Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- Con apenas de una semana de funcionamiento de sus nuevos órganos, ya se presentó la primera crisis en el renovado Poder Judicial de Quintana Roo, pues cuatro días después de haber tomado posesión, renunció a su cargo Yaneth Faisal Padrón, la integrante del Órgano de Administración Judicial designada por el Poder Legislativo del Estado.
Lo anterior se da en el marco de maniobras fácticas y legales del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para intervenir inconstitucionalmente en el funcionamiento de los nuevos Órgano de Administración Judicial y Tribunal de Disciplina Judicial, en los que se ha tomado la atribución de “meter la cuchara” usando la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establecieron disposiciones para burlar la independencia técnica y de gestión que tienen ambos órganos con respecto al Tribunal Superior de Justicia conforme a la Constitución local.
La renuncia de Faisal Ponce fue ingresada este 8 de septiembre en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, y en ella se dice que Faisal Padrón renunció a su cargo en el Órgano de Administración Judicial con efectos a partir del pasado 5 de septiembre.
En su oficio de renuncia, la exfuncionaria indicó que presentó de manera formal e irrevocable su renuncia voluntaria al cargo como integrante del pleno del Órgano de Administración Judicial dentro del Poder Judicial del Estado por “motivos estrictamente personales”.
Agradeció la comprensión a su decisión y el apoyo brindado, y dijo estar dispuesta a realizar una entrega ordenada y responsable de las actividades y asuntos bajo su cargo, a fin de garantizar la continuidad del servicio público.
Cabe mencionar que Yaneth Faisal Padrón, aunque nombrada por el Congreso del Estado, era persona de confianza de la gobernadora del estado, pues fue Coordinadora Administrativa, Secretaria de Desarrollo Social y Económico y jefa del Área de Asistencia Social y Atención Ciudadana en el ayuntamiento de Benito Juárez cuando Mara Lezama Espinosa era presidenta municipal, y antes de tomar su efímero cargo en el Poder Judicial era la directora de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Cancún.
Conforme al artículo 108 de la Constitución del Estado, el Congreso del Estado deberá nombrar a una persona que sustituya a la funcionaria que renunció, para que cubra el tiempo que reste del período respectivo, por lo que también concluirá el 31 de agosto del 2032, pues Yaneth Faisal Padrón había sido nombrada por 7 años.
Maniobras de Heyden Cebada para mantener el control en áreas ajenas del Poder Judicial
Esta es la segunda polémica en que se ve envuelto el nuevo Órgano de Administración Judicial, que ahora es el encargado de administrar el presupuesto y organizar el trabajo de los juzgados de primera instancia y las contrataciones y la carrera judicial del personal, pues la primera ha sido la determinación que tomó desde su instalación de declarar a Cancún su residencia oficial, yendo en contra de la Constitución del estado, que establece que la residencia oficial de los tres poderes de la entidad es la ciudad de Chetumal, en su calidad de capital del estado.
Sin embargo, como el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, impulsó la emisión de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, aprovechando la necesaria armonización de leyes a la reforma constitucional en materia judicial, introdujo en ella la libertad para que el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial establezcan su residencia donde ellos decidan por medio de acuerdos generales.
Y aunque la norma constitucional es de obligada observancia por encima de cualquier legislación secundaria, al instalarse el día 1 de septiembre, el Órgano de Administración Judicial acordó que su residencia oficial será Cancún, desconociendo lo dispuesto por la Constitución, así como su carácter de órgano depositario del Poder Judicial, de ser uno de los tres órganos de gobierno y mando que tiene este reformado poder, y que los otros dos órganos de gobierno, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Tribunal de Disciplina Judicial tienen residencia oficial en Chetumal, el primero porque se puso en la nueva ley y el segundo porque así lo acordó en su sesión de instalación.
En los pasillos del Poder Judicial se ha mencionado que la razón principal por la que la residencia del Órgano de Administración Judicial se mandó a Cancún es porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, quiere mantener tras bambalinas el control de la administración del presupuesto del Poder Judicial, luego de que la reforma en la materia se lo quitó legalmente.
Esto se debe a que antes de la reforma, Heyden Cebada era presidente del Tribunal Superior de Justicia y al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, siendo este segundo órgano el que administraba el presupuesto del Poder Judicial, razón también por la cual el magistrado presidente era el único magistrado numerario sin la obligación de encabezar una sala de segunda instancia, porque tenía tanto funciones jurisdiccionales como administrativas.
