Signos
Pongamos que no queda más futuro que el punto sin retorno.
Pongamos que todas las evidencias policiales y ministeriales -incluidos los siete muertos de los que se sabe sobre los diez millones de litros de diésel clandestino descubierto en un buque estacionado en la aduana de Tampico en marzo pasado- apuntan a la criminalidad denunciada -hasta ahora sólo en los tribunales políticos y mediáticos opositores o críticos pero con indicios y derivaciones lógicas cada vez más concluyentes y acreditadas por los hechos conocidos- contra el Senador Adán Augusto López y contra personajes del más alto protagonismo y la mayor posibilidad de influencia en decisiones públicas favorables a crímenes y criminales vinculados al gran tráfico ilegal de combustible y a otras empresas de la delincuencia organizada, como los dos hijos mayores del exPresidente Andrés Manuel López Obrador, algunos Gobernadores y exGobernadores -como los de Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California, entre los más señalados-, y altos funcionarios civiles y militares, como el exDirector de Pemex y el exSecretario de la Armada, Octavio Romero y Rafael Ojeda, y que, en las propias palabras de Andrés Manuel -cuando acusaba al exPresidente Felipe Calderón de saber mejor que nadie de los negocios de quien fuese su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, porque el Presidente de la República es quien más informado está del comportamiento ilícito de sus subalternos-, advierten, sin lugar a dudas, que si esos grandes negocios criminales autorizados desde el poder del Estado tenían que ser del conocimiento de los responsables del poder público, no hay más remedio que aceptar que han sido cómplices y los mayores delincuentes a los que la Justicia debiera castigar.
Y pongamos que es cierta la versión de que el exPresidente -que dejó el mando del país a quien él quiso, en una versión democrática del Maximato callista, y del mismo modo le legó la popularidad que él fomentó con su carisma y sus programas sociales y quien juró no intervenir jamás en la gestión de su sucesora y mantenerse en silencio y al margen de la misma en su residencia chiapaneca- ha solicitado, en efecto, a la Presidenta, intervenir para contener y sofocar lo que, a su juicio, son avanzadas beligerantes de liderazgos o personalidades de su propio partido -se supondría que los menos leales a su figura fundacional-, los que estarían aprovechando la circunstancia para desplazar de las decisiones cupulares a los presuntos implicados morenistas en la delincuencia que se acusa en la opinión pública, o a los más influyentes de ellos, y revelando información o dando a conocer versiones o situaciones incriminatorias -como ha denunciado Adán Augusto, aludiendo de manera indirecta a filtraciones de posibles fuentes dentro del mismo Palacio Nacional, o del entorno inmediato de la Presidenta, que atentan en contra suya- a círculos periodísticos y editoriales cercanos de donde se propaga el ‘fuego amigo’ que cunde sobre los aparejos de los mayores compromisos o contubernios o intereses afectivos o familiares de Andrés Manuel, quien, ahora sí, se sentiría tan afectado que tomaría la decisión de romper el juramento de la sana distancia con su pupila y sucesora presidencial, al grado de exigirle que, usando sus fueros, acabara de una vez por todas con los generadores de violencia política y de acusaciones y señalamientos de culpabilidad que hunden al obradorismo a niveles que pudieran llegar a ser incontrolables y donde la exposición de presuntos criminales puede, con la intromisión ‘americana’, acabar no sólo con el prestigio y la memoria de quien es el verdadero autor de la causa política a la que se debe la Presidenta, sino con la estabilidad y la seguridad y la libertad de él mismo, de López Obrador.
Pongamos, pues, que se ha llegado a esa frontera, donde el exPresidente puede sentirse desprotegido por la Presidenta, inconforme y hasta traicionado por ella. Y donde ella, presionada o no por los ‘americanos’ de Trump, o usando la presión de ellos o la excusa de la presión de ellos, está ahora en el punto fronterizo en que puede o no tiene más remedio que perseguir a la legión de delincuentes del obradorismo, y que -dentro de las nociones de Andrés Manuel relativas a que el Jefe del Estado nacional es quien tiene la mejor información de los crímenes y los criminales de su entorno de poder, y contaría, asimismo, con los recursos legales e institucionales para someterlos a la Justicia- tendría que proceder en consecuencia.
¿Tendría el carácter que tuvo el general Cárdenas para deshacerse del general Calles?
Claro, las circunstancias son por completo diferentes, empezando porque el primero urdió, desde que vislumbró la posibilidad de alcanzar el poder presidencial, la estrategia de engañar al segundo, dueño de las sucesiones presidenciales como el Jefe Máximo que era y sin más títulos que ese, de facto, para serlo, sometiéndose cual un siervo incondicional más, como los cuatro Presidentes anteriores, a su dictadura perfecta.
Cárdenas no le debía nada a Calles. Calles había traicionado su encomienda constitucional y era un déspota del todo visible y sin mediaciones ni atenuantes. Echarlo de la vida pública y del país mismo era un acto heroico. Pero romper la alianza con el líder político más popular que ha tenido México en su historia está en la antípoda de cualquier cosa concebible.
La popularidad de Claudia se la debe a Andrés Manuel, y es una popularidad más emocional que cifrada en las dimensiones críticas y racionales de la galería multitudinaria de sus frenéticos partidarios. Y es al peso de ese poder guadalupano decisivo al que le apuestan los obradoristas, ya casi declarados anticlaudistas, como Adán Augusto y similares, y de los que es casi seguro que a la Presidenta le interesaría deshacerse.
Bien se sabe que Harfuch, el muy confiable y eficaz jefe de Seguridad de Claudia, es enemigo jurado de esa delincuencia obradorista, y es seguro que cuenta con expedientes puntuales en su contra, aunque, fiel a su jefa presidencial como ha sido y es, acaso no haya compartido aún los detalles de los mismos con sus pares ‘americanos’, con quienes colabora en el combate al crimen organizado. Y es seguro que sabe de sobra de las andanzas de los Gobernadores y exGobernadores y Alcaldes y Fiscales y jefes policiacos y funcionarios del más alto nivel que han lucrado y delinquido bajo el obradorismo, del mismo modo que lo sabe la Presidenta como Calderón sabría de García Luna en la lógica inequívoca entendida y declarada en su momento por Andrés Manuel.
¿Cuál sería la decisión de Claudia en el supuesto del umbral cierto o concebido a propósito de la reacción de Andrés Manuel urgiendo a su discípula presidencial a actuar para impedir la guerra y el ejercicio de la Justicia contra hijos, seguidores y jefes obradoristas identificados como presuntos delincuentes?
Porque de que la lumbre anda en los alrededores, no parece haber ninguna duda. Y de que esas llamas pueden dimensionar la frontera en que puede decidirse el destino del Movimiento de Regeneración Nacional y del país, también.
SM