CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las críticas de la oposición, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que los casos de huachicol fiscal estaban controlados por un grupo dedicado al contrabando de combustible con fines de enriquecimiento, sin recurrir a la violencia.
El funcionario federal explicó que los grupos vinculados al huachicol fiscal mantenían una estructura financiera y logística diseñada para evitar la confrontación directa con las autoridades.
“Más bien son un grupo de personas que encontraron una manera de delinquir sin tanta violencia y que estuvieron impunes”, declaró el secretario de Seguridad durante su conversación con el periodista Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula.
Omar García Harfuch señaló que los avances en las investigaciones fueron resultado de la coordinación directa entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“La presidenta ha sido muy clara en que no hay margen de impunidad. No importa quién sea, la instrucción es investigar y detener a los responsables”, expresó García Harfuch.
El secretario destacó la labor de la Marina en los operativos y reconoció la apertura de una investigación interna dentro de la institución para deslindar posibles responsabilidades.
Durante la entrevista, Omar García Harfuch describió los tres aseguramientos más importantes realizados en 2025 dentro de la ofensiva federal contra el huachicol fiscal, destacando su magnitud y el alcance de las operaciones:
- En Ensenada, Baja California: decomiso de ocho millones de litros de diésel en un predio particular.
- En Altamira, Tamaulipas: la Marina aseguró un buque con bandera de Singapur con diez millones de litros de combustible declarado falsamente como aditivo.
- En Ramos Arizpe, Coahuila: fuerzas federales confiscaron más de quince millones de litros transportados en 129 carrotanques ferroviarios.
El secretario de Seguridad explicó que estos golpes revelaron la existencia de una red con alcance nacional que utilizaba rutas marítimas y ferroviarias, con registros fiscales alterados para mover combustible de contrabando.
Destacó que, tras los operativos, se observa una reducción importante en las operaciones ilegales, aunque las investigaciones siguen en curso.
Asimismo, precisó que el presunto daño fiscal de 600 mil millones de pesos atribuido a la red aún no se ha confirmado. La Procuraduría Fiscal, encabezada por Grisel Galeano García, será la encargada de determinar el monto real del fraude. “De cualquier forma se trata de una afectación enorme para el erario público”, señaló.
Fuente: El Financiero