CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción del amparo directo promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de determinar si fue correcto el marco legal aplicado para sentenciar a 45 años de prisión a Mario Aburto Martínez por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en marzo de 1994.
El debate jurídico se centra en que al asesino confeso del excandidato presidencial del PRI se le impuso la pena prevista en el Código Penal Federal, y no la del Código Penal de Baja California, entidad donde ocurrió el crimen y cuya legislación establece un máximo de 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso.
Durante la sesión de este miércoles, el Pleno resolvió las Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 929/2025 y 947/2025. En la discusión estuvo impedida para participar la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, debido a que previamente fue funcionaria de la FGR.
Al atraer el amparo directo 104/2021, promovido por la Fiscalía, la Corte deberá definir cuál es el parámetro jurídico aplicable para analizar un procedimiento penal por magnicidio bajo el sistema penal tradicional, a fin de garantizar tanto los derechos del sentenciado como los de la víctima.
La decisión final del Pleno podría tener consecuencias inmediatas para Aburto Martínez: si se determina que debía aplicarse el Código Penal de Baja California, el sentenciado podría quedar en libertad, al haber cumplido ya 30 años de prisión; de lo contrario, deberá cumplir los 15 años restantes de la condena impuesta conforme al Código Penal Federal, como sostiene la FGR.
En contra de ejercer la facultad de atracción votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González. El resto del Pleno consideró necesario que la SCJN se pronuncie de fondo sobre la legalidad de la sentencia impuesta a Aburto Martínez, originario de Michoacán.
El caso cobró nueva relevancia en 2023, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió un amparo a favor del sentenciado. Dicho recurso fue concedido por un Tribunal Colegiado, el cual ordenó aplicar la pena de 30 años de prisión prevista en el Código Penal de Baja California.
Esta resolución fue impugnada por la FGR, lo que derivó en que, en octubre de 2024, la Primera Sala de la SCJN dejara sin efectos el amparo y ordenara al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito reponer el procedimiento.
Como parte de este proceso, los familiares de Colosio Murrieta, en su calidad de víctimas indirectas, fueron citados a declarar; sin embargo, no acudieron. Ante ello, se había previsto que el caso se resolviera el 9 de diciembre de 2025, pero el presidente de la SCJN, ministro Hugo Aguilar, ordenó suspender la resolución al admitir el nuevo recurso presentado por la FGR.