CHETUMAL.- A más de tres meses de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio por daños ecológicos en el Estero de Chac, municipio de Othón P. Blanco, las obras en el sitio continúan sin freno. Las lonas de clausura fueron retiradas y, pese a las evidencias de nuevas intervenciones, la autoridad federal no ha regresado para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas.
El terreno, ubicado detrás del antiguo campamento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), muestra un avance notorio de las construcciones. Palapas, un andador de madera y zonas rellenadas con sascab —que afectan directamente los humedales— ahora lucen cubiertas con pasto recién sembrado, en lo que pobladores describen como un intento por “disfrazar” las modificaciones ilegales al ecosistema.
Vecinos de la zona confirmaron que los trabajadores continúan ingresando de manera intermitente para realizar labores de mantenimiento y siembra, sin presencia alguna de inspectores o personal ambiental.
Ejidatarios de Juan Sarabia exigieron la intervención inmediata de la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al advertir que la falta de vigilancia permite que los infractores sigan dañando un entorno natural de alta fragilidad ecológica.
Acusaron directamente al ex comisariado ejidal, Ernesto Haro Gutiérrez, de estar detrás de las obras. Señalaron que el mismo individuo ha sido vinculado anteriormente con el relleno de humedales y la construcción irregular de estructuras turísticas en el sur del estado, sin contar con los permisos ambientales correspondientes.
Durante la diligencia realizada en julio pasado, inspectores federales documentaron la colocación de material pétreo, la construcción de tres palapas, una cabaña, baños y un andador de concreto cubierto con madera. Al no encontrarse responsable alguno en el sitio, la Profepa ordenó la clausura total temporal y abrió un procedimiento administrativo para determinar el nivel del daño ecológico.
Desde entonces, la dependencia no ha regresado al lugar. Su ausencia pone en duda la eficacia de los operativos ambientales en la región y envía —según los ejidatarios— un mensaje de permisividad frente a quienes continúan alterando ecosistemas protegidos como el del Estero de Chac, hábitat de manglares y palma chit, especies sujetas a protección especial conforme a la legislación mexicana.
Los pobladores reiteraron su exigencia de que las autoridades ambientales actúen con firmeza, apliquen sanciones ejemplares y garanticen la restauración integral del área afectada.