta reputación, lo que en última instancia genera el denominado silencio social. Se trata del silencio al que deben sumarse miembros, colaboradores y víctimas de una organización criminal, que genera un entorno de inseguridad y deriva en el aislamiento ante el rechazo de las exigencias extorsivas, dando lugar a fuertes reticencias para hacer pública la oposición ante estas prácticas. Es precisamente este escenario el que permite la perpetración de procesos extorsivos a gran escala y con total impunidad, gracias al clima de inseguridad que limita las alternativas al cumplimiento de las exigencias extorsivas e impide de forma efectiva que víctimas y testigos pongan la situación en conocimiento de las autoridades.

Libertad de actuación de los empresarios y libre competencia

En términos económicos, estas prácticas también afectan a la libertad de actuación de los empresarios y a la libre competencia. Frecuentemente, esta limitación consiste en la prohibición de contratar a otros proveedores más competitivos o de abrir segundos locales o la obligación de traspasar el negocio a determinados territorios controlados por el grupo criminal. Así, si deben contratar determinados productos con proveedores concretos se coarta su libertad de contratación y se limita el nicho de mercado que ofrecen otros proveedores que no están vinculados al crimen organizado. Además, este impacto sobre el mercado también afecta a los usuarios o clientes, particulares que conforman la demanda de un servicio o producto, pues se pueden encontrar una oferta distorsionada, no pagando un precio justo por lo contratado debido al ajuste del mercado con los intereses financieros del crimen organizado. Por ejemplo, los empresarios pueden repercutir en el precio final el coste de los pagos al grupo extorsivo. A medio plazo también se puede producir un aumento de precio generalizado debido a la orientación monopolística provocada por las organizaciones criminales de un territorio.

No se debe olvidar que se trata de una actividad criminal claramente explotadora, pues se lucra, sin desarrollar actividad económica alguna, de personas que desarrollan actividades económicas, normalmente en la economía legal. Consecuentemente, a medio y largo plazo, el control del crimen organizado puede conllevar una tendencia hacia el monopolio, lo que implica la distorsión de la economía del mercado en un sector o territorio concreto, además de tener un impacto significativo en el crecimiento económico de las regiones concernidas. Esto puede afectar no sólo a las empresas directamente victimizadas sino a los negocios dentro del sector o a las empresas proveedoras, que ven limitada su actividad económica. En última instancia, los procesos extorsivos arraigados, en un territorio pueden terminar empobreciendo la zona y haciendo desaparecer sectores empresariales a nivel local: cuando un gran grupo de negocios, concentrado físicamente en un entorno, sufre procesos extorsivos durante un tiempo prolongado, se puede superar la capacidad explotadora que es capaz de soportar la zona, es decir, que los negocios dejen de ser rentables y ya no puedan aportar los beneficios que el crimen organizado busca. En tal momento, los grupos organizados tenderán a desplazar sus actividades extorsivas a otras regiones o negocios explotables que puedan dar la rentabilidad deseada, a la vez que desaparecerán de forma generalizada los negocios previamente victimizados y las actividades económicas en una zona o en un sector específico.

La respuesta italiana en la lucha contra la extorsión

Lo cierto es que Italia, por razones evidentes, ostenta una durísima experiencia contra el crimen organizado y, concretamente, contra los procesos extorsivos mediante los que la Mafia solicitaba el pago denominado ‘pizzo’. Uno de los aspectos más destacables es, sin duda, la implicación del Estado en la lucha contra la extorsión mafiosa a través de medidas específicas contra este fenómeno; buenos ejemplos de ello son el programa de protección de testigos, la interceptación legal de las comunicaciones, el agente encubierto o la incautación de bienes. Sin embargo, lo cierto es que existen otras herramientas más específicas, como se expone a continuación: Los colaboradores con la justicia han demostrado ser el factor más efectivo e importante de la lucha contra la Mafia en Italia, asumiendo la protección personal, económica y judicial mediante un acuerdo con el Estado italiano. La confiscación de bienes previa a la condena, que separa las medidas cautelares del proceso penal y centra los recursos estatales en la lucha contra la financiación, en lugar de contra sus integrantes, extremo que resulta altamente efectivo en la lucha a medio y largo plazo. La reutilización social de activos confiscados, que compensan a las comunidades afectadas por las actividades ilícitas de la organización criminal. Esta medida, además de económica, contiene un importante simbolismo social, pues hace partícipe a la sociedad de la efectividad de las investigaciones policiales y judiciales.

