CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una reforma impulsada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual permite el ingreso automático al servicio docente, sin examen ni concurso de oposición, a egresados de escuelas normales, Centros de Actualización del Magisterio y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
La resolución se dio al analizar la acción de inconstitucionalidad 122/2019, promovida ese mismo año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impugnó diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, al considerar que vulneraban principios constitucionales de legalidad, igualdad y mérito.
Por ocho votos a favor y ninguno en contra, a propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo y con la ausencia del ministro Arístides Guerrero, el Pleno determinó que la figura de promoción horizontal del personal docente prevista en la ley es constitucional, aun cuando sea la Secretaría de Educación Pública (SEP) la encargada de definir las reglas de admisión, promoción y reconocimiento, sin un control legislativo directo.
Las y los ministros consideraron que delegar estas facultades a la SEP no viola el principio de reserva de ley, ni representa una omisión legislativa, ya que la propia norma establece los lineamientos generales que deben guiar la actuación de la autoridad educativa en el diseño de dichos procesos.
Asimismo, la Corte rechazó el argumento de la CNDH respecto a que la reforma otorgaba un trato preferencial e injustificado a los egresados de normales, la UPN y los Centros de Actualización del Magisterio.
“El hecho de establecer una preferencia no implica exclusividad”, sostuvo el ministro presidente Hugo Ortiz, al señalar que la ley no excluye a otros perfiles, sino que prioriza a quienes fueron formados específicamente para la docencia.
En el mismo sentido, la ministra Yasmín Esquivel afirmó que la reforma representa un “mínimo respeto” a los estudiantes de dichas instituciones, al tratarse de una decisión legislativa razonable que busca incentivar la formación magisterial y garantizar que el sistema educativo cuente con personal capacitado.