CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la votación de los artículos reservados de la Ley de Amparo, el Senado de la República aprobó al filo de la medianoche de este miércoles, con mayoría de Morena y aliados, una reserva propuesta por el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara que viola directamente el artículo 14 de la Constitución, el cual prohíbe que las leyes tengan efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna.
La modificación establece que los juicios de amparo que ya están en trámite deberán resolverse conforme a las nuevas reglas contenidas en la reforma a la Ley de Amparo.
En otras palabras, quienes promovieron amparos bajo la legislación vigente perderán el derecho a que su caso se resuelva conforme a las normas que existían cuando presentaron su demanda.
De acuerdo con la emecista Alejandra Barrales, este criterio afectará a 706 mil juicios de amparo existentes.
Durante casi seis horas de sesión, los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alertaron que la reforma es un retroceso peligroso; que el amparo ahora es “un desamparo” y hoy se cuida al gobierno de “los abusos de los ciudadanos”, cuando siempre fue que los ciudadanos eran los que debían estar protegidos frente a los abusos del poder.
La retroactividad ocurre cuando una ley nueva se aplica a hechos o procesos pasados. Por ejemplo: si alguien presentó un amparo con base en las reglas de 2024, pero en 2025 cambian esas reglas y ahora su caso debe juzgarse bajo las nuevas disposiciones, esa persona queda en desventaja, pues el terreno legal en el que inició su defensa se modifica a mitad del camino.
El artículo 14 constitucional indica:
- Ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de las personas.
- Las sentencias deben dictarse conforme a la ley vigente en el momento en que ocurrieron los hechos.
- Nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio justo conforme a la legislación previa.
Modificaciones de Morena a la reforma de la Ley de Amparo
Entre los ajustes más relevantes introducidos por Morena a la reforma de la Ley de Amparo destacan:
- Redefinición del interés legítimo
Ahora el quejoso deberá demostrar una lesión real y diferenciada, descartando amparos sobre supuestos hipotéticos.
- Restricción de la suspensión
Se limitan las suspensiones provisionales, sobre todo en casos de bloqueo de cuentas y deuda pública, en las que los promoventes deberán probar la licitud de sus recursos.
- Creación de plazos y sanciones
Se fijan tiempos específicos para el cumplimiento de sentencias y sanciones a autoridades que desacaten órdenes judiciales.
- Implementación del juicio de amparo digital
Se establece un marco legal para llevar el proceso de manera virtual, con salvaguardas para quienes carezcan de acceso tecnológico.
- Limitación en la ampliación de la demanda
Sólo podrá hacerse en casos previstos expresamente en la ley, con el fin de acelerar la tramitación.
- Cumplimiento y ejecución de sentencias
Se endurecen las reglas para garantizar que las resoluciones judiciales se acaten en tiempo y forma.
- Armonización normativa
La ley se adapta al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Críticas y preocupaciones
La senadora priista Carolina Viggiano acusó a Morena de cometer una “violación flagrante” a la Carta Magna:
“Pretender que los juicios en trámite se resuelvan con base en la nueva ley es una contradicción directa a nuestra Constitución. Con esto se rompe la confianza en el sistema judicial y se dejan a los ciudadanos indefensos”.
Viggiano advirtió que con esta medida amparos ya admitidos —incluidos los relacionados con temas fiscales, ambientales o de derechos humanos— podrían perder validez, al imponerse nuevos requisitos que no existían cuando se promovieron.
Si la reserva se mantiene en la versión final de la reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir si la aplicación retroactiva de la nueva Ley de Amparo es válida o si, como sostienen los críticos, constituye una violación constitucional.
Por lo pronto, la aprobación en el Senado abre una nueva batalla legal y política: mientras Morena defiende que la reforma “moderniza la justicia”, la oposición asegura que se trata de un retroceso histórico que vulnera una de las garantías más importantes para los ciudadanos: el derecho a defenderse del poder público sin que las reglas cambien en medio del proceso.
Fuente: El Sol de México/Excélsior