Ahora bien, existen dos tipos de medidas especialmente interesantes para el presente análisis: el apoyo económico a los negocios y la salvaguarda física de la víctima y su familia. Como es lógico, se hace necesaria la protección física para las víctimas de la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada, así como para colaboradores y testigos siempre que haya un peligro inminente frente a la Mafia, provocado por el testimonio que se presta. Dicho testimonio deberá ser fiable y crucial para una investigación o procedimiento penal. Además de servicios de protección y dispositivos técnicos de seguridad, se pueden aplicar medidas de mayor intensidad mediante un programa especial de protección, que incluya el traslado de las personas protegidas y sus familias a un lugar seguro, la prestación de asistencia personal y económica, el cambio de identidad e incluso el apoyo necesario para comenzar una nueva vida. Sin olvidar que las víctimas son empresarios, y con el propósito de garantizar la continuidad de sus negocios y, en definitiva, su forma de vida, Italia cuenta con un fondo de solidaridad para con las víctimas del crimen organizado, la extorsión y la usura. La cuantía de las ayudas económicas depende de las pérdidas económicas directas sufridas por las víctimas, el lucro cesante, las lesiones sufridas por la víctima o su familia y ayudas que pueden consistir en una compensación económica o un préstamo. Ahora bien, tal asignación sigue un procedimiento estipulado: se requiere de las víctimas, como primer paso, una denuncia formal a las autoridades, tras lo cual se les puede conceder el acceso al fondo. Esta exigencia de poner la actividad delictiva en conocimiento de las autoridades competentes es clave en la eficacia de la lucha contra la extorsión mafiosa, pues rompe la impunidad con la que opera habitualmente la Mafia.

Un elemento esencial en la lucha: el rechazo en bloque

Se trata, por tanto, de un doble enfoque: el crimen organizado dedicado a la extorsión es un objetivo de la represión, especialmente en términos de financiación e impunidad, pero también las víctimas directamente afectadas son objeto de protección. Esta especificidad en la respuesta del Estado, que ha posibilitado el rechazo a las exigencias extorsivas y limitado el espacio de impunidad en el que el crimen organizado se desenvuelve con soltura, ha permitido consecuentemente que emerja poco a poco un elemento esencial en la lucha contra este fenómeno: el rechazo en bloque. Ahora bien, aunque las víctimas se junten y resistan, deben asumir un doble riesgo ante la denuncia: la muerte física suya o las de sus familiares y la muerte social, al ser aislados o ignorados por la sociedad como castigo de la organización criminal. Nace así la idea de que la implicación de la sociedad civil es claramente relevante. Como se desprende de la argumentación sobre el impacto social de la extorsión mafiosa, cuando se extorsiona a un empresario se ataca doblemente a sus ámbitos físico y económico, lo que supone una agresión contra el entramado socioeconómico, la legalidad de las actividades económicas de la zona y, en última instancia, la libertad y la democracia de la región. La proactividad institucional en la protección a las víctimas y el rechazo en bloque han requerido una ayuda imprescindible de la sociedad: la verdadera eficacia en la lucha contra la extorsión radica en el rechazo social, bajo la premisa de que quien paga la extorsión carece de valor social.

