BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reiterado su discurso contra la concentración de la riqueza y la desigualdad económica, insistiendo en que los sectores de mayores ingresos deben aportar más para sanear las finanzas públicas del país.
“Les pedimos a los más ricos que no sean tacaños. Lo sano económicamente son los impuestos, pero no a las masas, sino a los más ricos entre los ricos”, afirmó el mandatario en un discurso pronunciado en diciembre.
Bajo esta lógica, el gobierno colombiano impulsó lo que se perfila como el impuesto al patrimonio más alto del mundo, una medida inspirada en las ideas del economista Thomas Piketty y en la visión de Petro de que la desigualdad representa un problema estructural y moral.
Previo a la Navidad, el Ejecutivo declaró una emergencia económica y, días después, elevó por decreto la tasa máxima del impuesto al patrimonio de 1.5 a 5 por ciento. El gravamen se aplica a personas con patrimonios netos superiores a 563 mil 200 dólares, mientras que la tasa máxima impacta a fortunas mayores a aproximadamente 27 millones de dólares.
Con este ajuste, Colombia supera a países como Noruega, Suiza y España en la carga impositiva sobre la riqueza, pese a ser una de las naciones más desiguales del mundo. Aunque la tasa es comparable con propuestas como la de California, en Estados Unidos, la base gravable en Colombia es considerablemente menor y abarca también activos inmobiliarios.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, unas 105 mil 332 personas estarían sujetas al impuesto, de las cuales 66 enfrentarían la tasa marginal más alta. No obstante, la medida ha generado preocupación entre inversionistas y asesores financieros.
“El tema se ha vuelto absurdo”, afirmó Lucas Solano, vicepresidente de planeación patrimonial de Credicorp Capital en Colombia, quien advirtió que existe la posibilidad de que la Corte Constitucional revise el decreto y lo declare inválido. “Los clientes están muy preocupados”, señaló.
En 2025, la bolsa colombiana registró un aumento de 88 por ciento en términos de dólares, lo que incrementó el valor de empresas y grandes fortunas. De concretarse la recaudación del nuevo impuesto, el gobierno estima ingresos adicionales por cerca de 4 billones de pesos en 2026, más del doble de lo proyectado el año anterior.
El aumento tributario fue avalado por el gabinete de Petro bajo el argumento del creciente déficit fiscal y la necesidad de financiar sectores prioritarios como salud y energía. Aunque el Congreso rechazó inicialmente la propuesta, el presidente optó por imponerla mediante decreto, desafiando a la oposición y abriendo un nuevo frente de debate político y legal en el país.