CIUDAD DE MÉXICO.- La oposición en el Senado impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las reformas del Gobierno de Andrés Manuel López Obradores que entregan el control de los puertos a la Secretaría de Marina (Semar), a partir de junio próximo. Los legisladores interpusieron una acción de inconstitucionalidad, la cual ya fue turnada a una ministra del máximo tribunal del país para que defina en los próximos días si admite trámite este medio de control.
Los senadores piden a la SCJN invalidar las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos para trasladar las facultades del control y administración de los puertos del país de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Semar.
“La impugnación se realiza en tanto que la reforma, por un lado, transfiere las facultades de marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Semar, y por otro, transfieren las facultades en materia de seguridad de puertos de la autoridad civil a la Semar, en tanto autoridad castrense”, detalla el recurso.
Las reformas establecen que la Secretaría de Marina será responsable de ejercer la Autoridad Marítima Nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales; así como, en su caso, aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia.
Entre las facultades que se dan a la Marina están la de administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios.
El 7 de diciembre pasado, López Obrador publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se el jefe del Ejecutivo federal fijó un plazo de 180 días para la entrada en vigor de ese traslado de facultades.
En estos seis meses, la Semar también tendrá que expedir, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir, las modificaciones del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del Reglamento de la Ley de Puertos, del Reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria y de las disposiciones administrativas correspondientes.
El presidente nombró a Ana Laura López Bautista como coordinadora General de Puertos y Marina, quien será la responsable de esta transición.
Fuente: Milenio