En un significativo esfuerzo por dar respuesta a esta necesidad, diversas asociaciones italianas antiextorsión han realizado una titánica tarea triple: agrupar empresarios para la resistencia conjunta, involucrar a la sociedad en el rechazo generalizado a la Mafia y cooperar con las autoridades policiales y judiciales, especialmente apoyando a las víctimas en la dura decisión de denunciar la extorsión. A través de diversas entidades cubren necesidades sociales, como hace la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI) que, además de agrupar las asociaciones en la lucha contra la extorsión y la Mafia, tiene otras actividades relevantes como promover el consumo de bienes y servicios en negocios que no se someten a la Mafia, apoyar a las víctimas en los procedimientos penales y dar asistencia financiera a través de centros específicos, además de emprender acciones civiles contra la Mafia en procedimientos penales de extorsión. Otro ejemplo es Libera, una red que también se dedica a la agrupación de asociaciones y está muy orientada hacia la promoción de la cultura de la legalidad en entornos empresariales y sociales. Uno de los principales compromisos de Libera es la reutilización social de activos de la Mafia para la educación en la legitimidad democrática, la lucha contra la corrupción, los campamentos de educación y las actividades anti-Mafia. Por su parte, Addiopizzo es una asociación que centra sus esfuerzos en apoyar a víctimas de la extorsión y promover una nueva forma de comportamiento en el mercado. Una de sus propuestas más destacadas es el denominado Consumo Crítico, que consiste en un pacto entre ciudadanos, consumidores y actores económicos destinado a crear una economía independiente de la Mafia, promoviendo el consumo en forma de recompensa a aquellas empresas que rechazan las extorsiones de la Mafia. Derivado de ello, esta asociación ha creado un Mapa sin Extorsión que muestra la distribución geográfica de los negocios que cumplen el consumo crítico y no pagan a la mafia. Para formar parte de este mapa el empresario solicita el alta y la asociación evalúa su situación a través de determinada documentación e información que el empresario debe aportar, además de suscribir una declaración formal de legalidad y un compromiso solemne de no someterse a la mafia en el futuro.

El crimen organizado y la sociedad no son independientes

En conclusión, el crimen organizado y la sociedad no son entes separados e independientes a pesar de que en ocasiones los investigadores departamentalizamos los ámbitos de estudio; así pues, asumir que los fenómenos vinculados con la delincuencia organizada están en permanente diálogo con la ciudadanía en su conjunto permite razonar que la actuación del Estado requiere también medidas sociales que promuevan el rechazo en ese diálogo implícito. Cabe señalar, por tanto, que, a tenor de la experiencia italiana, la inclusión de medidas que mejoren la protección de las víctimas y de iniciativas orientadas hacia la implicación civil aportarían a cualquier realidad afectada por esta lacra una mayor eficacia en su incansable lucha contra el crimen organizado.

Aquella mañana de agosto, Libero Grassi se levantó temprano para ir a trabajar a su empresa de Palermo. A las 7.30 salió de su casa y enfiló la Via Alfiere para buscar su coche. Segundos después, era tiroteado en plena calle, junto a su vivienda. Grassi tenía 67 años y fue el primer comerciante que denunció las amenazas que recibía de la ‘Cosa Nostra’ (la mafia siciliana) por haberse negado a pagar el ‘pizzo’, el dinero que la mayor parte de los empresarios entrega a cambio de ‘protección’. Dieciocho años después del crimen, una gran mancha de pintura roja y una corona de flores recuerdan el lugar en el que fue abatido este empresario, que cada 29 de agosto es homenajeado en Palermo por vecinos, políticos y, sobre todo, empresarios que como él, se han atrevido a decir ‘no’ a la mafia. Se calcula que el 80% de los comerciantes de Palermo paga una tasa a la mafia. En 1991 Grassi se convirtió en noticia porque rechazó pagar el ‘pizzo’ en una época en la que nadie se planteaba no hacerlo. Su negocio textil y su familia fueron amenazados por la mafia y él tuvo el coraje de denunciarlo públicamente. Concedió entrevistas y escribió un artículo en ‘Il Giornale di Sicilia’ en el que señalaba a sus extorsionadores y denunciaba la falta de apoyo de las organizaciones empresariales. La mafia lo asesinó a sangre fría a pesar de que estaba solo y no contaba con el respaldo de sus colegas.

