Los dirigentes de las diversas cámaras empresariales y asociaciones hoteleras de la entidad han vuelto a mostrar el colmillo al escuchar el plan de rescate económico presentado hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de no brindar apoyos suficientes para proteger al sector turístico. Usando como argumento la recomendación hecha por la Organización Mundial de Turismo para que los Gobiernos de los países enfoquen sus recursos en salvar a la llamada ‘industria sin chimeneas’ que aporta –les gusta insistir- el 11 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, los hoteleros y empresarios turísticos se victimizan como el único sector que ha sido duramente golpeado por la contingencia sanitaria, y como si no fueran quienes más ganancias han reportado en los últimos años en México –cerca de 12 mil millones de dólares tan sólo en el primer semestre del año pasado, según cifras dadas a conocer por el INEGI-. Es cierto que el Gobierno federal ha incumplido hasta ahora con la instalación de la Secretaría de Turismo en Chetumal, pero olvidan que también serán los principales beneficiados por la construcción y puesta en marcha del Tren Maya que incrementará a cuatro millones el número de visitantes al sureste mexicano, incluso en regiones que hasta el momento no han sido ‘invadidas’ por los complejos turísticos. Sus peticiones de recibir más incentivos fiscales son prácticamente una burla y no tienen razón de ser, pues además el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos les están ayudando ya en ese sentido para evitar que sigan despidiendo a su personal. En sus demandas, no consignan los miles de millones de dólares que ya ganó el sector de los grandes hoteleros, y cuyo cumplimiento cabal de las obligaciones fiscales sobre dichas ganancias, más el pago de los adeudos pendientes a la autoridad tributaria, harían posible el beneficio financiero para quienes más lo necesitan: los pequeños empresarios de esa industria y los de otros giros. Las utilidades alcanzan para la operación de los grandes negocios, y sus contribuciones fiscales para el funcionamiento de muchas pequeñas empresas. Los grandes ricos exigen algo que ellos no son capaces de dar: respaldo y reciprocidad. ¿Por qué no negociarla: ‘pago ahora lo que debo y financio el funcionamiento de mis empresas y el salario de mis empleados con mis utilidades, y tú, Gobierno, me respaldas después con tolerancia fiscal y financiamiento público en caso de necesitarlo? ¿Por qué reincidir en lo mismo de siempre: compararse los grandes con los chicos como si la rentabilidad empresarial fuera la misma, y como si los muy grandes dejaran de lado el pago de sus impuestos por las mismas razones que la mayoría de los chicos: por insolvencia?
Javier Ramírez
La contingencia sanitaria provocada por la propagación del coronavirus y que ha puesto en cuarentena a miles y paralizado la actividad económica en casi todo el mundo, podría extenderse más allá de este mes de abril. Por ello, los Gobiernos ya comenzaron a trazar estrategias para que, una vez concluida la emergencia, se puedan reactivar lo más rápido posible los trabajos y generar empleos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 5 de abril el plan con el que se echará a andar nuevamente la económica mexicana, pero disgustó a la mayoría de los magnates empresariales que buscaban –como en todas las crisis, donde los mandatarios federales se han puesto a su servicio- complacencias fiscales, aun cuando el jefe del Ejecutivo exhibió a muchos de ellos como evasores, deudores y especuladores tributarios pese a sus astronómicas ganancias privadas.
La mayoría de los grandes ricos consideran -a través de sus organismos gremiales y poniendo por delante a los pequeños empresarios de la clase media- que los apoyos serán limitados, enfocados más en continuar con los programas sociales e inyectar recursos a las tres principales obras de inversión pública del sexenio, y que en realidad no prevén la magnitud del problema que se avecina, principalmente en Quintana Roo, donde los empresarios –entre los cuales los grandes hoteleros e inversionistas turísticos ganaron unos 5 mil millones de dólares el año pasado- han visto incumplidas, dicen, las promesas hechas por el Gobierno federal.
Más austeridad
El plan presentado por López Obrador está basado en tres ejes principales: inversión pública y social, generación de empleos y profundización de la austeridad de la administración pública federal.
De acuerdo con lo informado por el presidente, el programa está enfocado en ayudar a los trabajadores informales y a las micro y pequeñas empresas, que serán los más golpeados por la contingencia sanitaria.
