CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones del Senado modificaron y aprobaron una controvertida reforma en materia de propiedad industrial que contempla penas de hasta cinco años de prisión por utilizar la identidad gráfica de instituciones públicas con fines comerciales para inducir al engaño y cometer un ilícito, después de que la propuesta original generara críticas por sus posibles implicaciones para memes, parodias y otros contenidos.
Las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera avalaron este miércoles el dictamen de reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal y lo enviaron a la Mesa Directiva para su primera lectura. Se prevé que sea discutido posteriormente por el Pleno del Senado.
Uno de los puntos que concentró la discusión fue el artículo 403 Bis, relacionado con la utilización no autorizada de la identidad gráfica institucional de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.
La redacción que llegó inicialmente a comisiones contemplaba penas de tres a siete años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización para determinados usos no autorizados de esos elementos a escala comercial y con el propósito de inducir a error o engaño. Legisladores de oposición cuestionaron que la disposición pudiera alcanzar contenidos de crítica, parodia o sátira política.
Ante la controversia, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, propuso modificar el artículo para delimitar con mayor precisión las conductas sancionables. Las comisiones incorporaron los cambios antes de aprobar el dictamen.
La nueva redacción reduce la sanción a un rango de uno a cinco años de prisión, mantiene multas de mil a 10 mil UMA y establece que el uso de la identidad gráfica institucional deberá producirse a escala comercial, con la intención de inducir al engaño y cometer un ilícito. También fue retirada la referencia específica a medios electrónicos y digitales.
Corral rechazó que la intención de la reforma sea castigar memes o parodias y sostuvo que la disposición pretende combatir el uso de imágenes, logotipos u otros elementos gubernamentales para hacer pasar comunicaciones o plataformas fraudulentas como oficiales. Como ejemplo mencionó sitios que utilizan logotipos gubernamentales para solicitar depósitos de dinero a los usuarios.
Las modificaciones no terminaron con las diferencias políticas sobre la iniciativa. PAN y PRI votaron en contra del dictamen, mientras Movimiento Ciudadano se abstuvo; Morena y sus aliados respaldaron su aprobación en comisiones. Representantes de la oposición mantuvieron sus preocupaciones sobre los posibles efectos de la disposición para la libertad de expresión.
Además del controvertido artículo sobre identidad gráfica institucional, la iniciativa modifica disposiciones relacionadas con delitos contra la propiedad intelectual, incluidos el uso de marcas y secretos industriales, y establece consecuencias jurídicas para empresas involucradas en determinadas conductas. Sus promotores sostienen que los cambios buscan modernizar la legislación mexicana y atender compromisos internacionales, entre ellos los derivados del T-MEC y del marco internacional sobre derechos de propiedad intelectual.
El proyecto todavía no es ley. Tras su aprobación en comisiones deberá continuar el procedimiento parlamentario y ser sometido a consideración del Pleno del Senado, donde podrían presentarse nuevas reservas y modificaciones antes de una eventual aprobación.
La expresión “Ley Antimemes”, utilizada durante la polémica, no corresponde al nombre oficial de la reforma, sino a una denominación surgida en el debate político y público a partir de las objeciones planteadas sobre el alcance de la redacción original. Con los cambios aprobados en comisiones, el supuesto sancionable quedó expresamente vinculado al uso comercial de identidad gráfica gubernamental para inducir al engaño con intención de cometer un ilícito.