Un pueblo entero que paga el ‘pizzo’ es un pueblo sin dignidad

Sin embargo, poco a poco las cosas están cambiando en Palermo gracias a ‘Addiopizzo’, una asociación creada en 2004 para respaldar y animar a los comerciantes a que digan ‘no’ a la mafia y dejen de pagar el ‘impuesto’ mafioso. Su lema: ‘Un pueblo entero que paga el ‘pizzo’ es un pueblo sin dignidad’. Cada vez son más los comerciantes que se unen a esta asociación, que cuenta ya con 403 empresas. Son una minoría pero hasta hace pocos años prácticamente todos pagaban el ‘pizzo’. ‘Es una revolución constante, gradual e imparable’, explica Veronica Chisari, voluntaria de ‘Addiopizzo’. ‘Avanzamos lentamente. La mafia existe desde hace 250 años y no podemos acabar con ella de un día para otro’, afirma. La presencia mafiosa está tan enraizada que se calcula que el 80% de los comerciantes palermitanos pagan una tasa a la ‘Cosa Nostra’. El subsecretario de Interior del Gobierno italiano, Alfredo Mantovano, junto con autoridades locales y representantes de asociaciones de empresarios, acompañaron a la viuda y a los hijos de Grassi durante la ofrenda floral. Como su padre, Davide Grassi es comerciante textil y cree que en los últimos años se están produciendo cambios esperanzadores: ‘Antes se hacía el homenaje pero todo continuaba igual. Sin embargo, desde que existe ‘Addiopizzo’ las cosas están cambiando lentamente. Nos queda mucho camino por recorrer pero lo importante es no pararnos’, afirma.

Decenas de comerciantes asistieron al homenaje para rechazar públicamente la extorsión. Giuseppe Todaro es uno de ellos. Este empresario siciliano, propietario una cadena de heladerías presente en varias ciudades italianas, sufrió la extorsión mafiosa durante diez años. Hace un año y medio decidió decir ‘basta’ y se unió a ‘Addiopizzo’: ‘La gran diferencia entre ayer y hoy es que ya no estás solo. En la asociación te asesoran, te respaldan y te acompañan cuando vas a denunciar’, afirma Todaro, que ha incluido en sus productos una etiqueta que indica que su empresa pertenece a esta asociación antimafia. Su ejemplo ha animado a algunos colegas de su entorno, que han acudido a él buscando información y que, finalmente, se han atrevido a dejar de pagar. Todaro sufrió la extorsión por parte de dos grupos de Palermo (la mafia divide la ciudad en áreas y cada zona está controlada por un grupo). 76 extorsionadores del ‘pizzo’ han sido encarcelados gracias al testimonio de 14 empresarios. Algunos de ellos llevan escolta. Asimismo, 14 empresarios han testificado contra los extorsionadores en el caso contra el clan de ‘Lo Piccolo’, en el marco del proceso legal conocido como ‘Addiopizzo’.

Extorsionadores condenados a un total de 400 años de prisión

Se trata de la primera vez que los mafiosos han sido identificados en una rueda de reconocimiento y, gracias a la declaración de los comerciantes, 76 extorsionadores del ‘pizzo’ han sido encarcelados y condenados a un total de 400 años de prisión. Algunos de los denunciantes llevan ahora escolta. Además de la ofrenda floral, Palermo acogió una carrera en bicicleta de 30 kilómetros que recorrió lugares simbólicos en la lucha contra el crimen organizado. Y mientras cientos de palermitanos participaban en la jornada homenaje a Grassi, la mafia no desaprovechó la ocasión para amenazar a más empresarios. Por un lado, incendiaron los vehículos de un padre y un hijo propietarios de una tienda de ropa de Palermo. El segundo acto intimidatorio se produjo en una agencia inmobiliaria que será inaugurada próximamente. Los mafiosos sellaron con cola la persiana métalica de entrada al local, un método muy usado en Palermo. “Te lanzan el mensaje de que son ellos los que deciden cuando puedes entrar a tu tienda”, explica Veronica Chisari. “Nosotros les explicamos cómo quitar la cola y les asesoramos para que presenten la denuncia. Los pequeños incendios también son frecuentes y en la actualidad estamos en un periodo caliente de ataques”, afirma.