Detalló que además de que no habrá nuevos impuestos, se otorgarán 500 millones de créditos de 25 mil pesos en promedio a las empresas familiares del sector formal y otros tantos a las del sector informal, se devolverá el IVA en pocos días, se incentivará la compra de vivienda con créditos a los trabajadores y se presentará un plan de inversión en infraestructura para reactivar la industria de la construcción.
Asimismo, confirmó que se bajarán los sueldos de los altos funcionarios, además que este año no recibirán aguinaldo desde los subdirectores hasta el propio presidente. También se reducirán los gastos de publicidad, las partidas de viáticos y se buscará obtener más recursos con las subastas de las propiedades aseguradas a los criminales.
De igual manera, reiteró que seguirán los trabajos para la construcción del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas, con lo que, dijo, se ayudará al plan de crear al menos dos millones de empleos durante los próximos nueve meses. Además, Pemex tendrá 65 mil millones de pesos adicionales al reducirse su carga fiscal.
Iniciativa privada, preocupada
Sin embargo, los gremios empresariales aseguran que dichas medidas son insuficientes y no impedirán que este año se pierdan al menos un millón de empleos formales, además de que el Producto Interno Bruto caería entre 7 y 10 por ciento.
Indicaron que para que las empresas no caigan en la insolvencia es necesario que el Gobierno federal posponga el cobro de impuestos, subsidie una parte del salario de los trabajadores, o garantice todos los préstamos para que los bancos abran la llave del crédito.
Advierten que si bien las grandes empresas podrán sobrevivir a la crisis, las micro, pequeñas y medianas, que brindan 7 de cada 10 empleos, tendrán problemas de liquidez y terminarán quebrando.
“Si no hay un apoyo directo de diferimiento de pagos a las micro, pequeñas y medianas empresas, no hay modo de que se puedan salvar gran parte de ellas”, advirtió José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).
Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), criticó que, en plena emergencia, el presidente continuará con su divulgación ideológica, “embistiendo fantasmas del pasado”, en lugar de tomar decisiones propias de un jefe de Estado para unir a la nación.
Pero el presidente les reviró que, en lugar de poner por delante los problemas de los pequeños empresarios, los líderes empresariales le ayuden al Gobierno a cobrar las deudas fiscales que los grandes magnates tienen con el fisco, con lo cual su administración incrementaría, de uno a tres millones, el número de pequeñas empresas beneficiarias de los créditos gubernamentales, puesto que el impago de impuestos de algunos de los grandes ricos asciende a los 50 mil millones de pesos.
Estrategia, sin enfoque al turismo, claman
Mientras tanto, en Quintana Roo, los empresarios hoteleros se muestran preocupados de que para el Ejecutivo federal el turismo pueda ser prescindible, al no ser incluido dentro del plan de rescate, a pesar de que en 2019 aportó el 8.7 por ciento del PIB y generó 2.3 millones de trabajos.
Y es que el desplome al 0.3 por ciento de la actividad turística en los principales destinos de Quintana Roo ha impactado por la pérdida de alrededor de 64 mil empleos, además de que también han resultado afectados los proveedores, cuyas familias dependen de la llegada de los turistas para subsistir, como ya dimos cuenta en reportajes anteriores.
Pero una cosa son los grandes corporativos y otra las empresas menores
José Fernández Carrillo, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C. (AMHM) en Chetumal –donde, en efecto, los centros de hospedaje son, sobre todo, pequeñas o medianas empresas-, refirió que han dirigido comunicados a los titulares de las secretarías de Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, Miguel Torruco Marqués y Arturo Herrera Gutiérrez, respectivamente, en los que destacan la importancia del sector turístico para la economía nacional, siendo fuente de empleos para más de 200 mil familias.
Indicó que si bien comparten el propósito del Ejecutivo Federal de tener como prioridad ayudar a las clases más desfavorecidas, ello no será posible si los turisteros se ven “asfixiados” con las obligaciones fiscales que tienen.
Por su parte, Alberto Solís Martínez, de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos, A.C. (Acotur), aseguró que hay unidad y congruencia del sector empresarial por acatar con responsabilidad las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno mexicano, pero enfatizó que “los apoyos fiscales ofrecidos por el Gobierno federal recientemente son claramente insuficientes para paliar la complicada situación que enfrenta el sector productivo. No se han puesto a pensar que si no apoyan a las empresas no podrán mantenerse los empleos”, advirtió.
Destacó que por ahora cumplen las instrucciones de esperar y aguantar que pase lo peor de la pandemia, pero “no sabemos por cuánto tiempo más podremos hacerlo”.
Columna tendenciosa