Signos
Los argumentos políticos opositores suelen ser sofismas al servicio de la propaganda, más que razones útiles a la opinión pública con buen criterio. De tan absolutas como a menudo se expresan y se defienden en sus respectivos frentes militantes, muchas de esas verdades no pasan de ser verdades a medias que sus emisores saben que son en buena medida falsas y depreciadas por su intencionalidad tendenciosa, y los enemigos saben que en algún sentido son razonables y su negación absoluta también es depreciada por su intencionalidad tendenciosa (facciosa, o interesada en que no se crea eso que, en el fuero interno, se piensa que sí es).
La diferencia en esas guerras retóricas es el nivel de civilidad de las democracias en que ocurren. En las más letradas se trata, por lo general, de conquistar a los otros y a los indecisos. En las cerriles, las arengas suelen batirse más en el dolo que en el convencimiento objetivo; sirven más al reforzamiento de la unidad de la fanaticada que a la trascendencia de sus virtudes y propuestas; tensan la polaridad, renuncian a la heterogeneidad, y niegan el derecho a la síntesis esencial de la relatividad, la inclusión y la razón.
El gran trauma de México hoy día es el de la intolerancia de los litigios montados en las medias verdades y las simuladas mentiras militantes (formuladas como tesis y no como meros titulares de propaganda).
‘Las instituciones democráticas son las instituciones democráticas y punto’, suele proclamarse, por ejemplo. Y que ‘fueron legisladas e instrumentadas para defenderse y respetarse. Y que ‘quien pretenda pasar por encima de ellas o disolverlas tiene, por tanto, intenciones represivas y totalitarias’. Así de imperativa y puritana, la máxima al respecto de la también inapelable dictadura de la ley.
Pero el caso es que en sistemas democráticos fraguados, legislados e institucionalizados por grupos de poder usufructuarios de una incultura masiva, una escolaridad ruinosa y una tradición eterna de intensiva explotación de la ignorancia, esos sistemas democráticos lo son tanto y son tan legítimos, como los gobernantes más representativos de la perfidia humana y política que han producido, y como los vastos fraudes, fortunas y saqueos públicos que han desfondado al país por decisión de dichos gobernantes legítimos y democráticos, los que más que ningunos otros en la historia lo han envilecido y degradado.
En la lógica de la verdad más simple, si el régimen de las instituciones electorales y anticorrupción autónomas y ‘ciudadanas’ fuese auténtico, representativo y popular, México no sería el país violento, ensangrentado, ingobernable, corrupto e incorregible que es, y que, como nunca, ha sido, desde que se multiplicaron las leyes y las instituciones electorales y anticorrupción de ese Estado democrático. Ha habido más muertos y más sadismo y paisajes espeluznantes multiplicados por la impiedad y por la impunidad en que opera a sus anchas el narcoterror desde hace tres décadas, en el nacimiento mismo de las instituciones autónomas para la democracia y la transparencia –con Salinas, Zedillo y Fox-, que en los anárquicos territorios africanos dominados por las milicias multitudinarias dedicadas al exterminio étnico y al terrorismo islámico.
De modo que, los sofismas, en perspectiva…
Ni el INE ni el sistema anticorrupción han impedido jamás el ejercicio del ‘dinero negro’ -el de las mafias de todo tipo y el desviado del erario- en la casi totalidad de los comicios de los tiempos de la democracia; un caudaloso financiamiento que, a decir del expresidente del Instituto Federal Electoral -antecedente del INE- y especialista en elecciones y estudios de opinión, Luis Carlos Ugalde, constituye las dos terceras partes del gasto electoral, que incluye el financiamiento de partidos y candidaturas, sin contar el hecho de que, además y merced al extravagante fondeo de los organismos electorales y los salarios e ingresos y prestaciones adicionales de primer mundo de sus ejecutivos, el sufragio mexicano es uno de los más costosos e improductivos del orbe.
El INE y el TEPJF son, pues, sofismas tan democráticos como el sistema anticorrupción. Su composición y sus estructuras normativas existen a imagen y semejanza de la perfidia de sus grupos forjadores
Y, claro: hoy, como ayer, las medias verdades que los defienden no son distintas de las que aseguraban que con el nacimiento de los poderes públicos nacionales y las instituciones populares democráticas emergidas de la Constitución de 1824, México sería como cualquier otra nación soberana regida por el derecho. Y luego vino la Reforma de tres décadas después, y luego la de sesenta años más tarde, y todas las leyes fundamentales legisladas tras eras de violencia y sangre, y aquí se sigue insistiendo en que las instituciones democráticas deben respetarse a ciegas porque todas ellas son, no las instituciones de los grupos de poder que las fraguan a su imagen y semejanza, sino las que representan la legítima e irrevocable voluntad del pueblo, en toda su diversidad y en pleno ejercicio de sus derechos.
¿Pero las élites dirigentes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han cumplido esa voluntad general, o en realidad han usado el artificio de unas cláusulas legislativas a modo para justificar, por ejemplo, la derogación de candidaturas inconvenientes para sí, para sus filiaciones de interés; es decir: más a partir de sofismas normativos que de supremas y contundentes evidencias de irregularidad y de inviabilidad? Porque si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descalifica por excesiva la sentencia del Instituto Nacional Electoral en contra de dos aspirantes a gobernadores a los que elimina de la contienda por no reportar unos cuantos pesos de presunta precampaña, y aprueba, en cambio, un segundo dictamen sobre los mismos casos y por la misma causa, ¿puede creerse que esa institucionalidad sirve, de veras, y salvaguarda el interés de todos? El Tribunal pidió congruencia al INE en virtud de la nimiedad de la falta cometida por los precandidatos y de los excesos de la resolución en su contra de la cúpula del INE, su Consejo General. Y luego reculó, aprobó todo, desechó las candidaturas y se lavó las manos.
¿Son necesarias esas legiones burocráticas para defender el derecho humano de unos liderazgos populares y de unos ciudadanos electores? Pues sí, sí lo son, alegarán con fuerza los sofistas adversarios de esos ahora exprecandidatos y de sus muchos partidarios. Pues no, de ninguna manera, alegarán sus contrarios. ¿Y la verdad democrática y desprejuiciada del cuento en cuestión? Pues en el silvestre universo de las confusiones donde los grupos de poder y sus facciones ejercen su particular versión de la justicia, los demás no cuentan. Pero, claro, en gran medida ‘las instituciones democráticas que los mexicanos nos hemos dado’, como dice el lugar común de los demócratas de pacotilla, son mero atole con el dedo, o, sin ninguna duda y más allá de los sofistas y embusteros de trinchera, se trata, más bien, de ‘las instituciones democráticas que nos han dado’, de Salinas para acá, los grupos gobernantes que desde entonces convirtieron al país, mucho más suyo que nuestro, en un inconmensurable basurero. Porque el sistema electoral y el sistema anticorrupción son, justamente, los de los tiempos mexicanos más indeseables, los más corruptos y violentos.
SM