No hay una única forma de extorsión. Siempre se pide dinero pero no siempre el ‘pizzo’ se exige directamente. “A veces son comerciantes de su entorno los que le ‘aconsejan’ que se informe sobre a quién tiene que pagar. Otras, el propio empresario pregunta antes de abrir su negocio a dónde debe dirigirse para evitar problemas”, explican en ‘Addiopizzo’. Las cantidades que se pagan varían mucho y oscilan entre los 50 euros al mes que pueden pagar las tiendas pequeñas y los 3.000 euros trimestrales que se pide a los grandes comercios. Además de dinero, a veces exigen que contraten a determinadas personas. La ayuda de las instituciones es fundamental para ‘Addiopizzo’, que asegura sentirse respaldada por el Gobierno. “Antes la mafia era el Estado. Se encargaba de dar trabajo y seguridad, así como servicios que el Estado no ofrecía. Ahora ya no”, asegura Veronica. Lo más importante, sin embargo, es cambiar la mentalidad de los sicilianos. La asociación ha publicado una guía con los comercios adscritos para concienciar a los palermitanos de que hagan sus compras en estas tiendas y apoyen así a los comerciantes que se oponen a la extorsión. En el centro de Palermo (Via Vittorio Emmanuele 172), el supermercado ‘L’Emporio Addiopizzo’ ofrece productos de empresarios que no pagan a la mafia. Los jóvenes juegan un papel fundamental para conseguir el cambio social. Por ello, ‘Addiopizzo’ lleva a cabo numerosas iniciativas con niños y jóvenes. De ellos depende que ningún empresario que se rebele contra la mafia vuelva a sentirse solo.

La sed de venganza del Güero Palma, el viejo socio del Chapo

La inminente salida de la cárcel de otro histórico narcotraficante ha vuelto a abrir la puerta de los viejos fantasmas en México. La madrugada del Primero de Mayo una inesperada resolución judicial llegó a la prisión del Altiplano: Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, uno de los capos del cartel de Sinaloa, era absuelto de los cargos de delincuencia organizada. El martes, 4 de marzo, también de madrugada, Palma abandonaba la prisión del Estado de México rumbo a la capital para presentarse ante la Fiscalía especializada en crimen organizado. Encerrado desde 1995, si ningún otro juzgado mexicano lo reclama, el veterano compadre del Chapo Guzmán, con quien compartió en los noventa la corona criminal, vendettas personales y hasta vida entre rejas, volverá a pisar de nuevo la calle. Pese a la avanzada edad del capo, 80 años, la onda expansiva de la decisión del juez ha llegado hasta el Palacio Nacional, que ya ha puesto en marcha a las 32 fiscalías estatales e incluso a la cancillería para que rastreen otras posibles cuentas pendientes de Palma con la justicia. El objetivo es no repetir lo sucedido con Rafael Caro Quintero, liberado en 2013 tras un polémico fallo de los tribunales. El histórico narcotraficante, fundador en los ochenta del cartel de Guadalajara, llevaba 28 años preso y aún le quedaba más de una década entre rejas. Desde su liberación, Quintero se ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades mexicanas. El Narco de narcos, volvió al negocio y hoy en día es el fugitivo más buscado por la DEA (la agencia de control de drogas estadounidense).

En México cunde el pánico a que vuelva a suceder lo mismo de confirmarse la liberación de Palma. Más todavía porque el capo aún tiene cuentas pendientes en el mundo del hampa. Un episodio que viene de principios de los noventa, diluido ya el cartel de Guadalajara y en pleno ascenso del nuevo imperio de Sinaloa. Durante su enloquecida guerra por el control de la frontera oeste, los hermanos Arellano Félix, jefes del cartel de Tijuana, infiltraron un sicario en el círculo más cerrado del poder sinaloense. Primero sedujo a la esposa del Güero. Después la mató y envió la cabeza a su marido en una caja metálica refrigerada. Una semana después, el Güero recibió otro macabro mensaje. Una cinta de vídeo que recogía cómo sus dos hijos, Nataly y Héctor, de cuatro y cinco años, eran arrojados por un puente de más de 150 metros de altura en Venezuela. Los tres familiares del capo están enterrados en un gigantesco panteón del cementerio de los Jardines de Humaya, en Culiacán (Sinaloa). Un abigarrado fresco los representa con alas de ángel, y nunca faltan juguetes y muñecas para recordar a los pequeños.

