CHETUMAL.- El Gobierno del Estado de Quintana Roo implementará acciones más estrictas para la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico, por lo que durante el primer trimestre de 2026 se dará a conocer un protocolo de actuación que reforzará estas medidas, como parte de las actualizaciones a la Ley de Turismo.
El subsecretario de Turismo, Omar Govea Hernández, informó que el documento se encuentra en su fase final y establecerá lineamientos obligatorios para todos los prestadores de servicios de hospedaje, no sólo hoteles, sino también quienes ofrecen rentas vacacionales de manera directa o a través de plataformas digitales como Airbnb y sitios similares.
Explicó que el protocolo obligará a los prestadores a registrar a los menores de edad y verificar la filiación de las personas adultas que los acompañen mediante documentación oficial, con el objetivo de prevenir delitos como la trata de personas y la explotación sexual infantil.
La intención, detalló, es que los establecimientos cuenten con mecanismos preventivos desde el momento en que los visitantes llegan a los destinos turísticos, verificando que las personas adultas que ingresen con niñas, niños o adolescentes sean sus padres, tutores legales o cuenten con documentos que acrediten legalmente la relación y el cuidado del menor.
El funcionario subrayó que la aplicación de estas medidas es prioritaria, ya que Quintana Roo se encuentra entre los estados con mayores registros de casos de trata de personas a nivel nacional, lo que obliga a mantener acciones permanentes y coordinadas con las autoridades de seguridad para fortalecer la prevención y la detección oportuna de estos delitos.
Indicó que el protocolo se deriva de un diagnóstico realizado meses atrás, el cual permitió identificar áreas de riesgo en la actividad turística y la necesidad de establecer un reglamento específico que brinde certeza jurídica a los prestadores de servicios.
Una vez presentado el reglamento y el protocolo, los prestadores de servicios turísticos registrados deberán cumplir de manera obligatoria con estas disposiciones, como parte de la estrategia para reforzar la protección de las infancias y prevenir cualquier forma de explotación en los destinos del estado.