CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión a Roberto Borge por presuntamente haber lavado más de 900 millones de pesos en la compra-venta a familiares y amigos de terrenos de la Riviera Maya, que eran parte de las reservas naturales de Quintana Roo.
Elizabeth Alcántar Cruz, agente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, presentó su acusación contra el ex Gobernador de Quintana Roo ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México.
La pena solicitada es la máxima para el lavado de dinero, único delito imputado en este proceso, y son 145 pruebas las que ofreció la FGR para presentarlas en el juicio, entre ellas 61 testigos, 4 peritajes, 9 documentales, 37 documentos registrales, 20 oficios del Servicio de Administración Tributaria, 8 de distintas dependencias, 2 del Registro Público Marítimo Nacional y 4 anexos fotográficos.
“Esta Fiscalía señalará cuál es la pretensión punitiva y el quantum (cantidad) de las penas, en la audiencia de individualización de sanciones, sin embargo, para efectos de la acusación, la Fiscalía solicita: prisión y multa”, dice el escrito de la fiscal federal.
“La pena máxima para el referido ilícito, que es de 15 años de prisión y multa de 5 mil días”.
La funcionaria responsable pidió también al juez imponerle a Borge una amonestación, suspender sus derechos civiles y políticos por el plazo que dure la prisión y ordenar la restitución al Gobierno de Quintana Roo de los 22 predios vendidos a allegados de Borge.
En el documento, la FGR puntualiza al juez que no está en la posición de ofrecer al procesado una forma anticipada de terminación del proceso. Al mismo tiempo, expone que el único dato que acordó con la defensa como no sujeto a debate es que Borge fue Gobernador de Quintana Roo, de 2011 al 2016.
Si bien la investigación que llevó a la cárcel a Borge fue iniciada en la administración pasada por la entonces PGR, ésta es la primera acusación que presenta la FGR de Alejandro Gertz Manero contra un exgobernador.
“Durante el periodo del 5 de abril de 2011 al 25 de septiembre de 2016, el acusado Roberto Borge, en ese entonces en su calidad de Gobernador de Quintana Roo, estructuró a un grupo de personas entre las que se encontraron servidores públicos de esa entidad, familiares directos y amigos cercanos del acusado, con la finalidad de cometer… el ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, acusa la FGR.
“Las conductas llevadas a cabo por esta organización delictiva recayó sobre 22 inmuebles (enajenados y adquiridos durante el periodo de gobierno de Borge) cuyo valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos y el valor de venta fue de 238 millones 790 mil 121.98 pesos, lo que evidencia una diferencia de 900 millones 99 mil 418.77 pesos, que representa el monto que dejó de percibir el estado de Quintana Roo”.
Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero de 2018. Desde entonces está preso en el Centro Federal de Readaptación Social en Ayala, Morelos.
Beneficiados de la venta ilegal de los terrenos que vendió Roberto Borge cuando fue gobernador del Estado:
Santiago Samuel Jiménez,
Édgar Manuel Méndez Montoya
José Manuel Caballero Sillas
María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exmandatario
Álvaro Moya Corral
José Luis Cárdenas Bazán
César Celso González Hermosillo y Melgarejo
Una vez que los familiares y amigos de Borge compraron los terrenos, utilizaron empresas fachada para retransmitir la propiedad de los predios.
Esta triangulación de los derechos de propiedad la habrían hecho con la finalidad de que los terrenos nuevamente fueran adquiridos por empresas y personas directamente relacionadas con Borge, incluidos familiares, para darle una apariencia de legalidad a las operaciones y el ex gobernador y otros imputados adquirieran recursos.
Fuente: Reforma