Una persona de baja empatía social y alta capacidad criminal

La respuesta sinaloense a la afrenta fue también salvaje. El sicario, el venezolano Rafael Clavel Moreno, fue rápidamente asesinado. Lo mismo hicieron con sus tres hijos, y otros tres cómplices venezolanos, que fueron hallados desmembrados en una cuneta. Luego cayeron el abogado del cartel de Tijuana y cuatro familiares de los Arrellano. La venganza abarcó al menos cinco años y aún no está claro ni cuántos cadáveres sembró ni si está completamente saldada. El cartel de Tijuana está considerado hoy en día prácticamente un fósil tras la muerte o encarcelamiento de todos los hermanos. Pero un nuevo giro inesperado podría resucitar la vieja y sangrienta rivalidad. Eduardo Arellano, uno de los fundadores del clan, también podría volver a pisar la calle en libertad, según adelantó Milenio la semana pasada. Encarcelado en EE UU desde 2013, el Doctor, considerado el cerebro financiero del cartel, ha logrado reducir su pena y será liberado este verano gracias un programa de colaboración con la DEA. El propio Palma también pasó por prisiones de EE UU tras una aparatosa detención. En 1995 iba a una boda en Guadalajara, pero el avión se estrelló. Herido, se resguardó en una casa en Zapopan bajo la protección de un comandante judicial federal. El operativo de detención lo halló convaleciente en la cama. Los primeros cinco años los pasó en la cárcel de Puente Grande, en el Estado de Jalisco, donde coincidió con El Chapo, su antiguo camarada desde sus inicios como ladrón de coches en Culiacán, apresado dos años antes Guatemala. Durante ese corto intervalo, el vacío de poder tras la caída del jefe, fue ocupado por el Güero, que ostentaba un cargo alto en la mafia sinaloense —jefe de la plaza de Sonora y Arizona— desde los tiempos de Félix Gallardo, El Padrino del cartel de Guadalajara.

El Gobierno de Felipe Calderón solicitó su extradición en 2007. En el penal de Atwater (California) le esperaba una larga condena, pero en 2016 fue liberado por buena conducta. Como está sucediendo ahora, el anuncio de su salida encendió las alarmas de las autoridades mexicanas. Cuando cruzó la frontera con Matamoros, allí lo estaba esperando la Marina y el Ejército para enviarle de nuevo a prisión por el asesinato de un subcomandante de policía y su escolta que, tras haber estado supuestamente a sus órdenes, se pasaron al cartel de Tijuana. El 18 de mayo de 1995, en el poblado de Trigomil (Nayarit), sus cuerpos fueron hallados en el interior de su camioneta Chevrolet blanca. Les habían pulverizado la cara con más de 20 balazos. Pese a su reconocida buena conducta durante su odisea penitenciaria, los exámenes psicológicos desclasificados por las autoridades estadounidenses tras su liberación en 2016 dibujan al Güero Palma como una persona de baja empatía social y alta capacidad criminal. Los mismos documentos resaltan que nunca habló del macabro asesinato de su esposa y sus hijos. En el caso de que se confirme su puesta en libertad, el viejo capo tendrá la oportunidad de demostrar si aquella afrenta ya quedó saldada o si aún tiene sed de venganza.

