Finalmente, la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador entró en vigor, generando una serie de inconformidades de los partidos de oposición y demás detractores, quienes aseguran que existen temas más apremiantes qué tratar, que la idea de liberar a violadores de la ley. En plena contingencia sanitaria, el jefe del Ejecutivo Federal hizo un exhorto al Senado de la República para que se aprobara cuanto antes la referida ley con la finalidad de disminuir la población carcelaria y, por lo tanto, el riesgo de contagios por Covid-19 en los centros penitenciarios. Los legisladores del Morena, dirigidos por Ricardo Monreal, decidieron entonces dejar en segundo plano propuestas que parecían más urgentes -como un plan económico de emergencia y castigar a quienes ataquen al personal médico- y aprobaron por mayoría el dictamen. Es cierto: se impusieron ‘candados’ para que sólo quienes están verdaderamente presos de manera injusta puedan ser beneficiarios de esta ley -como ser familiares de delincuentes, no haber utilizado la violencia y ser parte de un sector vulnerable-, pero por el momento dicha ley sólo aplica para quienes han sido procesados en el fuero federal, donde actualmente apenas unos cientos podrían beneficiarse de la misma, en comparación con los miles que están encerrados por delitos del fuero común. Además, la ley otorga hasta cuatro meses a los juzgadores que el Consejo de la Judicatura designe para los casos, lo que no coincide con los tiempos de la contingencia sanitaria -que hasta ahora se prevé termine a finales de mayo, al menos en los Estados menos afectados-. Los resultados de la aplicación de esta ley no se conocerán sino hasta dentro de varios meses, aunque, por las cifras reveladas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sólo 825 personas podrían salir en libertad, un número muy por debajo de los 6 mil 200 previstos por la Secretaría de Gobernación el año pasado.
Javier Ramírez
El pasado 15 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los legisladores federales que aceleraran el proceso de aprobación de la Ley de Amnistía, aprobada por los diputados en diciembre del año pasado, pues podría ayudar a disminuir el riesgo de contagio del Covid-19 en las cárceles, principalmente entre mujeres y adultos mayores.
La liberación de reos era una medida que ya estaba siendo analizada por los Gobiernos de varios Estados, entre ellos Coahuila, Ciudad de México y el Estado de México a fin de descongestionar los centros penitenciarios.
El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta afirmó entonces que se trataba de una decisión correcta, por lo que convocó a los grupos parlamentarios en medio de la contingencia sanitaria para aprobarla cuanto antes.
Reclama el PAN
De acuerdo con el líder morenista, a causa de la pandemia del Coronavirus varios países han estado implementado leyes de amnistía para despresurizar las cárceles y evitar la propagación del virus.
Sin embargo, senadores del Partido Acción Nacional, entre ellos Mauricio Kuri, criticaron que el Morena estuviera dando prioridad al tema, cuando es necesario sacar una ley de emergencia económica para forzar al Gobierno federal a atender a las familias.
De acuerdo con la propuesta del panista, se otorgarían 3,207 pesos a quienes pierdan sus empleos, mientras los pequeños y medianos empresarios recibirían 27,500 pesos.
Acusó entonces al Morena de apoyar a quienes violaron la ley en lugar de a “los millones que vivimos del trabajo y la decencia”.
Al día siguiente Monreal convocó a una sesión ordinaria con carácter de urgente para avalar la Ley de Amnistía, aclarando que ésta no liberará a cualquiera, pues no podrán beneficiarse con ella ni los infanticidas, ni los violadores ni los secuestradores, ladrones o huachicoleros.
La implementación de la ley, dijo, ayudaría a que adultos mayores con enfermedades crónicas, hipertensión o diabetes, enfermedades terminales o mujeres embarazadas, puedan quedar en libertad.
Liberaciones, bajos ciertas condiciones
La sesión finalmente se realizó el pasado 20 de abril en medio de fuertes medidas de prevención entre los senadores. Los partidos de oposición habían amenazado con no presentarse si no se tocaban otros puntos de discusión en el orden del día, lo que a final de cuentas no sucedió, pues la mayoría votó por dejar fuera el plan económico de emergencia propuesta por el PAN, así como la aprobación de medidas punitivas por ataques en contra del personal de los hospitales.
De esta manera, con 63 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, el Senado aprobó el dictamen para expedir la Ley de Amnistía, en beneficio de determinados sectores: mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; indígenas que no tuvieron una adecuada defensa; presos políticos, y jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos.
Para ello, deberán cumplir ciertas condiciones: no ser reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; así como no haber utilizado armas de fuego. Tampoco serán beneficiados quienes hayan sido acusados por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción y ejercicio indebido de funciones.
Dos días después, la Presidencia y la Secretaría de Gobernación publicaron en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Amnistía.
Ley que se queda corta
La norma entró en vigor el 23 de abril, pero dentro de los próximos 180 días las autoridades realizarán un ejercicio de revisión de los delitos que se benefician de la amnistía, con el fin de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.
Por lo pronto, el procedimiento establecido por esta ley mandata la creación de una comisión especial por parte del Ejecutivo Federal, y que el Consejo de la Judicatura designe a los juzgadores que atenderán los casos. Asimismo, da un plazo de 60 días hábiles para cumplir con dichas obligaciones. Pero en el supuesto de que ambos Poderes agilicen los trámites, la ley otorga a la comisión que será creada cuatro meses para resolver sobre los casos de solicitud de amnistía.
Además, la ley sólo aplica para delitos del orden federal, por lo que quedan fuera los presos que estén bajo proceso en el fuero común, es decir, ocho de cada 10 reos. Y los Estados no están obligados a adecuar su legislación.
En diciembre del año pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que de aprobarse esta ley podrían beneficiarse 6,200 reclusos, entre ellos el exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, de quien dijo ya cumplía con los requisitos para concluir su sentencia en prisión domiciliaria.
Sin embargo, de acuerdo con cifras dadas a conocer el pasado 16 de los corrientes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, apenas 825 cumplen con los requisitos para ser beneficiados con la referida ley. De ese número, 185 están recluidos en cárceles federales, mientras el resto permanece en prisiones locales.
Por su parte, Javier Cruz Angulo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), destaca que no hay mujeres condenadas en el orden federal por el delito de aborto. Expone que con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solamente 4,633 de los casi 14 mil reos del fuero federal que había a finales del año pasado obtendrían el beneficio de la amnistía.
En ese sentido, el exministro José Ramón Cossío explicó que son contados los casos de aborto, robo simple o procesos contra indígenas que tienen carácter federal, además de que son muy pocos los acusados por narcomenudeo que son sentenciados en tribunales federales, por lo que consideró que será muy baja la cantidad de personas que puedan ser liberadas.