Signos
Lo del notario público Heyden Cebada, inventado por su jefa política como Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, era ya una muy insultante muestra de cómo se ha podido asaltar sin el menor escrúpulo la soberanía de los Poderes republicanos locales y convertir la Presidencia del Poder Judicial del Estado en una oficina de gestión de las decisiones jurisdiccionales al servicio de la impunidad más conveniente al grupo político gobernante y para favorecer sus demás negocios e intereses, o al grupo cupular del Partido Verde, sin más vueltas, usufructuario del control del Estado caribe por decisión del ahora exPresidente López Obrador a cambio de una alianza perversa con su partido, Morena, que le redituaría un mínimo de votos parlamentarios pero decisivos para el mayoriteo requerido por sus principales reformas constitucionales y algunas contribuciones políticas para algunas otras de sus iniciativas. Pero la reforma judicial local que ahora dota al Magistrado Presidente de tantos privilegios como una permanencia inamovible en el cargo por casi una década más y una pensión vitalicia de retiro sin posibilidad de merma alguna en sus cuantiosos ingresos y beneficios complementarios, es ya un desplante grosero ilimitado. El personaje, cual notario público, no tiene ni puede tener, por tanto, ninguna trayectoria sobresaliente ni perfil judicial acreditable. No es sino un encomendero político en el sector fundamental de la Justicia, degradado entonces y envilecido de ese modo. Y a pesar de todo será salvado, el Magistrado Presidente, gracias a la trampeada y retorcida reforma estatal, de competir por el cargo que hoy ostenta y que nadie con mejores atributos, como cualquier abogado, podrá disputarle en las evaluaciones y en las urnas derivadas de la reforma judicial federal. Es decir que, en Quintana Roo, mediante una contrarreforma instrumentada por el supremo poder político estatal de naturaleza y filias verdes y falsa expresión morena y cuatroteísta, se burlan del supremo poder político federal obradorista y de su reforma del Poder Judicial de la Federación, para cuya aprobación legislativa e instrumentación relativa a la elección de Jueces, Magistrados y Ministros de la Corte debió contar el entonces Presidente López Obrador con el voto de los verdes a los cuales, a cambio de eso y de otros aportes políticos para su proyecto nacional, cedió el control del poder político del Estado. Juego sucio, pues. Mientras el obradorismo claudista se afana en una compleja reforma judicial que remueva las viciadas estructuras de privilegio en el podrido sector de la Justicia nacional obligando a todos los aspirantes a Jueces, Magistrados y Ministros a someterse al voto ciudadano directo (al margen de lo cuestionable del procedimiento), en Quintana Roo se encuentran formas traicioneras de salvar el patrimonialismo político del Poder Judicial del Estado sacando de la contienda y preservando los altos privilegios del encomendero de los verdes que ha de seguir al frente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es cierto que la consistencia verde del grupo de poder que controla la entidad caribe siempre se opuso a derivar al orden local la reforma judicial federal en sus mismos términos, los que los verdes votaron en el Congreso de la Unión del lado de los guindas verdaderos de Morena y por cuyos negocios aliancistas y otros similares controlan la entidad caribe. Pero la reforma judicial estatal que blinda los privilegios del notario público perpetuado ahora al frente de la Justicia local es una afrenta visible contra el obradorismo claudista que tanto como nunca ahora se empeña en combatir la reelección y la perpetuación en sus cargos de los llamados servidores públicos. Es una afrenta. Y una evidencia más de cómo se rompe día a día la relación entre los verdes camuflados de morenos que gobiernan y controlan la entidad y los morenos del obradorismo originario que quieren desplazarlos y echarlos del poder estatal en la sucesión gubernamental venidera. Se reformó la Constitución para perpetuar al chiapaneco Fiscal verde impuesto por su exjefe, el exGobernador y Senador Velasco, de Chiapas. Y ahora se reforma para perpetuar, en contra del sentido antirreeleccionista y de excesiva permanencia en el cargo de los servidores públicos sostenido por la Presidenta, al notario público que preside el Poder Judicial del Estado. ¿Cómo no ver la evidencia del sentido en que marchan los verdes que controlan el Estado y los obradoristas guindas que en contra de sus pasos dicen hacer la renovación moral y la transformación nacional en la segunda fase o el segundo piso de su causa fundacional? ¿Cómo no ver que la incompetencia, la corrupción y la complicidad que identifican a los Poderes estatales seguirán en la entidad como garantía de impunidad de los criminales, negando con la verdad objetiva de los actos de todas sus autoridades, los datos y las mentiras de la propaganda oficial?
SM