Un juez federal aceptó una demanda colectiva multimillonaria presentada por organizaciones civiles y defensores del medio ambiente en contra de los tramos cuatro y cinco del Tren Maya. Los ambientalistas piden 26 mil millones de dólares.
De acuerdo a la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), la demanda en contra de ICA, Acciona y Grupo México fue admitida el pasado 13 de mayo por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, por daños ambientales ocasinados durante la construcción de esa obra a largo de casi 40 kilómetros entre Playa del Carmen y Tulum.
De acuerdo con Jesús Alberto Guerrero Rojas, presidente de la ONRE, la cifra es la estimación primaria para la reparación, reintegración, remediación y reposición de los daños ecológicos y sus servicios ambientales, publicó en su portal Proceso.
La ONRE sostuvo que esta cantidad toma en consideración que se va a destruir el hogar de alrededor de 20 jaguares.
También, alertó, se fracturará la cuenca hidrológica de la Península de Yucatán, con lo que se vulnerará no sólo el derecho al agua, sino a un medio ambiente sano.
El pasado 13 de mayo, un tribunal federal de Mérida confirmó una suspensión provisional que impide la obra en ese mismo ramo porque no existe Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La demanda fue interpuesta por la ONRE e implica directamente a Grupo México, la empresa que preside Germán Larrea Mota Velazco y a la trasnacional española Acciona.
Además, va contra tres razones sociales de la constructora ICA, que preside Bernardo Quintana.