Signos
Ha empezado la ofensiva armada contra el narcoterror, siguiendo la brecha guía de la Inteligencia que ubica las guaridas de los sicarios y las despedaza. Y los defensores de los derechos humanos, cuidando su negocio de pacifistas hipócritas y simuladores, ponen de nuevo el grito en el cielo de los excesos de la tropa, cuando ahora la tropa, a diferencia de otros tiempos, cuenta con haberes constitucionales suficientes para abatir a conciencia el fuego del narcoterror, el que sólo cede y se acobarda con el mortífero y eficaz despliegue del invencible poderío militar. Para criminalizar el combate contra el narcoterrorismo han servido las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y esa alianza criminal debe hacerse a un lado, como bien demandan los sectores militares.
No que no deban protegerse los derechos fundamentales de la población civil. Sino que quieran hacerse valer tanto los de las víctimas inocentes como los de sus desalmados victimarios.
Ese es un flanco que deben añadir Claudia y Harfuch a su estrategia anticrimen: el de la clarificación puntual de las verdades de dicha estrategia en el frente armado, contra el protagonismo abusivo de los defensores de los derechos humanos.
Mientras tanto, con distintas expresiones pero en torno del mismo tema capital para el país, la Presidenta asegura que no habrá más impunidad ni tregua para el narcoterror. Que acabará con sicarios y cómplices políticos como factores propiciatorios de la violencia y la inseguridad. Y por eso no quita del blanco de Harfuch a gobernantes, incluso verdemorenistas como el de Sinaloa, Tamaulipas y otros auspiciadores del ‘narco’ en sus entidades y sus Municipios más rentables y disputados. Y niega con rotundidad cualquier pacto con sus cúpulas sangrientas, como han hecho otros Presidentes y hacen Gobernadores y Alcaldes, y como le insiste que haga el diputado y exdirigente nacional panista, Manuel Espino.