Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- A 18 días de haber entrado en funciones, el Órgano de Administración Judicial de Quintana Roo no ha realizado la adscripción de las juezas y los jueces elegidos el pasado 1 de junio a los órganos jurisdiccionales que les corresponderán, pues se mantiene paralizado por los entuertos internos que ha tenido que resolver para su operación bajo la intervención ilegal del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Heyden Cebada Rivas.
Hasta el día de hoy no se han dado a conocer los juzgados a los que fueron adscritos los 117 jueces y juezas surgidos de la elección judicial, a diferencia de lo que ya sucedió con el Poder Judicial de la Federación, que el 14 de septiembre publicó las adscripciones de magistrados, magistradas, jueces y juezas federales de todo el país, lo que hizo en tiempo pese a que asignó a 846 personas electas.
Por esa dilación en el órgano estatal, no existe en la página oficial del Poder Judicial del Estado un directorio de los juzgados de primera instancia y sus titulares hasta esta fecha, porque fue suprimido el anterior que había aprobado y publicado el desaparecido Consejo de la Judicatura y no se ha emitido el nuevo.
La operación del Órgano de Administración Judicial ha estado entorpecido por el retraso que tuvo para organizarse como nueva autoridad, debido a que a cuatro días de haber tomado posesión renunció una de sus tres integrantes, Yaneth Faisal Padrón, quien apenas el lunes fue sustituida por María Elena Ceballos Cardeña, la exsecretaria privada de la gobernadora del estado, Mara Lezama.
Mientras tanto, no hay acuerdos ni circulares ni información de decisiones tomadas por el órgano, siendo las únicas hasta el momento la elección de Rafael Manuel Ponce Pacheco como su presidente y la designación de su sede oficial en Cancún en lugar de la capital oficial del estado, Chetumal.
De hecho, a pesar de que en su primera sesión determinó no realizar cambios en la estructura administrativa que heredó del extinto Consejo de la Judicatura del Estado, pues ratificó a las personas titulares de la Secretaría General de Acuerdos y la Secretaría General de la Presidencia del anterior órgano para continuar en el nuevo, que son Geny Alicia Cajún Alonzo y Fermín Monje Montiel, respectivamente, asi como ratificó a las personas titulares de las unidades y direcciones del órgano extinto, y el único nuevo nombramiento que realizó fue el de Adolfo González Martínez como Secretario General de Administración, dicho acuerdo no ha sido publicado hasta la fecha en el Periódico Oficial del Estado ni en la página oficial del Poder Judicial.
Fuera de eso, publicó una convocatoria para integrar el padrón de peritos ante el Poder Judicial, pero con base en un acuerdo tomado por el extinto Consejo de la Judicatura en conjunto con el anterior Tribunal Superior de Justicia, y mandado a emitir por la secretaria de Acuerdos, no por el presidente o el pleno del Órgano de Administración.
Esta manifiesta parálisis se da en el marco de la intervención que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, quiere tener ilegalmente en las facultades exclusivas del Órgano de Administración para el manejo del personal y el presupuesto del Poder Judicial, mediante una Junta de Coordinación que se arroga atribuciones en violación a las establecidas en la Constitución del estado.
Contrario a esto, más encaminado en sus funciones se muestra en sus inicios el Tribunal de Disciplina Judicial, que además de su acuerdo de instalación y designación de presidenta, en la persona de Elizabeth Moreno Rejón, ya dio a conocer mediante circulares la designación de la titular del Órgano Interno de Control del Poder Judicial, Elvira Zugeily Soto Corella, y la ratificación en el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas de Elides Antonio Pech Molina, hasta que termine el período que le asignó el extinto Consejo de la Judicatura.
También ya publicó su calendario de sesiones ordinarias en pleno y la conformación de las comisiones disciplinarias en las que se dividirá para el ejercicio de sus funciones y sus sedes, de la siguiente manera:
– Primera Comisión disciplinaria, a cargo de la magistrada Elizabeth Moreno Rejón, con sede en Chetumal;
– Segunda Comisión disciplinaria, a cargo de la magistrada Nelsy Lucely Trejo Puc, con sede en Chetumal; y
– Tercera Comisión disciplinaria, a cargo del magistrado Marco Antonio Torre Constantino, con sede en Cancún; todas con competencia territorial en los distritos judiciales de Cancún, Chetumal, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Playa del Carmen y Cozumel.
La Primera y la Segunda de las comisiones disciplinarias tendrán su residencia oficial en el Palacio de Justicia de Chetumal, en avenida Independencia con Boulevard Bahía, y la Tercera Comisión lo tendrá en edificio judicial de avenida Bonampak, esquina Punta Celarain, supermanzana 8, manzana 2, lote 3.
Por el mismo avance que muestra en su organización, el Tribunal de Disciplina Judicial ya publicó su directorio actualizado de cargos en funcionamiento.