La nota rosa
Por Flor Tapia
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su análisis de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamado “Plan B”, que pretendía modificar las leyes electorales y que el Congreso de la Unión aprobó de manera urgente, lo declaró un riesgo a la equidad para partidos y los candidatos. El 8 de mayo del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió su inconstitucionalidad y declaró su invalidez.
A su vez, el mismo instituto ha sido enfático sobre los riesgos que actualmente corren las autoridades electorales, consejeros electorales y magistrados, por la injerencia del crimen organizado. En 2021, la consultora Integralia concluyó que el crimen organizado había interferido en los procesos electorales políticos en gran parte del país, financiando campañas e intimidando a candidatos, con un saldo de 102 homicidios dolosos de personas relacionadas con la política. Treinta y seis eran candidatos a cargos de elección popular.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que el crimen organizado toma partido por algún candidato para tener el control de los Municipios o Estados. Y su estrategia más agresiva de acusarlos con sus papás y abuelitos no funcionó para frenar esta problemática que como siempre lastima al país, y que le hace mucha gracias al mandatario.
El intercambio entre administraciones corruptas y el crimen organizado se traduce en beneficios millonarios para ambas partes, ya que a través de empresas fantasma se facilita lavar dinero en los sectores inmobiliarios y comerciales. Si alguna de las partes no cumple, pasa algo como la detención de aquella camioneta de Sesa, que iba repleta de droga, que no era su primer viaje pero que de pronto un día fue detenida. Claro está, sin mayores consecuencias, por el nivel de autoridades involucradas.
El pasado 19 de junio, el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi, fue secuestrado y liberado un par de horas después. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado afirmó que sólo había recibido algunos golpes que no ponían en riesgo su vida, y se trató de minimizar la agresión al magistrado como un simple robo. Lo dramático es que si el magistrado hubiera desaparecido o asesinado tampoco se hubiera sabido nunca las causas. La Fiscalía General del Estado no ha hecho detenciones del grave hecho. Las autoridades mexicanas siempre pueden contar con el olvido de los asuntos incómodos. Tampoco se tiene ninguna declaración del magistrado por lo sucedido, quien ya regresó a sus funciones, pero se cuida de aparecer en eventos donde pueda recibir algún cuestionamiento. ¿Podrá la ciudadanía confiar en la limpidez de los fallos que dicte el magistrado después del secuestro?
Otro secuestro, el del hermano del diputado local, Omar Rodríguez Martínez a manos de al menos 10 individuos junto con un amigo, al que acaban de encontrar asesinado, da cuenta de la vulnerabilidad de los acuerdos que pudieron haber llevado al funcionario al Congreso, o que pretenden su reelección para concluir compromisos. En ambos casos el denominador en común es el crimen organizado.
La temida pregunta es: ¿al llamado de quién responderán los cárteles para las elecciones de 2024 a la Presidencia de la República? Las elecciones de 2021 quedarán en la historia de México como el año en el que el crimen organizado impuso a sus candidatos, y el gobierno federal maliciosamente calló. A México lo arrodillaron ante la delincuencia y quienes deben protegerlo están en la lucha por adquirir más poder. Las felicitaciones del primer mandatario de la Nación a los narcos por portarse bien, teniendo el sexenio más violento en la historia de México, con 156 mil 136 asesinatos, según cifras oficiales, resulta incomprensible. La violencia en un problema que el mandatario no pudo resolver pero sí logró empeorar.