CIUDAD DE MÉXICO.- El titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una nueva suspensión contra la aplicación del Plan B de la reforma electoral.
El pasado 3 de abril, el juzgador concedió este freno judicial para que Raquel Mondragón Correa, funcionaria del Instituto Nacional Electoral (INE), pueda mantener su trabajo en la institución.
Esta suspensión se mantendrá mientras el juez resuelve de manera definitiva el amparo 554/2023, tramitado por la trabajadora del INE en contra de los cambios hechos en materia judicial.
Mondragón Correa es jefa de departamento de programación y proyectos en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLES).
Esta suspensión se dio al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso de reclamación presentado por el Senado de la República en contra de la suspensión que otorgó el ministro Javier Laynez en contra del Plan B de la reforma electoral.
“Fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico, relativo al recurso de reclamación que hace valer el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores (Alejandro Armenta) de la Unión (…) en contra del acuerdo mediante el cual se concedió la suspensión solicitada”, ordenó la Corte.
El pasado 27 de marzo, Laynez otorgó este freno al Plan B electoral para proteger el orden democrático del país, así como al INE.
Dentro de su decisión, señaló que los cambios a la ley podrían afectar las funciones del órgano electoral.
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”, afirmó Laynez al otorgar la suspensión.
Asimismo, afirmó que era necesario otorgar esta suspensión para que no se llevaran a cabo los cambios planteados en la reforma.
Fuente: El Financiero