CANCÚN.- Jorge Eduardo Ballesteros Franco, identificado como uno de los principales socios de la concesionaria Aguakan, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer y resolver un amparo con el que busca dejar sin efecto una orden de aprehensión emitida en su contra por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con documentos judiciales, la defensa del empresario promovió ante el máximo tribunal del país una solicitud de facultad de atracción para que sea la SCJN, y no un Tribunal Colegiado de Quintana Roo, quien analice el recurso de revisión relacionado con la orden de captura girada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La orden de aprehensión fue emitida el 24 de febrero de 2025 dentro de la carpeta administrativa 34/2025, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero.
Según el expediente, el recurso actualmente radica en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito bajo el número 194/2026, derivado del juicio de amparo indirecto 202/2025 promovido por Ballesteros Franco.
El documento refiere que el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo resolvió en diciembre de 2025 sobreseer y negar el amparo solicitado, motivo por el cual la defensa busca ahora que el caso sea revisado directamente por la Suprema Corte.
Ballesteros Franco forma parte del grupo de socios y directivos vinculados con Aguakan que han promovido diversos recursos legales para evitar acciones penales derivadas de investigaciones federales y denuncias presentadas anteriormente por el Gobierno de Quintana Roo.
Entre los nombres relacionados también figura Paul Andrew Rangel Merkley, otro de los empresarios asociados a la concesionaria.
La disputa legal ocurre en medio del proceso impulsado por autoridades estatales para retirar a Aguakán la concesión del servicio de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Actualmente, el conflicto entre la empresa y el Gobierno estatal continúa tanto en tribunales como en el ámbito administrativo, mientras avanzan distintos procedimientos judiciales relacionados con la operación de la concesionaria en Quintana Roo.
Con información de Sol Quintana Roo