Tulum es un Municipio crítico; uno de los más complejos y peor gobernados del país, como han sido todos los del Estado caribe y la entidad caribe, en general.
Región, esta, de algunos de los patrimonios naturales más diversos y ricos del planeta, y de fuentes de utilidad turística, económica y fiscal de las más potencialmente rentables de México, no sólo es hoy un territorio en progresiva y consistente devastación biótica, urbana y cultural, a merced de grandes mercenarios de la inversión inmobiliaria, y del poder político asociado con ellos y con los de la industria del narcoterror, todos los cuales hacen del paraíso silvestre y cultural que fue, la mayor zona de violencia del país -que ya de por sí es uno de los más inseguros del mundo entero- y una de las de mayor y más creciente endeudamiento público, desigualdad, y extrema y expansivas miseria y marginalidad.
En las áreas de más intensa y desaforada colonización, las municipalidades se convierten en verdaderas industrias del negocio de la urbanización de los incontables asentamientos irregulares. Y los gobernantes y grupos de poder asociados y de mayor influencia en ellas, se convierten en élites de impunes saqueadores y magnates que lucran con el beneficio ilimitado y sin control de los usos de suelo, las densidades inmobiliarias, las concesiones y las licencias comerciales y de construcción, y con toda suerte de otras autorizaciones discrecionales (horarios de bares y prostíbulos donde se trafica y se consume droga, etcétera) negociadas, por supuesto, al margen de la ley, de la institucionalidad y de la potestad recaudatoria y de interés público de la autoridad representativa de los ciudadanos.
Planes de ordenamiento urbano y ecológico van y vienen con la más frívola eventualidad, como los del Municipio cancunense (a treinta, a veinte o a los años que los postores del mercado quieran), con la autorización de alcaldes y regidores comprados de unos y otros partidos, para adecuarlos a los muy lucrativos negocios de inversión que determinan, en gran medida, el interés fundamental de quienes tanto luchan por esas posiciones de Gobierno y de representación popular, y que terminan y entregan sus encomiendas, en dichas demarcaciones que debieran ser de la más alta recaudación tributaria y rentabilidad fiscal y social, con mayores endeudamientos y quiebras e insolvencias de las recibidas en el inicio de cada administración, y cuyos saldos miserables, alternados con la masividad precarista inmigrante, multiplican el irremediable destino de un entorno de expansivo precarismo y marginalidad, regido por gobernantes y ‘servidores públicos’ millonarios.
La reforma reglamentaria de la autonomía municipal y el crimen de legitimación que han significado las aristocráticas y autónomas y ciudadanizadas y costosísimas y múltiples burocracias electorales, de transparencia y anticorrupción, sólo han servido para que cada vez más truhanes y vividores de la política partidista -financiada con una inmensidad presupuestaria de dinero público, sobre todo ilícito, y una participación cada vez mayor del ‘narco’-, como los verdes usureros de la colmena depredadora del Niño Verde, tomen por asalto las municipalidades y demarcaciones de mayor crecimiento poblacional y mayores riesgos ecológicos y ambientales, para multiplicar al infinito sus capitales desde la retórica falaz de la preservación del medio y la verdad inequívoca contraria de la extorsión ambientalista, el acaparamiento particular de propiedades estratégicas, la venta convenida de todo tipo de atribuciones y beneplácitos para la explotación legal y comercial de lo que -en favor del interés popular- debería estar prohibido, y cualquier cantidad de otro tipo de licitaciones que niegan, en los hechos municipales y estatales, el espíritu de la causa anticorrupción que pregona a los cuatro vientos el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que hacen de las sociedades del crimen verdemorenista, como ocurre en Quintana Roo, un negocio tan próspero y exitoso, que sigue creciendo con la productiva inversión en la compra de votos, gracias a un mercado electoral garantizado por las leyes y las instituciones electorales que administran la democracia.
En Tulum -después de quince años, recién cumplidos, de ser gobernado como Municipio por una variopinta ralea caciquil emanada del tricolor y que ha incluido a los hermanos Dzul Caamal- reina como nunca la marca, la naturaleza y la cultura política prohijada por el Niño Verde, el líder moral del partido de la misma catadura fecundado por el hoy morenista Marcelo Ebrard, bajo la encomienda de Carlos Salinas y Manuel Camacho.
Los tratos y los negocios de interés privado y al amparo del poder político imperante, seguirán haciendo de Tulum una hermosa patria silvestre en vertiginosa extinción, devorada por las desmesuras urbanas del precarismo expansivo y la empresa inmobiliaria de la peor especie. Y, del mismo modo que ahora se apodera de toda la entidad y con la mayor intensidad, la narcoviolencia y la impunidad seguirán en Tulum viento en popa. Porque la realidad que se enuncia en las declaraciones sobre las iniciativas y las acciones posibles, se niega en la verdad de los hechos. El letal atentado, por ejemplo, contra Raúl Labastida, conocido y querido abogado chetumaleño que residía en Tulum y laboraba en su Ayuntamiento, sigue envuelto en las nubes de la complicidad. Del mismo modo que tantos otros.
Cuando los negocios sucios de los gobernantes mandan, los derechos de los ciudadanos representados por ellos perecen en los pantanos de la canalla mimetizada en Estado.
ED
@Estosdías Online