COZUMEL.- Habitantes y activistas de Cozumel mantienen desde hace al menos dos años una movilización para defender el acceso a Playa Mía, considerada una de las últimas playas públicas del lado poniente de la isla y que actualmente enfrenta la amenaza de un nuevo desarrollo turístico impulsado por Royal Caribbean.
El proyecto denominado Royal Beach Club Cozumel contempla una inversión de 75 millones de dólares y busca desarrollarse en la zona de Playa Mía y Playa Sol, donde actualmente existe uno de los pocos accesos libres al mar mediante una estrecha servidumbre de paso.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales amplió recientemente por hasta 60 días hábiles el plazo para emitir el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), luego de solicitar información adicional a la empresa, en un proceso similar al que ocurrió con el proyecto Perfect Day en Mahahual, el cual finalmente fue rechazado.
Ambientalistas y pobladores advierten que el club de playa privatizaría el último acceso público de esa zona de la isla y podría generar afectaciones al Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.
Además, recuerdan que la Semarnat ya rechazó recientemente otros proyectos turísticos en la isla, entre ellos la ampliación del cuarto muelle de cruceros, un túnel peatonal subterráneo y obras relacionadas con el muelle Internacional operado por SSA México.
La activista ambiental Guadalupe Martín señaló que el proyecto abarcaría más de 17 hectáreas y tendría capacidad para recibir hasta cuatro mil visitantes diarios y 1.4 millones al año.
Según la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la naviera, el complejo incluiría servicios de playa, más de 2 mil camastros y 24 palapas, además de operar durante al menos 26 años.
Sin embargo, el propio documento reconoce impactos ambientales severos, como pérdida de vegetación costera, afectación a manglares, reducción de flora nativa y daños permanentes al hábitat de fauna silvestre.
El estudio ambiental clasifica seis de 15 componentes evaluados con impactos severos, principalmente relacionados con el desmonte de 1.7 hectáreas de vegetación y la afectación a especies protegidas.
La empresa asegura que implementará medidas de mitigación ambiental, incluyendo reubicación de flora y fauna, así como programas de restauración ecológica.
Por su parte, Ari Adler Brotman afirmó que el proyecto se desarrollaría en una zona previamente impactada y sostuvo que la empresa está dispuesta a adaptarse a las resoluciones que emitan las autoridades mexicanas.
“Si Semarnat llegara a rechazar la solicitud, estudiaríamos bajo qué condiciones se rechazó y la posibilidad de adaptarnos”, declaró.
Mientras tanto, habitantes de la isla mantienen campañas y protestas contra el proyecto. En la plataforma Change.org y mediante acciones locales, ciudadanos reunieron cerca de 19 mil firmas en rechazo al desarrollo turístico.
Los activistas sostienen que, aunque la ley mexicana garantiza el libre acceso a las playas, en la práctica gran parte de la costa poniente de Cozumel ya se encuentra limitada por hoteles, clubes privados y desarrollos turísticos que cobran cuotas de acceso que van desde 40 dólares hasta más de mil 300 pesos por persona.