Javier Ramírez
Antes de ser extraditado, Emilio Lozoya Austin reveló en España nombres, montos y fechas relacionados con los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht entregó entre 2010 y 2014 para poder afianzar sus negocios en el país.
Un porcentaje de ese dinero fue a parar directamente al Partido Revolucionario Institucional, mismo que lo utilizó para financiar las campañas de sus candidatos, entre ellos la presidencial del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cuyo coordinador fue el mismo Lozoya.
Horas antes de asumir la Presidencia de la República, Peña Nieto nombró a Lozoya Austin director general de Petróleos Mexicanos, donde operó para impulsar el Pacto por México y la Reforma Energética de 2013 con el apoyo -comprado- de los panistas y los perredistas.
Hoy día, un amparo del 2018 impide ejercer acción penal por el financiamiento ilícito de las campañas electorales del 2012, pero la negación de otro –por parte de la misma jueza que otorgó el primero- permite que se haga en el caso del que se operó en las de 2015.
Caso Agro Nitrogenados
El pasado 28 de julio, Emilio Lozoya tuvo su primera comparecencia –virtual- ante la Fiscalía General de la República, como parte de la investigación del caso Agro Nitrogenados, planta subsidiaria de Altos Hornos de México, que Pemex compró en 2013 por un monto de 275 millones de dólares más IVA. La planta estaba en tan mal estado que los costos para ponerla nuevamente en operación pasaron de 195 millones de dólares a 443 millones.
En esa misma comparecencia, la FGR le imputó delitos por la compra de una residencia en la Colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, la cual se presume adquirió con parte de los tres millones de dólares que recibió tras un favor al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por la venta de la planta de Agro Nitrogenados.
Sin embargo, Lozoya Austin, desde el hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México, se dijo inocente, afirmando ante el juez José Zúñiga Mendoza que fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”. Expuso que denunciaría y señalaría a los autores de dichos hechos, y reiteró su “compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano”. Asimismo, afirmó que dicho inmueble fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública desde que inició su gestión como director de Pemex.
La Fiscalía le notificó sobre la investigación en contra de él, su hermana Gilda Margarita, y el expresidente de Altos Hornos de México, “por la adquisición de un bien inmueble a cambio de un favor”. De acuerdo con la investigación, Lozoya “transfirió, de junio al 28 noviembre 2012, tres millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México S.A. de C.V., a una cuenta de la que es beneficiaria su hermana sin que se identificara origen de la transferencia”.
Por su parte, representantes de Pemex validaron los argumentos presentados por la Fiscalía y aseguraron que “las conductas del imputado causaron daño a la paraestatal”, pues Agro Nitrogenados estaba obsoleta al estar fuera de operación desde 1999.
Se indicó que era responsabilidad de Lozoya buscar mecanismos que beneficiaran a Pemex, pero en su lugar ocasionó un daño por cuatro mil 206 millones 652 mil 220 pesos en Pemex Fertilizantes Pacífico S.A. de C.V., que hasta la fecha no presenta panorama de recuperación.
Finalmente, la FGR vinculó a proceso a Lozoya por el delito de operaciones de procedencia ilícita y solicitó medidas cautelares para el detenido, pero sin solicitar la prisión preventiva, porque el mismo está en calidad de “testigo colaborador” y es candidato al derecho del llamado “criterio de oportunidad”, que implica el favor de la libertad a cambio de la incriminación probada de otros inculpados mayores.
Caso Odebrecht
Al día siguiente se llevó a cabo la segunda audiencia del exfuncionario. La Fiscalía General de la República lo acusó de recibir sobornos por más de 10 millones de dólares a cambio de contratos de la empresa brasileña Odebrecht.
El juez Juan Carlos Ramírez Benítez le informó que es señalado de los delitos de recursos de procedencia lícita, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.
De acuerdo con la FGR, Lozoya “intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de la campaña presidencial del 2012” cuyo candidato era Enrique Peña Nieto.
Odebrecht en México era dirigida por Luis Alberto Meneses Weyll, quien constantemente se reunía con Lozoya para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos Estados del país, Veracruz e Hidalgo, principalmente. Además, Lozoya le ofreció un cargo en la administración pública, en caso de que su partido llegara a ganar las elecciones, en 2012.
La FGR señaló que a una cuenta de la madre de Emilio Lozoya se transfirieron 185 mil dólares y un millón 200 mil dólares por un inmueble en Ixtapa, Zihuatanejo, los cuales tienen origen ilícito. Lozoya, cuando llegó a director Pemex, en su declaración patrimonial dijo ser titular de la cuenta junto con su madre. También usó una cuenta en Alemania.
Asimismo, aseguró que testigos protegidos en Brasil declararon que entre 2011 y 2014 se pagaron sobornos por 10.5 millones de dólares en México para que Odebrecht asegurara contratos en diversas obras públicas, que les significó un beneficio de 39 millones de dólares.
Los testigos a los que hace referencia la FGR, son Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, y Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quienes “detallaron que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por un monto de 431 millones de dólares en países africanos y latinoamericanos a fin de garantizar negocios; por estas acciones, Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 mil millones de dólares”.
La Fiscalía aseveró que los sobornos de Odebrecht fueron para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. “Hubo dos pagos por 4 millones de dólares durante la campaña de Peña Nieto y otro por 6 millones de dólares cuando Lozoya fue director de Pemex”.
Lozoya se declaró inocente y utilizó la misma estrategia que en el caso Agro Nitrogenados, expresando al juez que está buscando un “criterio de oportunidad” y ofrecer información importante a la FGR a cambio de entregar información relevante para que se castigue a los responsables de delitos, a quienes también denunciará por haberlo presionado e intimidado.
El juez vinculó a proceso a Lozoya por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y el de cohecho, y decretó su libertad condicional.
Por su parte, la FGR solicitó al juez que se otorgue un plazo de seis meses para la investigación complementaria, por lo que se fijó el 31 de enero de 2021 como fin del mismo.
Red de corrupción
Unos días antes de que compareciera se dieron a conocer las declaraciones hechas por el exdirector de Pemex durante su detención en España, con las que involucró a importantes personajes de la política mexicana.
De acuerdo con información dada a conocer, entre 2013 y 2014 Odebrecht entregó 80 millones de pesos a senadores del Partido Acción Nacional para que se aprobara la llamada Reforma Energética. Entre los beneficiados estuvieron Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón; los actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, respectivamente; Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas.
También fueron entregados, el 8 de agosto de 2014, 6.8 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya; 34 millones para el director de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar, quien era muy cercano a Peña Nieto; y al menos 12 millones más para funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Hacienda.
Se señaló que Enrique Peña Nieto, primero como gobernador del Estado de México y luego como presidente del país, fue el principal orquestador de la red de corrupción, junto con su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Ambos trabajaron en complicidad con el Partido Acción Nacional para garantizar la supervivencia de quien sería el principal enlace entre ambos Gobiernos federales: José Antonio Meade Kuribreña, quien también formó parte del Consejo de Administración de Pemex y que en 2018 buscaría la Presidencia de la República.
Hasta ahora, el único que ha respondido las acusaciones ha sido Ricardo Anaya, quien negó haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética de Peña Nieto y acusó que los señalamientos en su contra son una estrategia para golpearlo dé cara al proceso electoral del próximo año.