Signos
¿Alguna reforma legislativa servicial y memorable en la historia parlamentaria de Quintana Roo?
¿Alguna protesta relevante y decisiva contra el dispendio legal que hace del Congreso quintanarroense el más costoso e improductivo del país?
Una iniciativa constitucional como la de Félix González, en su tiempo de Gobernador, para impedir la colonización irregular y el monstruoso expansionismo anárquico de las ciudades turísticas caribes, ha sido de lo mejor que se ha votado contra el peor de los males derivados de la ingobernabilidad en todos los niveles republicanos responsables, pero, ¿qué cree?, se quedó en el papel de la demagogia que era, sin la reglamentación que la hiciese aplicable, y echada para siempre al bote de la escatología política al que en realidad estaba destinada desde que, y no se sabe por qué, fue redactada.
Ninguna legislación más ha nacido en el Congreso contra, por ejemplo, los crímenes inmobiliarios y el deterioro ambiental que causa el caos urbano, ni resoluciones parlamentarias que contribuyan a atajar los negocios municipales que lo promueven mediante ‘planes de desarrollo’ y otras ‘estrategias de sustentabilidad’ eventuales que enriquecen a los firmantes de turno de los Cabildos.
Se aprueban las cuentas públicas en negociaciones privadas de conveniencia, y los Gobiernos estatal y municipales con mayores ingresos turísticos de la nación se hunden en el déficit y la pobreza fiscal que incrementa el derrumbe de las ciudades y la muerte irremediable de uno de los paraísos silvestres más ricos y frágiles del planeta.
Del Congreso salen aprobadas las concesiones a socios privados de gobernantes estatales y municipales de grandes bienes y servicios públicos (se acaban las reservas territoriales y los patrimonios e inmuebles de mayor plusvalía; se concesiona el agua, la recoja de basura y cuanto pueda ser negocio), y en lugar de contraprestaciones lícitas y de beneficio social sobre condiciones debidamente reguladas de tiempo, renta y formas de aprovechamiento, se reparten ‘mordidas’ o sobornos entre los ‘representantes populares’ involucrados.
Así se han autorizado las deudas y los refinanciamientos de deudas que hacen de este, el primer Estado turístico de México, también uno de los más insolventes.
Así el verdemorenista Gustavo Miranda, del llamado ‘Cártel del despojo’, adquirió insumos digitales cotizados en dólares y a precios de despojo público en su tiempo de líder parlamentario.
Y así se aprueban todos los despojos y no se gesta ley ninguna de beneficio mínimo en una entidad donde el Congreso, como los Gobiernos, son sus principales núcleos de depredadores, con la complicidad del Poder Judicial, armado al gusto del Ejecutivo.
Porque no hay pedagogía social ni opinión pública ni cultura judicial ni legislativa.
Escándalos, eso sí, hay de sobra en tal cueva de rufianes siempre en campaña rumbo a algo más rentable en sus objetivos particulares de dinero y de poder.
La ‘representación popular’ es la principal enemiga del bien público.
Y el del Congreso caribe es un botín pletórico de ruido pero de cuyo acontecer fundamental no se sabe nada más de que no sirve para nada.
Y sólo pueden operarse iniciativas de reforma como las de la llamada violencia digital o contra las expresiones lúdicas que retratan en el entorno mediático a los peores sujetos públicos.
Los legisladores pueden ser las más indeseables lacras políticas.
No se cansan de probarlo.
Y ahora, como la llamada ‘Diputada Calzones’ y colegas similares que la acompañan, quieren legislar para que las expresiones públicas que los exhiben en el entorno mediático profesional y en ejercicio de las libertades constitucionales de expresión y de prensa, sean punibles y se castiguen. ¿Por qué? Por sus calzones…
SM