CHETUMAL.- El malestar entre los elementos de la Policía Municipal Preventiva de Othón P. Blanco llegó a un punto crítico: los agentes se preparan para ir a huelga en los próximos días, luego de casi diez meses sin recibir los pagos del programa federal SUBSEMUN, cuyo adeudo supera los cuatro millones de pesos.
La inconformidad crece ante el incumplimiento de la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández, quien en agosto pasado prometió saldar el adeudo el 15 de octubre, una fecha que —como otras anteriores— no se cumplió.
Desde enero, los oficiales dejaron de percibir el complemento salarial federal, equivalente a unos 800 pesos quincenales por elemento, situación que califican de insostenible. La única información reciente, dijeron, fue un aviso informal en el que se les comunicó que el pago podría realizarse “hasta diciembre”, sin fecha ni garantía alguna.
“Nos están mintiendo otra vez. Ya estamos cansados. Si no pagan, vamos a parar”, advirtió un agente que pidió el anonimato por temor a represalias.
De acuerdo con fuentes internas, el Ayuntamiento ya habría recibido los recursos federales del SUBSEMUN, pero la alcaldesa los habría destinado a la compra de una retroexcavadora, bajo el argumento de que era urgente para labores de limpieza. No obstante, el equipo —adquirido por varios millones de pesos— permanece sin uso, lo que ha incrementado la indignación entre los policías.
La supuesta reorientación de los recursos no solo evidenciaría negligencia administrativa, sino un posible uso irregular de fondos federales, tema que podría tener implicaciones legales si se confirma.
La inminente huelga representa un reto directo a la administración municipal y exhibe el deterioro de la relación entre la corporación policial y el gobierno local. Si el paro se concreta, Chetumal podría enfrentar una crisis de seguridad durante la Expofer y las celebraciones de Día de Muertos, en un contexto político ya marcado por el descontento ciudadano.
Más allá del adeudo, el conflicto refleja una fractura moral e institucional, donde los policías —responsables de salvaguardar a la población— se ven obligados a luchar por su propio sustento. Mientras tanto, la presidenta municipal multiplica sus actos públicos y discursos de cercanía, pero el conflicto interno amenaza con exhibir el verdadero rostro de su administración.
Con información de Cambio22