CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, destituido e inhabilitado por un año por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). La agrupación advirtió que sancionar a un juzgador por el criterio que aplicó al resolver cuatro causas penales en Colima podría intimidar a otros jueces de carrera y debilitar la independencia judicial.
En un comunicado, la JUFED señaló que el procedimiento disciplinario estuvo precedido por descalificaciones públicas en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum. La asociación sostuvo que esa secuencia generó dudas en el gremio sobre la imparcialidad del tribunal y alimentó la sospecha de que su actuación respondiera a intereses políticos. También consideró inadmisible que la sanción derivara de una diferencia de interpretación jurídica cuando, según la agrupación, el propio fallo reconoció que no hubo daño patrimonial ni beneficio personal para el juez.
El caso se remonta a cuatro resoluciones que Sigales dictó entre julio y octubre de 2022, cuando era titular de un juzgado federal especializado en el sistema penal acusatorio en Colima. A petición de las defensas, el juez revisó las penas propuestas por la Fiscalía General de la República (FGR) en procedimientos abreviados por delitos federales. Las redujo de cuatro años y dos meses a tres años y cuatro meses de prisión al considerar que la Fiscalía no había tomado en cuenta que los procesados carecían de antecedentes penales.
Un tribunal unitario de apelación en Colima revocó los cuatro fallos al concluir que el juez no podía modificar las penas pactadas en el procedimiento abreviado. En casos similares, sin embargo, tribunales de alzada de Jalisco y juzgados de amparo respaldaron la interpretación que había aplicado Sigales. La JUFED sostuvo que esa discrepancia debía resolverse mediante los recursos judiciales ordinarios.
Además del procedimiento administrativo, el Tribunal de Disciplina Judicial presentó ante la FGR una denuncia penal contra Sigales por presuntos delitos contra la administración de justicia. El oficio fue enviado el 3 de noviembre de 2025, el mismo día en que Sheinbaum se refirió en su conferencia a un caso de liberación en Colima. En ese momento, el procedimiento disciplinario seguía abierto.
Arturo Guerrero Zazueta, abogado del juez, cuestionó la suspensión provisional impuesta durante la investigación. Afirmó que la comisión que la ordenó carecía de atribuciones para hacerlo y que la medida se prolongó durante meses sin que la defensa recibiera a tiempo las notificaciones ni las actas que había solicitado.
Sigales rechazó las acusaciones de corrupción o conducta indebida. Sostuvo que sus decisiones buscaron proteger los derechos humanos y el debido proceso frente a lo que considera un uso excesivo de la prisión preventiva. También advirtió que recurrir a procedimientos disciplinarios y penales por diferencias de criterio podría inhibir a otros juzgadores federales al momento de resolver.