CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) informó a la Cámara de Diputados que inició 16 expedientes relacionados con los hechos difundidos recientemente sobre el organismo y otras 25 investigaciones en materia de contrataciones. También notificó 45 cédulas de observaciones preliminares y, en tres de cuatro casos, emitió una calificación de ocultamiento de conflicto de interés.
En el documento, su titular, Víctor Hugo Carvante, precisó que 11 de los 16 expedientes abiertos durante 2025 y 2026 corresponden a contrataciones públicas. En ellos se investiga a por lo menos 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 empresas.
El informe fue remitido a las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, en medio de los señalamientos que precedieron a la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.
Carvante rechazó que el OIC revise previamente la contratación de personal, como había afirmado Taddei. Explicó que ninguna disposición o procedimiento de la normativa del instituto o del órgano de control le permite revisar, validar o autorizar esas incorporaciones de manera anticipada.
Aclaró que sí tiene facultades para comprobar la veracidad de las declaraciones de los servidores públicos y abrir investigaciones cuando detecte indicios de discrepancias u omisiones, a fin de determinar posibles faltas administrativas graves o no graves.
El documento detalló que las 45 cédulas fueron notificadas al INE el 9 de octubre, como resultado de la auditoría A07-ADQ-2026, denominada “Procesos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios”.
La revisión comprendió contrataciones realizadas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026. Incluyó, entre otras áreas, las coordinaciones de Comunicación Social y de Asuntos Internacionales; las direcciones ejecutivas de Administración y de Organización Electoral; y las unidades técnicas de Fiscalización y de Igualdad de Género y No Discriminación.
Entre los hallazgos preliminares se señalaron posibles documentos e información falsos o alterados, ocultamiento y actuación bajo conflicto de interés, recursos sin comprobación suficiente, colusión y participación ilícita en procedimientos administrativos.
También se identificaron posibles empresas sin capacidad técnica, económica u operativa acreditada para prestar los servicios contratados, además de eventuales incumplimientos contractuales, fiscales y de seguridad social.
Las 25 investigaciones adicionales derivaron de seis auditorías y ocho revisiones de control. Las conductas bajo análisis incluyen falta de veracidad en declaraciones, que podría configurar ocultamiento de conflicto de interés o enriquecimiento ilícito, así como uso irregular de recursos públicos que pudiera constituir desvío.
El OIC también examina posibles simulaciones en el cumplimiento de requisitos de contratación, abuso de funciones y deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción y pago de bienes y servicios que pudieran ocasionar daño patrimonial.
Otras líneas de investigación abarcan incumplimientos de deberes de supervisión, participación indebida en contrataciones y posibles faltas de particulares vinculados con esos procedimientos.
El informe se suma al entregado en febrero de 2026 y a la comparecencia de Carvante ante diputados federales del 9 de septiembre. En esas ocasiones no abundó sobre las anomalías contractuales, pese a que ya habían sido señaladas en publicaciones periodísticas.