CIUDAD DE MÉXICO.- México perdió la disputa de maíz transgénico que interpuso Estados Unidos en el marco del T-MEC, pues el panel concluyó que las medidas que puso en práctica la autoridad mexicana en 2023 sobre el grano genéticamente modificado violan el acuerdo comercial al no sustentarse en bases científicas.
A casi año y medio de que fue solicitado el proceso por el gobierno estadunidense, el panel emitió su informe final este viernes.
La Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) indicó que el grupo de expertos estuvo de acuerdo con las siete reclamaciones legales, por lo que concluyó que las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que México acordó proporcionar en el T-MEC
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De acuerdo con las reglas del pacto comercial, México tiene 45 días a partir del 20 de diciembre para adecuar las políticas sobre el maíz transgénico, lo que implica dar marcha atrás al decreto emitido en febrero de 2023.
Al respecto, las secretarías de Economía y de Agricultura manifestaron, en un comunicado conjunto, que “el Gobierno de México no comparte la determinación del panel, pues considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es Parte. A pesar de ello, el gobierno de México respetará la determinación, ya que el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave de dicho tratado, como quedó demostrado en el caso sobre Reglas de Origen del sector automotriz que resultó favorable para México”.
Además, reiteró “su compromiso de proteger valores fundamentales como la salud, la moral pública, la conservación de los recursos naturales, la cultura de la población mexicana y los derechos de los pueblos indígenas, los cuales fueron reconocidos por el Panel como preocupaciones legítimas. México, a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y sus demás dependencias, seguirá buscando reivindicar los derechos de todos los mexicanos y mexicanas, de conformidad con las obligaciones internacionales que ha adquirido”.
Fuente: La Jornada/Contralínea