CHETUMAL.- Ejidatarios del poblado de Morocoy denunciaron irregularidades en el proceso legal que mantienen contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la presunta apropiación indebida de 300 hectáreas ubicadas dentro de las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná.
La comisariada ejidal, Sonia Méndez Lile, señaló que la audiencia de desahogo de pruebas programada para este jueves fue suspendida sin previo aviso ni justificación, lo que consideran un intento por “dar largas” al proceso.
“Lo único que pedimos es justicia social. El INAH tomó esas tierras hace 25 años sin que existiera una asamblea formal ni pago de indemnización. No vamos a ceder”, expresó.
Reclamo de tierras y falta de indemnización
De acuerdo con los comuneros, en 1970 el ejido recibió 5,950 hectáreas, delimitadas en 1980, pero desde hace más de dos décadas el INAH tomó control de parte de ellas bajo el argumento de que colindaban con vestigios prehispánicos.
Los ejidatarios aseguran que nunca hubo consenso para ceder las tierras ni acuerdos de pago con los 271 comuneros afectados.
El delegado del INAH en Quintana Roo, Margarito Molina, ha respondido que existen “otros datos”, situación que mantiene estancada la resolución, señalaron los inconformes.
Exigen justicia y advierten movilizaciones
Los ejidatarios pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Mara Lezama para que se concrete la indemnización y se reconozcan las zonas arqueológicas como patrimonio cultural de la humanidad, con los beneficios que ello implica para las comunidades.
Ante la falta de avances, se convocará a una asamblea extraordinaria para definir las próximas acciones. Aunque subrayan que no buscan afectar a terceros, no descartan movilizaciones o bloqueos carreteros como medida de presión.