Signos
Muy bien: depurado que sea el Poder Judicial en todos sus niveles. (Aunque podría uno conformarse con que hubiese un vigoroso órgano alterno a la Suprema Corte que rompiera el círculo vicioso de los Ministros dependiendo de sí mismos para evaluar su propio comportamiento ético, la rectitud de sus laudos y el proceder de todos los demás Jueces. Porque si bien la elección de los centenares de juzgadores por la vía del sufragio ciudadano es mejor que la justicia negociada sólo entre las cúpulas judiciales autorreguladas e intocables, la eficacia del sistema de elección para conseguir la mayor neutralidad e imparcialidad que haga más servicial y de pleno e incuestionable interés público la soberanía judicial por encima del régimen autónomo de privilegios que es ahora, se advierte por demás arduo y complejo, por mucho que esa vía tenga el sustento de la voluntad general que ha impuesto una mayoría parlamentaria calificada para la reforma en cuestión.)
Muy bien: ¿y la otra parte de la corrupción y la incompetencia institucional que eleva la impunidad en el sistema penal mexicano a las alturas de los peores del mundo con casi el cien por ciento de las denuncias sin resolverse (del apenas quince por ciento o menos de las que llegan al Ministerio Público justo por la certeza de que no suponen más que tiempo perdido)?
Porque la muy autónoma Fiscalía General de la República y su muy arrogante titular son un escándalo público de fracasos procesales y de casos perdidos. Y de ahí para abajo el imperio del hampa hace su agosto en territorios cada vez más a su merced. Las Policías locales, los Ministerios Públicos y las Fiscalías estatales hacen, con los jueces de sus competencias, un nudo ciego de confabulaciones contra el ‘Debido proceso’ y la debida integración de expedientes que, con el complemento de leyes legisladas sobre las rodillas de legisladores apremiados por las urgencias de la politiquería, sólo favorecen el negocio de la industria de las defensorías de los criminales con más dinero y de los ‘narcos’ más punibles que siguen con sus negocios invictos y a sus anchas.
En definitiva, sí: acabar con la corrupción soberana del Poder Judicial de la Federación es un imperativo contra la impunidad que reproduce el delito, la violencia, la inseguridad y la injusticia. Pero no es menos imperativa y atendible la otra vasta impunidad que la complementa: la de la corrupción política, policial, ministerial y judicial de la que se favorece el crimen en todas las entidades y Municipios del país.
SM