CHETUMAL.- En cumplimiento del proceso de municipalización iniciado desde el año pasado, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco retiró las rejas y quitó la seguridad de las casetas en la entrada del Fraccionamiento Residencial Andara, para que pueda ingresar el personal municipal a brindar servicios públicos.
La diligencia fue cumplida con apoyo de elementos de la policía preventiva, en presencia de la síndica Alejandra del Ángel Carmona, quien explicó que la liberación de las vías de acceso es parte de la municipalización del fraccionamiento, mismo que se decretó en cumplimiento de una sentencia de amparo dictada por un juez federal a petición de habitantes de la otrora exclusiva residencial privada,
Al dejar de ser un área privada y convertirse en municipalizada, el ayuntamiento y el Estado asumirán la obligación de brindar los servicios, como recoja de basura, seguridad, energía eléctrica y pronto la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se hará cargo del servicio correspondiente, explicó la síndica capitalina.
Aclaró que este procedimiento data de pasadas administraciones y fue promovido por los propios colonos, quienes se inconformaron por varios aspectos de los servicios que brindaba la administración del lugar, de manera que, mediante amparo, el Juzgado Primero de Distrito ordenó la municipalización del fraccionamiento, por lo que al Ayuntamiento tuvo que acatar y cumplir esta determinación.
“Es un problema que no es de ahora, sino que ya viene de tiempo atrás y que fueron los propios colonos del fraccionamiento que interpusieron esta queja. Sabemos que la parte afectada está combatiendo esta determinación mediante amparos, pero por ahora se tiene que cumplir con lo que ya dictó el juez federal”, explicó Alejandra del Ángel Carmona.
Luego de que el ayuntamiento retiró las rejas y quitó la seguridad de las casetas de la colonia, se asignarán policías municipales y estatales que mantendrán vigilancia y rondines permanentes.
La municipalización de un fraccionamiento privado es una medida excepcional y solo se lleva a cabo en casos muy particulares, como cuando los servicios que ofrece la empresa constructora no son adecuados o los residentes no pueden acceder a los servicios públicos de manera adecuada. En este caso, la sentencia judicial resolvió que la municipalización era necesaria para garantizar el derecho universal del acceso al agua.
El litigio data de varios años atrás, cuando el dueño del complejo residencial, donde habitan políticos, empresarios y hasta ex gobernadores, cortó los suministros de agua potable y otros servicios, a un grupo de propietarios que se negaron a pagar cifras que consideraron estratosféricas por servicios como la poda de árboles, recoja de basura y el principal, agua potable, que el mismo propietario les vendía.
Por lo anterior demandaron en un juicio de amparo a Sergio Zapata Vales y su empresa En Tu Hogar, S.A de C.V, bajo el argumento de que el acceso al agua potable es un derecho humano y que, según la Ley de Municipios, los servicios como la recoja de basura, podado de árboles y alumbrado público son facultad y obligación del propio ayuntamiento.
Fuente: Cambio 22