CANCÚN.- El Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados oficializó la sanción sobre la expresidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, quien no podrá ejercer como funcionaria hasta el 21 de abril del año 2044.
La exalcaldesa de Puerto Morelos está obligada a pagar la cantidad de más de 78 millones de pesos derivado de la sanción económica y el daño patrimonial al municipio portomorelense.
Este día se dio a conocer la inscripción del nombre de Laura Lynn Fernández Piña ante el sistema de registro público de servidores sancionados, el cual no le podrá extender ningún tipo de constancia que la pueda liberar de algún tipo de responsabilidad pública.
De acuerdo con el resolutivo, Fernández Piña omitió arbitrariamente ejercer sus facultades y atribuciones de vigilar que el gasto municipal por conducto de la Tesorería Municipal y la Dirección de Egresos se realice conforme al presupuesto aprobado para los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
“En específico lo relacionado al pago de los conceptos de cuotas obrero patronales cesantía vejez y retiro en el periodo correspondiente del mes de enero 2020 a septiembre de 2021 en perjuicio de los trabajadores municipales y ocasionando un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por el monto de setenta y ocho millones novecientos cuatro mil ochenta y seis pesos punto cero un centavos moneda nacional”(sic), se lee en el resolutivo.
Es decir, Laura Fernández Piña actuó contra los fondos de retiro de los trabajadores municipales que se pueden apreciar en los beneficios de las pensiones.
Estos actos se derivan del expediente 16/2024-SU4-II dictado por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, la cual recibió la demanda de responsabilidad administrativa por parte del ayuntamiento de Puerto Morelos, en un juicio iniciado en el primer semestre del año pasado.
El mes pasado, al darse a conocer su inhabilitación, la exalcaldesa negó haber cometido alguna falta. Justificó el atraso en el pago de cuotas obrero-patronales como una consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
Además, aseguró que no fue debidamente notificada del procedimiento en su contra, iniciado por la Contraloría municipal. También señaló que había interpuesto un amparo y que, en una audiencia celebrada en febrero, aún no había una resolución definitiva sobre el caso.
Sin embargo, este último dato es incorrecto, ya que el Juzgado Octavo resolvió sobreseer su amparo, lo que confirma la vigencia de las sanciones dictadas por el Tribunal.
Fuente: Sol Q. Roo/NewsDay