Los niños soldados de Guerrero claman contra el narco

‘Los niños soldado de Guerrero claman contra el narco armados y con tiros al aire. La comunidad indígena de José Joaquín de Herrera, cada vez más aislada y pobre, pone a desfilar a los infantes en una nueva prueba de fuerza y petición de auxilio’. Estos los titulares del periódico español EL PAÍS de una investigación realizada por Carmen Morán Breña. “Bajo un sol cenital, los niños armados desfilan uno tras otro lanzando vivas a los huérfanos, a las viudas, a los pueblos originarios, al general Zapata. ‘¡Viva! ¡viva! ¡viva!’. Por tercer año consecutivo, los menores se han sumado a los adultos de la policía comunitaria en una suerte de desfile militar que es una llamada de auxilio al Gobierno de México y también una demostración de fuerza ante los grupos de delincuencia organizada que los asedian en la Montaña Baja del Estado de Guerrero. Son ya apenas una irreductible aldea de 600 habitantes en una zona donde el cultivo de la amapola ha ido ganando terreno a tiros. Los Ardillos, un grupo de delincuentes, quieren la tierra y la mano de obra semiesclava para la goma de opio. Quien no se pliega lo paga caro. Y en el municipio de José Joaquín de Herrera no quieren plegarse. Los menores comenzaron a marchar acompañados de los adultos y unas 200 personas de la comunidad…”.

El año pasado, la estrategia de armar a los niños, bien que sea con escopetas de juguete para los de siete a 12 años, dio resultado. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a reaccionar ante la alarma internacional. Niños armados en México. Este año, la policía comunitaria ha forzado el pulso un poco más: los chavos han disparado al aire en un abierto del campo después de lanzar consignas y exigir al Gobierno “que apoye a las viudas, huérfanos y desplazados. Ya basta de delincuencia y discriminación a los pueblos indígenas de México”. Los tiros también parecían de juguete, pero no lo eran. Las llamadas autodefensas tienen larga tradición en Guerrero y se han extendido por medio país. La gente de a pie se arma para protegerse de los peligros que les acechan. Después de todo, la Constitución consagra para los pueblos indígenas autonomía en cuestiones de justicia y policía, entre otras. Y la ejercen, no siempre con mucho tino. El asedio de la delincuencia organizada ha convertido a estas patrullas locales en fuerzas de defensa que cada año pierden vidas en sus balaceras con el narco. En ambos bandos se pierden. En 2020 hubo seis ataques, según las cuentas de Bernardino Sánchez Luna, de 48 años, veterano guerrillero que organiza estas milicias en la zona.

Le pedimos ayuda al Gobierno de AMLO y no la ha prestado

La defensa armada de estas comunidades nació con un objetivo de seguridad comunitaria, pero, al tiempo, se fue convirtiendo en un grupo cuasi militar al que ahora suman a los niños para irles formando. ¿Por qué implicar a los niños? ¿Por qué criarles con una escopeta en las manos? “El Gobierno no nos ha cumplido. Le pedimos ayuda contra los grupos y no la ha prestado. Le pedimos maestros de secundaria, porque no podemos salir del pueblo, y no han llegado. Nuestra tarea es cultivar el campo, si no quiere que nos armemos, que nos dé seguridad”, dice Bernardino, como le llaman todos. Ya, pero ¿los niños? “El Gobierno no nos ha cumplido”. Ahí queda el pulso. Lo demás es una bravuconada para que los Ardillos sepan con quién se la juegan. La hilera de soldaditos de cabello negro y piel oscura desfila por el pueblo. Llevan gorra de visera y calzan huaraches de cuero rígido. Con un paliacate atado al cuello se cubren la nariz y la boca, como si fueran guerrilleros mínimos. Muñequitos de carne y hueso que sonríen con todos los dientes ante el paquete de galletas. El polvo de las calles de terracería lo cubre todo y el sol no da su brazo a torcer. Portan armas de madera, pistolas de juguete; los más pequeños enarbolan palos. Y lanzan vivas tras del vehículo de la megafonía. Casi parece un día de fiesta. La procesión la han encabezado las mujeres, que tienen poca voz en estos pueblos. Después van los críos, luego los adultos. Sus escopetas también delatan años de lucha: las cachas gastadas, el cañón sin brillo, correajes caseros. Más que una demostración de fuerza parece un ejército que vuelve a casa tras años de batalla. Derrotado.

