CANCÚN.- Quintana Roo cerró 2025 como el Estado con mayor número de carpetas de investigación por trata de personas en México, al concentrar 26 por ciento del total nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Pese a la magnitud de la cifra, la Fiscalía General del Estado aseguró que el liderazgo nacional en este delito no debe considerarse alarmante, una postura que contrasta con la gravedad de los datos oficiales.
Durante la conferencia de seguridad realizada este lunes en Cancún, el fiscal general Raciel López Salazar confirmó la apertura de 140 carpetas de investigación entre enero y octubre de 2025, lo que coloca a la entidad en el primer sitio nacional. El funcionario atribuyó el resultado a un cambio en la política de persecución penal, al señalar que en años anteriores la trata de personas no se investigaba de forma sistemática.
Sin embargo, las cifras revelan una problemática de gran escala: 480 víctimas rescatadas, muchas de ellas extranjeras, y 46 menores de edad, algunos de apenas uno a siete años, además de 22 víctimas pertenecientes a comunidades indígenas, integradas en las mismas investigaciones. La dimensión de estos datos cuestiona la afirmación oficial de que la situación no sea motivo de preocupación.
Aunque la Fiscalía reportó la detención de 43 personas presuntamente vinculadas a redes de trata, no se detalló cuántos casos han sido judicializados ni cuántas sentencias condenatorias se han obtenido, un punto clave para evaluar la efectividad real de la estrategia anunciada.
El fiscal reconoció que Quintana Roo podría mantenerse en los primeros lugares nacionales en este delito debido al volumen de investigaciones en curso, lo que refuerza la percepción de que la entidad continúa siendo un territorio atractivo para redes de explotación, en un contexto marcado por el turismo, la migración y la alta movilidad poblacional.
Las estadísticas del SESNSP confirman que más de una cuarta parte de las investigaciones por trata de personas en México se concentran en Quintana Roo, una realidad que, más allá del discurso institucional, evidencia fallas estructurales en la prevención, así como la persistencia de condiciones que facilitan la operación de estas redes delictivas en el Estado.