La última palabra
Por Jorge A. Martínez Lugo
Mediante “pago por evento”, CJ aprobó la reforma con diputadas y diputados de Morena, Verde y PT que votaron junto con PAN, PRI, PRD, en la peor Legislatura en la historia del estado: la XVI.
Igual que Roberto Borge con su “paquete de impunidad”, Carlos Joaquín sí reformó la Ley de Entrega-Recepción con apoyo de la 4T para blindarse, después del caos financiero, pago de favores financieros a los grupos Puebla y Morelos, deuda oculta y saqueo.
Reyna Arceo tiene razón sí y no.
La Ley fue reformada a última hora del funesto sexenio 2010-2016, con la intención de blindarse; entonces, mediante el “pago por evento” que prevaleció en aquella legislatura, Carlos Joaquín aprobó la reforma con casi unanimidad de diputadas y diputados de la 4T (incluyendo a Euterpe Gutiérrez Valasis, cuidando ahora el otro flanco), ratificando su calidad de peor Legislatura en la historia de Quintana Roo: la XVI. El único que votó en contra fue el diputado Roberto Erales Jiménez, de las pocas voces críticas de la XVI.
No solo eso, Erales Jiménez presentó una iniciativa de avanzada, aprobada en comisiones, pero desechada, una ley que sólo cinco Estados del país tienen, está en los archivos y la pueden revisar; está bien hecha, con mucho trabajo de investigación en materia de entrega recepción. Ahí están las herramientas suficientes para aplicar responsabilidades y procesos a los corruptos, pero prefirieron alinearse con la iniciativa del Ejecutivo diseñada para la impunidad.
Tiene razón en parte Reyna Arceo Rosado, la experta en enterrar cadáveres financieros públicos, al denunciar la “incapacidad” de la Secoes, de la que ella misma es titular, y no hacer justicia ante el saqueo de Carlos Joaquín, se justificó.
AVÍSENLE A LA GOBERNADORA: JULIÁN
De este modo salió al paso ante el sugerente planteamiento de Julián Ricalde, quien le propuso: “lo mejor que podrías hacer ‘Reynita’ es cuando menos inhabilitar a algunos” no sin antes sostener que la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa “están para llorar, no se cómo se siguen sosteniendo porque es una ruta para la impunidad”. Remató: “Si no hay nada, avísenle a la gobernadora para que ya no maneje la corrupción del pasado”. De la Auditoría Superior del Estado, que depende de él en el Congreso, ni media palabra.
CJ, MERCENARIO DE LA POLÍTICA
La titular de la Contraloría estatal, en su comparecencia, pidió a la actual XVII legislatura que cambie esa ley, porque fue hecha para proteger a los funcionarios, a Carlos Joaquín, mercenario de la política.
TODAS LAS DEFICIENCIAS DEL MUNDO
“Tiene todas las deficiencias del mundo”, sostuvo Arceo, para justificar su inacción ante la impunidad, cuando ella y la Auditoría del Estado tienen esa grave responsabilidad, obstaculizada por una ley guanga y permisiva, sí, hecha a modo y ya de salida; pero usada como argumento perfecto, para justificar su no-acción administrativa y judicial ante una mala ley (mensaje oculto: y no por la falta de voluntad política ante el pacto de impunidad AMLO-CJ). Abusada con el discurso de la palabra, la contadora de los números.
LEY EXHAUSTIVA PARA MUNICIPIOS Y LAXA PARA EL ESTADO
Aquella ley de 2016 hoy vigente, agregó seis nuevos artículos, del 29 al 34, en los que la normatividad para los gobiernos municipales es exhaustiva, mientras, para el Gobierno estatal es laxa, por decirlo de manera eufemística.
De los seis nuevos artículos, sólo uno es para el Gobierno estatal y cinco para los municipios. Así está la entrega-recepción hoy; ni en los peores tiempos del viejo PRI, con una ley diseñada para la impunidad, ideal para el pacto por la entrega de Quintana Roo a Morena.
Muy laxa para el Gobierno estatal, al menos, en cuanto a los requerimientos documentales que se exigen, pero exhaustiva para los gobiernos municipales.
INCLUIR DEUDA PÚBLICA EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN
Otro tema en la entrega-recepción del Ejecutivo: tampoco se observa el tema de la deuda pública, considerando su delicada importancia, por lo que sería parte de la reforma que pidió Reyna Arceo ante la XVII Legislatura, para que se obligue al Ejecutivo en este tema a una mayor transparencia. La deuda es tabú en la Ley de Entrega-Recepción. A los municipios sí se les pide el tema de la deuda al Gobierno estatal, no.
Sin embargo, la diputada Gutiérrez Valasis no recuerda nada… y si no lo recuerda, entonces, no sucedió. Amnesia política. Usted tiene la última palabra.