Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- Por si algo faltara para exponer la manera deshonesta e irregular como se conduce el Poder Judicial de Quintana Roo bajo la imposición del magistrado Heyden Cebada Rivas, la información difundida por el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2025 muestra que, además de hacerlo tardíamente, le entregó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) información falsa sobre el presupuesto que ejerció en el año 2024.
El Poder Judicial del Estado, donde Heyden Cebada Rivas quiere mantener a toda costa un control que la Constitución ya no le otorga, ejerció en el año 2024 un monto de mil 26 millones de pesos, pero reportó al Inegi que fue de 891 millones 200 mil pesos y esta cantidad es la que aparece en el CNIJE.
Resalta el manejo turbio de la administración del Poder Judicial, pues esta información la reportó luego de que el de Quintana Roo fue expuesto como el único del país que no había entregado la información de su presupuesto del 2024 para la fecha de la publicación del censo, que fue el 6 de noviembre.
Cuando el CNIJE se publicó, la versión original de la gráfica sobre Presupuesto ejercido por los Poderes Judiciales estatales, según entidad federativa 2024, contenía al pie la nota: “El Poder Judicial de Quintana Roo reportó no contar con datos o elementos para responder el tema”, y la entidad federativa fue la única que no aparecía en la presentación de datos.
Posteriormente a esa publicación, el Poder Judicial del Estado entregó la información y el Inegi modificó la gráfica, por lo que en la versión pública actualizada del CNIJE ya aparece Quintana Roo, con el dato de 891.2 millones de pesos de presupuesto ejercido en el 2024.
Sin embargo, la información proporcionada al Inegi de manera extemporánea por el Poder Judicial local es falsa.
Para empezar, el poder encabezado en el 2024 por el magistrado Heyden Cebada Rivas todavía como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), este ahora desaparecido, tuvo un presupuesto autorizado por el Congreso local de 985 millones de pesos, es decir, casi 94 millones de pesos más que los que informó públicamente al Inegi, órgano técnico del gobierno federal.
Pero a lo largo de ese año, el Poder Judicial tuvo ampliaciones presupuestales que al final le dieron ingresos por 1 mil 65 millones 560 mil pesos, de los cuales se gastó casi la totalidad, mil 26 millones 12 mil pesos, lo cual consta en el Informe Individual de Auditoría Financiera del ejercicio fiscal 2024 publicado por la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo).
Asi pues, el presupuesto realmente ejercido por el Poder Judicial del Estado fue de mil 26 millones 12 mil pesos, un monto superior en 134 mil 812 pesos a la cantidad que reportó extemporáneamente al Inegi.
Con esto queda claro que en Poder Judicial de Quintana Roo, bajo el control ilegal de Heyden Cebada Rivas, no sólo reina la falta de transparencia, sino la deshonestidad descarada, base principal de la corrupción.
Según el Informe de Avance de la Gestión Financiera del Poder Judicial en el 2024, las ampliaciones de presupuesto que tuvo el Poder Judicial se debieron principalmente a productos
financieros generados en las instituciones bancarias, provenientes del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, recibidas por el otorgamiento de capacitaciones, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y “depósitos excedentes en comprobaciones de gastos”.
Por otra parte, el dato real del gasto ejercido en el 2024 resalta el pobre rendimiento de la administración de justicia en Quintana Roo bajo el control de Heyden Cebada Rivas, el privilegiado magistrado que cobra como tal sin ejercer funciones de atención de expedientes de segunda instancia, pese a que la reforma judicial le retiró la facultades administrativas a su cargo y le dejó sólo atribuciones jurisdiccionales.
Con más de mil millones de presupuesto, cada una de las mil 205 sentencias que emitió en el 2024 costó 851 mil 462 pesos a los quintanarroenses, mientras que en entidades donde el presupuesto del Poder Judicial fue mucho menor, como Campeche y Yucatán, se emitieron cuatro veces y hasta 10 veces más sentencias, con costos por cada una de 72 mil y 83 mil pesos, respectivamente.
El crecimiento del presupuesto del Poder Judicial de Quintana Roo también resalta el esfuerzo que ha dedicado Heyden Cebada Rivas para imponer su control sobre los nuevos órganos internos que creó la reforma judicial, sobre todo sobre el Órgano de Administración Judicial, encargado de ejercer los recursos financieros.
Como ya se ha expuesto, la reforma judicial quitó al presidente del TSJE toda facultad para intervenir en la administración financiera y la organización y disciplina de los juzgados, al desaparecer el Consejo de la Judicatura del Estado; pero Heyden Cebada promovió que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial le creara una Junta de Coordinación en la que se puso por encima del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, sobre todo para determinar el presupuesto, su uso y su destino.
Eso es además de que la presidencia que ocupa en el TSJE es inconstitucional, como ya lo denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, porque no es un magistrado electo, pero utiliza el cargo para arrebatar la administración financiera del Poder Judicial.
En el dinero está el motivo, pues para el 2025 el Poder Judicial recibió la autorización de un presupuesto de 1 mil 29 millones de pesos, y al final del primer semestre del año ya lo había ampliado en más de 25 millones de pesos, para ejercer un monto de 1 mil 54 millones de pesos, según su último Informe de Avance Financiero rendido a la Aseqroo.
Este crecimiento, sin embargo, no redundará en una mejora del rendimiento de la impartición de justicia, pues con Heyden Cebada Rivas imponiendo un control ilegal y turbio sobre su administración y operación, el Poder Judicial seguirá hundido en la ineficacia y la improductividad