Oriundez y mandato popular

Signos

Pregunta mi amigo periodista Javier Chávez si el origen o la procedencia geográfica foránea de un gobernante o representante popular es importante para su desempeño en el cargo y para elegirlo como tal.

Como a veces lo hago, iba a proponer mi punto de vista en su ‘muro’ personal de Facebook, pero el planteamiento desbordó los límites razonables de ese espacio y se convirtió en esta nota.

Privilegiar un origen es como entender que una raza o una naturaleza sexual o una genética determinada o el influjo astrológico y otros factores inelegibles y accidentales definen el valor humano y hacen la diferencia moral, intelectual y espiritual de las personas y los liderazgos.

En el segundo caso, importan el conocimiento de las realidades, el compromiso con ellas y la virtud visionaria para mejorarlas en favor de quienes lo merecen.

En tal circunstancia y en nuestro particular entorno territorial, bastaría con identificar, no a los inexistentes perfiles inmaculados que algunos quieren vender -y otros quieren comprar- a sabiendas de la magra fachada que en realidad los distingue, sino a los más convenientes, convincentes y aproximados a la idea dicha: no a los que privilegian el negocio como prioridad del poder político -o entienden el ejercicio representativo como mera oportunidad de dinero y de uso discrecional y personal de las instituciones-, sino a quienes mayor -o menos peor- sentido ético, aptitud y responsabilidad social tienen.

Es la búsqueda, pues, de la aguja en el pajar.

Y en Quintana Roo hay dilemas estructurales tan graves y tan urgentes, que lo único que ya no admiten es el oportunismo y la rapacidad de los grupos dirigentes.

Hay que ordenar la política fiscal, por ejemplo, y evitar la ruina del financiamiento público. (Porque la aglomeración de la pobreza inmigrante sin criterios poblacionales y tributarios, para no ir más lejos, y la sola legalización y urbanización de las periferias miserables, sólo suponen ingobernabilidad, convocatoria a la espiral del lumpenaje y la violencia, demanda exorbitante de servicios impagables, y endeudamiento, déficit, y ruinosa y acumulativa insolvencia sin fin.)

Hay que evitar la devastación ambiental, el caos urbano y la marginalidad.

Hay que contener el desastre de la corrupción y la incompetencia de los aparatos de Estado responsables de combatir el crimen y la impunidad que lo recicla.

Y hay que intentar por todos los medios el equilibrio y la diversificación sustentables de las alternativas regionales de desarrollo, privilegiando la promoción inversora y las posibilidades de fomento del Municipio fronterizo de Othón P. Blanco, de su cabecera y capital quintanarroense, Chetumal, y de toda la zona sur de la entidad caribe.

Hay que exigir de los aspirantes planteamientos, posicionamientos y proyectos claros, y no seguir aceptando las mismas declaraciones banales y simplistas que sólo descubren justo la verdad de lo que son, de lo que no son y de lo que menos hace falta, de lo que más se deplora y de lo que ya no debe ser ni llamarse un mandato popular.

Ojalá que por lo menos algunos, de todos quienes quieren y más posibilidades tienen de gobernar a Quintana Roo a partir del próximo año, pudieran ser identificados por la sinceridad con que debieran querer y respetar el espacio nacional en el que viven, y que dieran luces, mediante conceptos y pronunciamientos concretos y específicos, de lo que podría ser su modelo de mandato en torno, por lo menos, a las urgencias propuestas de manera general líneas arriba: la política fiscal, financiera, de deuda y de financiamiento público del Estado y sus Municipios; la del abatimiento de la colonización irregular, la marginalidad, la destrucción ambiental, y la anarquía inmobiliaria y urbana; la de la contención vigorosa de la vasta delincuencia y de la impunidad que la estimula -merced a la ineptitud o la complicidad y la inutilidad de todas las autoridades-, mediante el fortalecimiento ético e instrumental de los aparatos coercitivos del Estado; además de la del esencial y más que prioritario y siempre postergado impulso económico del Sur y del equilibrio sustentable de las oportunidades regionales de crecimiento y bienestar.

Por supuesto que la muy equívoca e impertinente legislación electoral mexicana -con toda suerte de condicionamientos restrictivos y a menudo de lo más confusos y enemigos de la generalidad y de las libertades que debe regir y garantizar una norma constitucional- acaso asumiría tales pronunciamientos, en determinados casos, como testimonios de propaganda y evidencia de campañas electorales anticipadas y prohibidas (una censura absurda y torpe cuando lo que más se requiere en todo tiempo es el debate crítico y la multiplicación libre y abierta de los propósitos de representación popular entre los más amplios y plurales sectores ciudadanos y de opinión pública). Pero siempre hay modos inteligentes de manifestarse y de librar esos atentados de la tan rupestre y sensiblera inquisición democrática vigente. Y ojalá pudieran irse descubriendo, si los hay, esos liderazgos capaces de mostrar sus más positivas, realizables y agradecibles intenciones en relación con las mayores necesidades de prosperidad y de justicia de la tan castigada -a pesar de su constitución federalista reciente- entidad del Caribe mexicano.

SM

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