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Por MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Después de una batalla jurídica que duró casi cuatro años, la señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla no logró conseguir medidas cautelares contra la orden de aprehensión en su contra.
La mamá del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo (actualmente preso en un penal de Morelos), buscó la protección federal para impedir la ejecución del mandamiento legal ordenado por un Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia de Chetumal, desde el 28 de marzo de 2018.
La solicitud se radicó bajo el número 23692528 del Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo, el cual fue admitido el 11 de octubre de 2018.
La quejosa obtuvo una suspensión provisional a los 18 días que solicitó la protección federal (11 agosto 2018) y la suspensión definitiva casi 20 días después, previo pago de una garantía económica de 500 mil pesos por cada resolución favorable.
Pero la protección judicial le duró apenas casi cuatro meses hasta que se dictó una resolución contraria a la quejosa al final de 2018, lo cual generó un recurso de revisión (24253633) en el Primer Tribunal Colegiado, cuya resolución lo validó en enero de 2019.
El análisis del caso se trasladó al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta región con residencia en Culiacán, Sinaloa, que mediante una sentencia sobreseyó el caso el 22 de abril del mismo año.
La señora Angulo Castilla no conforme con la resolución impugnó nuevamente con el recurso de revisión 25663874 ante el Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, que lo admitió el 18 de septiembre.
Los argumentos valorados por un Magistrado fueron aportados por el Fiscal adscrito a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
La resolución definitiva sobreseyó el amparo el pasado 19 de mayo, y ante la ausencia de alguna impugnación posterior el caso se cerró el primero de julio pasado.
JUICIO PREVIO
Angulo Castilla, que en agosto cumplirá 79 años de edad, ya había promovido antes otro juicio de garantías contra la misma orden de captura como parte de la carpeta administrativa 361/2017.
La solicitud recayó en el Juzgado Séptimo de Distrito de la Ciudad de México donde se le asignó el número 22681826, el 11 de abril de 2018.
En ese juicio se le otorgó la suspensión provisional el mismo día que fue admitido, pero con la imposición de una garantía económica de cinco mil pesos, la cual se retiró posteriormente al negarse la suspensión definitiva el 4 de mayo de 2018.
Las investigaciones contra la quejosa estuvieron encabezadas por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Diversos II, Mesa V, de la FGE de Quintana Roo, que llevó el caso ante el Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal.
Antes de resolverse, el asunto se turnó al Juzgado Primero de Distrito de la entidad (por razones de incompetencia por territorio) que decretó una sentencia negativa el 10 de diciembre de 2018.
El juicio pasó a un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado radicado en el estado, que nuevamente confirmó el sentido de la anterior resolución y negó el amparo, cuya ejecutoria se selló el 4 de diciembre de 2020.
PIERDE OTRO
Otro amparo que le fue negado recientemente a la señora Yolanda Angulo obedeció a un embargo tipo preventivo sobre propiedades inmobiliarias decretado por el mismo Juez de Control de Chetumal.
La solicitud de medidas cautelares se turnó al Juzgado Quinto de Distrito bajo el expediente 29151854, que resolvió un sobreseimiento el 22 de abril de 2019.
De ahí siguió un recurso de revisión ante el primer Tribunal Colegiado interpuesto el 2 de diciembre de 2021, cuya sentencia nuevamente validó el fallo anterior el 30 de mayo del presente año.