Sin embargo, conforme al modelo federal que copió, la reforma judicial estatal retiró legalmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia las facultades de administración del Poder Judicial, pero le mantuvo el privilegio de no integrarse a una sala de segunda instancia, por lo que prácticamente se queda desocupado mientras no haya sesiones del tribunal.
Este tiempo ocioso es el que pretendería aprovechar Heyden Cebada Rivas para seguir llevando desde las sombras el control de la administración del Poder Judicial, y para eso no sólo impulsó que se llevara a Cancún la residencia oficial del Órgano de Administración Judicial, sino que obtuvo que nombraran presidente del órgano a Rafael Manuel Ponce Pacheco, quien era su brazo derecho en el manejo de las finanzas cuando presidía el Consejo de la Judicatura, pues era el secretario ejecutivo de Administración del ahora extinto órgano de gobierno judicial.
Ponce Pacheco fue antes tesorero municipal de Benito Juárez bajo la presidencia de Paul Carrillo de Cáceres y recaudador de Rentas de la Sefiplan en Solidaridad durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, período en el que igualmente constituyó las empresas Edificación y Señalización del Sureste, Trabajamos Bien y Cup del Sureste con Fernando Villanueva Sauri, hijo de la exgobernadora de Yucatán Dulce María Sauri y exfuncionario municipal de Cozumel, para agenciarse contratos de obras públicas del gobierno del estado que fueron observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por inexistentes, además que como encargado de la administración del Poder Judicial bajo la presidencia de Heyden Cebada fue señalado de realizar compras amañadas.
Por lo mismo, Ponce Pacheco es considera el instrumento por medio del cual Heyden Cebada quiere mantener el control de las finanzas y la administración del Poder Judicial, a pesar de que ya no tiene facultades legales para eso y las atribuciones corresponden a los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial de manera colegiada e independiente.
Crean Junta a modo para intervencionismo ilegal de Heyden Cebada
Además, para contar con un vehículo formal que le permita inmiscuirse en los asuntos que son exclusiva atribución de los nuevos Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración de Justicia, en la nueva Ley Orgánica Heyden Cebada también impulsó que se creara una figura que no está prevista en la Constitución del Estado, que es la Junta de Coordinación del Poder Judicial, misma que fue instalada este lunes 8 de septiembre.
Esta junta la integran los presidentes del Tribunal Superior, del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración, y obviamente, tras su instalación, el primer presidente nombrado fue Heyden Cebada Rivas, quien así seguirá tomándose atribuciones que la Constitución no le da.
Supuestamente para “armonizar el funcionamiento y facilitar la comunicación” entre las tres instituciones; “la concertación de acciones en tópicos transversales a la administración e impartición de justicia, a fin de canalizarlos en los órganos respectivos”; y proponer al Tribunal Superior de Justicia las iniciativas de leyes y decretos necesarias para la mejora en la administración y la impartición de justicia”.
Obviamente, tras su instalación, el primer presidente nombrado fue Heyden Cebada Rivas, quien así seguirá tomándose atribuciones que la Constitución no le da.
Pero realmente la principal función será usurpar al Órgano de Administración Judicial la facultad de elaborar el proyecto de presupuesto anual del Poder Judicial, pues contrario a lo que dice la Constitución del estado, la Ley Orgánica dice que esa Junta de Coordinación elaborará el anteproyecto y se lo presentará al Órgano de Administración Judicial para que apruebe el proyecto que será puesto a consideración del Tribunal Superior de Justicia para visto bueno final.
Todo esto busca mermar la independencia que le da la Constitución al Órgano de Administración Judicial respecto al Tribunal Superior de Justicia, y se separa del modelo federal, donde el Órgano de Administración es el que aprueba el presupuesto anual del Poder Judicial de la Federación y no tiene intervención alguna del presidente de la Suprema Corte de Justicia en las decisiones que le competen.
Por lo pronto, hasta el momento se desconoce si la renuncia presentada por la integrante que nombró el Poder Judicial es la única en el Órgano de Administración Judicial, y si se mantiene todavía en el cargo su tercer integrante, María Luisa Alcérreca Manzanero, quien fue nombrada directamente por la gobernadora del estado, Mara Lezama, pero en los días siguientes se sabrá.