Lozoya ha comenzado a entregar pruebas de las acusaciones que está haciendo en contra de personajes del PRI, el PAN y el PRD, incluido el mismo Carlos Salinas de Gortari, al tiempo que se preparan más denuncias en su contra por otros casos relacionados con la ‘Estafa maestra’. Los integrantes de la ‘mafia del poder’ nunca habían estado más cerca de quedar tras las rejas.
Javier Ramírez
Por la naturaleza de su figura jurídica como “testigo colaborador” acogido al “criterio de oportunidad” en las investigaciones ministeriales que se siguen por acusaciones en firme en su contra y de las que pretende deshacerse a cambio de la imputación de cómplices y culpables mayores en las mismas y en otras causas penales por integrarse, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ya está en libertad condicional en una residencia de la Ciudad de México, acusado de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y cohecho, pero su situación penal está lejos de resolverse.
Conforme avanzan las semanas salen a la luz nuevas revelaciones en los casos de la compra de Agro Nitrogenados y Odebrecht, a la vez que nuevas denuncias en su contra van tomando forma dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dirige Santiago Nieto Castillo.
Además, los nombres de otros presuntos implicados en los negocios corruptos en la administración de Enrique Peña Nieto van apareciendo lentamente, incluidos los del exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el exsubsecretario de Hidrocarburos Enrique Ochoa Reza, ambos también exdirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional.
Las pruebas de Lozoya
En su columna “Los nombres secretos del gabinete”, Loret, además de dar cuenta de los apodos que se asignaban entre ellos prominentes funcionarios de Peña Nieto mientras ‘amarraban’ las distintas reformas constitucionales y otros negocios, asegura que el exdirector de Petróleos Mexicanos tenía una marcada afición por realizar grabaciones clandestinas.
De acuerdo con ‘sus fuentes’, en las oficinas alternas que Lozoya mantenía en Lomas de Chapultepec, podían encontrarse gran cantidad de artículos de espionaje, como micrófonos y cámaras ocultos en corbatas y plumas.
En su texto, el yucateco no pierde la oportunidad de destacar que dentro de las revelaciones de Lozoya no hay señales de los antiguos cómplices del PRI, los senadores y diputados del Partido Verde Ecologista de México, dejando entrever que, ahora que son aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, podrían quedar exentos de las investigaciones.
Por su parte, otro columnista de El Universal, Salvador García Soto, informó que Emilio Lozoya ya habría entregado a las autoridades pruebas en audio y video en contra de varios políticos involucrados en los casos de Agro Nitrogenados y Odebrecht, así como en los ‘moches’ que permitieron la aprobación de la reforma energética.
Entre los principales acusados que aparecerían en dichas pruebas están Ricardo Anaya, quien era presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y los exsenadores integrantes de la Comisión de Energía, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, quienes hoy son gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente.
Extrañamente, otros exfuncionarios que tendrían mayor responsabilidad en los referidos casos, como son el extitular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, quienes formaban parte del Consejo de Administración de Pemex, aún no estarían dentro de los investigados, a pesar de que ninguno de ellos tuvo objeciones en la irregular compra de Agro Nitrogenados.
La prueba más grande que Lozoya presentaría es aquella en la que Carlos Salinas de Gortari lo presionó personalmente para influenciar en la toma de decisiones dentro de Pemex, incluyendo asignaciones, contratos y negocios.
Sin embargo, apunta el periodista, la Fiscalía General de la República usará los tiempos políticos, dentro de los seis meses determinados por el juez de instrucción, para armar todos los expedientes y denuncias, por lo que es probable que no sea sino hasta 2021, año de elecciones, que se presenten las primeras órdenes de aprehensión.
En la mira de la UIF
Mientras eso sucede, la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto Castillo ya prepara cuatro nuevas denuncias en contra de Lozoya.
En reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario dio a conocer que el exdirector de Pemex utilizó los mismos modelos que aplicaron Rosario Robles y sus colaboradores dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para desviar recursos a empresas fantasma que luego eran disueltas.
Además de pedir ayuda para que la Secretaría de Hacienda recupere más de dos mil millones de pesos que están en calidad de “no reclamados” por el congelamiento de cuentas con operaciones inusuales, solicitó ayuda a los diputados para reforzar la estructura de la UIF, debido a que sólo 170 personas atienden los casos en todo el país.
Nieto Castillo, quien fue destituido en 2017 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) al revelar que Lozoya Austin lo estaba presionando para que lo declarase inocente en el caso Odebrecht, afirmó en una entrevista posterior que podría responsabilizarse penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, siempre y cuando el extitular de Pemex aporte pruebas sólidas para acusarlos.
Por lo pronto, la UIF tiene en la mira a un nuevo protagonista en la red de corrupción: Arturo Francisco Henríquez Autrey, amigo de Lozoya y heredero de la familia Autrey, socia de Alonso Ancira en Altos Hornos de México.
De acuerdo con las investigaciones, Arturo Henríquez fue designado por Lozoya como director operativo de Procura y Abastecimiento en Pemex, donde se encargaba de promover contratos y compras consolidadas con empresas como OHL, Repsol y Altos Hornos de México.
El nombramiento de Henríquez Autrey se dio justo un día después de que la petrolera le compró al socio de su tío la planta Agro Nitrogenados, propiedad de AHMSA, donde Alonso Ancira es presidente y Xavier D. Autrey Maza es el vicepresidente.
En 2015 presentó su renuncia y desde entonces no se sabe nada de él.