Los periodistas han llegado en caravana de autos. Se protegen así de carreteras peligrosas con retenes de uniformados de toda laya. Son bienvenidos a un lugar donde no entra nadie, porque los anfitriones quieren lanzar un mensaje “al mundo”. “No somos delincuentes”, le dicen los niños al Gobierno en el micrófono bajo el polideportivo con las canastas de baloncesto. Pero el discurso simplificado que en México convierte en narco todo aquello que deja muertos no permite distinguir a simple vista una realidad muy compleja. En muchas partes de la República, los ciudadanos visten ahora camisetas de autodefensa sin que se sepa del todo quiénes son ni qué defienden. En este municipio solo hay una certeza: son pobres y no quieren violencia, pero generación tras generación van pasando por las armas. Sentadas al borde de la cancha, tres mujeres parecen ajenas al asunto. La más mayor habla náhuatl, como todos, y hace como que no entiende. La más joven, de 27 años, no quiere que sus hijos empuñen fusiles. “Será lo que Dios quiera. No me gustaría que mis hijos… pero si el pueblo así lo eligió, pues ni modo”. Se llama Claudia Bolaños y tiene un crío de 5 años y un bebé que duerme en sus brazos.

¿Qué saben en la montaña de Félix Salgado Macedonio?

Los hombres eligen. Entre ellos votan al Consejo Comunal que gobierna en asamblea. Decidirán si se ponen las urnas este 6 de junio, cuando México votará 20,000 cargos públicos y 15 gubernaturas, entre ellas la de Guerrero. Medio país se ha llevado las manos a la cabeza porque el aspirante para gobernar esta tierra por el partido Morena, el mismo de López Obrador, está acusado de violación y su candidatura ha sido anulada por inconsistencias fiscales. ¿Qué saben en la montaña de Félix Salgado Macedonio? Bernardino dice que poco o nada. Que no hay televisión. Nada que añadir sobre un caso que ha derrochado ríos de tinta desde hace semanas. Ningún candidato, también según el guerrillero, se ha presentado por allí todavía. La asamblea votará si consienten que se vote el día 6. La ausencia del Estado en esta zona es manifiesta. ¿Están en el abandono? “Se podría decir que sí. Ante un discurso simplificado que todo lo atribuye al narco, las autoridades acaban mirando para otro lado, no hay nada que hacer, parecen decir”, empieza el sociólogo francoargentino Romain Le Cour. Lleva 12 años en México y trabaja para la ONG internacional Noria, especializada en violencias en todo el mundo. Le Cour sabe mucho de la mexicana. “Lo que ocurre aquí es mucho más complejo. Se trata de un problema social, de pobreza y desatención. No basta con achacar la violencia al narco y dejar que las comunidades indígenas se gobiernen sin ayuda”, explica. Los mensajes sencillos acaban en soluciones simples. Y la falta de paz que se vive en esta montaña requiere algo más. Perfilar con detalle la delgada línea entre el cacique, el narco o su prima la alcaldesa, relaciones muy difuminadas. Intereses más cruzados que las propias balas.

En José Joaquín de Herrera viven nueve viudas, 14 huérfanos y 34 desplazados de comunidades cercanas asediadas. Y están aislados. El médico se acerca cuando hay una emergencia. Nadie le echa el alto en la carretera, porque también cura a los afligidos en otros poblados. Llegan algunos comerciantes a surtir de lo básico, previo pago al que cobra. Y, por supuesto, el camión de la Coca-Cola. “Y el de la Pepsi”, se ríe Bernardino. Poco más. Cuando acaban la primaria, los alumnos no siguen estudiando porque tendrían que desplazarse unos kilómetros más allá, donde anida el peligro: balas o secuestros, dicen. Tampoco se acercan a ver a los familiares que viven en la cabecera de comarca. En este pueblo, cuando señalan a la montaña ven cañones de escopeta en lugar de pensar en maíz, frijoles o calabazas. A un lado unas cabras ramonean, dos cerdos blanquinegros están atados de una cuerda, algún burro rebuzna más allá. La tropa sudorosa se interna en el campo. “¡Niños comunitarios, firmes, ya! ¡Embrazar armas, ya! Si no hay quien nos defienda, entonces vamos a responder con fuego a los sicarios, ¡hijos de la chingada!”. Una decena de tiros deja nubecillas de humo en el aire. Y la montaña les presta eco.

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