Signos
Sí, una abrumadora ralea política verdemorenista se ha subido a la aplanadora de la popularidad triunfante de Andrés Manuel y ocupará cargos esenciales de Gobierno y representación en el país que harán la bonanza privada de ellos mismos y de los grupos delictivos de su verdadera pertenencia. Y si la hoy virtual Presidenta del país asume, al cabo, sus verdaderos fueros de mandato regenerador de la moral pública y de combate a la impunidad que expande la violencia criminal, deberá empezar por someter esa emergencia impostora e imponer en sus territorios a merced del hampa la fuerza del Estado de derecho; la renovación estructural de las instituciones republicanas relativas, sobre todo, a la persecución del delito y a garantizar la seguridad y la paz social; y una contundente jerarquía federal de coordinación e integración de las autoridades políticas, judiciales y legislativas de todos los niveles del Estado nacional, que posibilite la superior reducción de las opciones que permiten a los mandos institucionales más descompuestos y corruptos -como entre los policiales, los ministeriales y los jurisdiccionales- el libertinaje con que operan sus decisiones y les permite el arbitrio de favorecerse a sí mismos, de lucrar con sus posiciones de poder, y de estimular la ilegalidad que incrementa el delito y la actividad de los grupos criminales de los que forman parte o a los que incentiva su inmoralidad, la desafección a su encargo público y su incompetencia.
Porque habría que entender que las grandes mayorías electoras votaron el pasado dos de junio por los beneficios que reconocen sólo en el liderazgo presidencial de Andrés Manuel. Y, salvo excepciones críticas, han elegido también a lo peor de la legión de candidatos verdemorenistas, como en Quintana Roo, y que hacen la contundente mayoría del país, asumiendo que forman parte del legado obradorista. Tal es la mayor evidencia del déficit democrático que ha consagrado la fidelidad popular al jefe máximo de la llamada ‘cuarta transformación’: se ha votado en favor los que parecían representar su causa moralizadora y por los pobres, y que han camuflado en su postulación mercenaria lo peor de la política, lo mejor de la delincuencia y lo que más daño le hace al país. Otra cosa sería, claro está, que la voluntad popular electora supiese discernir entre un liderazgo superior y la masividad perversa que simula ser de su misma clase. Y claro está, también, que quizá valga la pena, por ahora, que el mayoriteo obradorista contra los opositores sirva para reformar la Constitución y el sistema de Estado impuesto con tantos execrables privilegios para las minorías por el desplazado presidencialismo neoliberal de la oligarquía salinista perdedora. Pero detrás de los números parlamentarios que hacen falta para las transformaciones constitucionales urgentes están las premisas de un nuevo liderazgo alternativo capaz de contener el sargazo político del verdemorenismo que ha llegado con el legado obradorista ganador de la Presidencia de la República y de casi todo. Contener esa ralea oportunista e imponer la jerarquía presidencial federalista e integradora para inhibir la corrupción y la impunidad en los Poderes republicanos estatales y municipales que impulsan -cómplices o sometidos – la violencia, el delito y la inseguridad, tiene que ser el mayor de los afanes y de los éxitos del mandato presidencial por venir. Y el de los ciudadanos, saber distinguir entre los partidos y a la hora de las urnas lo que sirve de lo que no sirve. Seguir igual es seguir haciendo una democracia guadalupana de fanatismos y absolutos, donde los entusiasmos fervorosos igual pueden elegir a un personaje competente, creativo, de buena fe y compromiso con los más abandonados y vulnerables, que a otro capaz de entender su popularidad como un recurso de poder sin más límites que los de Dios y su albedrío.
SM